Bogotá, 15 mar (PL) El dolor por la masacre de 43 personas ejecutada por paramilitares colombianos en 1988 en el municipio de Segovia, departamento de Antioquia, aún hoy no encuentra alivio tras más de 22 años de impunidad.
Sin embargo, el caso tomó un giro inesperado luego que la Corte Suprema de Justicia decidiera la víspera llamar a juicio al excongresista liberal César Pérez García, por ese entonces presidente de la Cámara de Representantes.
El alto tribunal tomó ahora en cuenta varios testimonios, entre ellos el del exjefe paramilitar Alonso de Jesús Baquero, alias el Negro Vladimir, quien vinculó a Pérez García con la matanza.
En sus declaraciones Baquero dejó entrever que el crimen tuvo una relación directa con las funciones que desempeñaba el hoy excongresista, separado hace más de un año de las filas del liberalismo cuando se inició la investigación.
Según el exjefe paramilitar, Pérez García contactó a los grupos ultraderechistas para que eliminaran a los militantes de la Unión Patriótica (UP) y del Partido Comunista en la zona bajo su influencia.
Esta no es la primera vez que se vincula directamente al exparlamentario con la masacre, pues por ese hecho fue detenido como presunto autor intelectual, pero la Justicia entonces lo absolvió rápidamente.
Pero ahora, con la nueva posición asumida por la Corte, las reglas parecen cambiar para todos aquellos políticos que financiaron, apoyaron y participaron de la "guerra" de los paramilitares.
Al considerar la matanza como un delito de lesa humanidad con base en los convenios que sobre la materia rigen el Derecho Internacional Humanitario y en los convenios firmados por Colombia sobre Derechos Humanos, la Corte reabrió el caso.
De esa manera el alto tribunal decidió indagar a profundidad sobre el hecho y tras más de dos décadas entrevistó a los responsables directos de la matanza presos en Estados Unidos.
Con ello se busca esclarecer que políticos fueron determinantes en la matanza, al tiempo que la mayor responsabilidad recae ahora sobre el excongresista, para muchos el político que más claramente se benefició del crimen.
La masacre de Segovia ocurrió el 11 de noviembre de 1988 cuando varios paramilitares al mando de los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil, ingresaron durante la noche a la localidad.
Allí asesinaron a la entonces mandataria local Rita Tobón -militante de la UP- junto a sus acompañantes, para posteriormente matar a todas las personas que aparecían en una lista como supuestos seguidores de la guerrilla.
Por esa masacre el Estado colombiano afronta demandas internacionales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Igualmente el hecho hace parte de una demanda presentada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el genocidio de la UP, que documenta unos tres mil asesinatos, desapariciones forzadas y masacres.
Hasta donde se conoce, de acuerdo con denuncias, evidencias y testimonios, los paramilitares llevaron a cabo el crimen con la complicidad de la policía y las fuerzas militares pues permitieron el paso a los asesinos.
Lo cierto es que a 22 años de la masacre los familiares de las víctimas se sienten abandona por la justicia y aún aguardan por encontrar, al menos, alivio al dolor.
Sin embargo, el caso tomó un giro inesperado luego que la Corte Suprema de Justicia decidiera la víspera llamar a juicio al excongresista liberal César Pérez García, por ese entonces presidente de la Cámara de Representantes.
El alto tribunal tomó ahora en cuenta varios testimonios, entre ellos el del exjefe paramilitar Alonso de Jesús Baquero, alias el Negro Vladimir, quien vinculó a Pérez García con la matanza.
En sus declaraciones Baquero dejó entrever que el crimen tuvo una relación directa con las funciones que desempeñaba el hoy excongresista, separado hace más de un año de las filas del liberalismo cuando se inició la investigación.
Según el exjefe paramilitar, Pérez García contactó a los grupos ultraderechistas para que eliminaran a los militantes de la Unión Patriótica (UP) y del Partido Comunista en la zona bajo su influencia.
Esta no es la primera vez que se vincula directamente al exparlamentario con la masacre, pues por ese hecho fue detenido como presunto autor intelectual, pero la Justicia entonces lo absolvió rápidamente.
Pero ahora, con la nueva posición asumida por la Corte, las reglas parecen cambiar para todos aquellos políticos que financiaron, apoyaron y participaron de la "guerra" de los paramilitares.
Al considerar la matanza como un delito de lesa humanidad con base en los convenios que sobre la materia rigen el Derecho Internacional Humanitario y en los convenios firmados por Colombia sobre Derechos Humanos, la Corte reabrió el caso.
De esa manera el alto tribunal decidió indagar a profundidad sobre el hecho y tras más de dos décadas entrevistó a los responsables directos de la matanza presos en Estados Unidos.
Con ello se busca esclarecer que políticos fueron determinantes en la matanza, al tiempo que la mayor responsabilidad recae ahora sobre el excongresista, para muchos el político que más claramente se benefició del crimen.
La masacre de Segovia ocurrió el 11 de noviembre de 1988 cuando varios paramilitares al mando de los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil, ingresaron durante la noche a la localidad.
Allí asesinaron a la entonces mandataria local Rita Tobón -militante de la UP- junto a sus acompañantes, para posteriormente matar a todas las personas que aparecían en una lista como supuestos seguidores de la guerrilla.
Por esa masacre el Estado colombiano afronta demandas internacionales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Igualmente el hecho hace parte de una demanda presentada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el genocidio de la UP, que documenta unos tres mil asesinatos, desapariciones forzadas y masacres.
Hasta donde se conoce, de acuerdo con denuncias, evidencias y testimonios, los paramilitares llevaron a cabo el crimen con la complicidad de la policía y las fuerzas militares pues permitieron el paso a los asesinos.
Lo cierto es que a 22 años de la masacre los familiares de las víctimas se sienten abandona por la justicia y aún aguardan por encontrar, al menos, alivio al dolor.
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