Como él, unos 40 fareros -oficialmente técnicos de sistemas de ayuda a la navegación- resisten en una profesión que se apaga. Ahora ven con una mezcla de cautela y nostalgia la reforma legal que tramita el Congreso para facilitar la conversión de faros en hoteles, albergues y restaurantes para sufragar la conservación.
La reforma de la Ley de Puertos es de calado. Estibadores, navieras y autoridades portuarias están pendientes de que el Congreso comience a debatirla. El PSOE ha planteado una enmienda que flexibiliza la conversión de faros en instalaciones culturales, restaurantes y zonas comerciales. Esto era algo previsto en la ley de 2003 pero que ha tenido un éxito relativo. Menos del 25% de los 187 faros de España tienen algún uso público. La norma justificó que la entrada de negocios privados en el dominio público ayudará a "preservar el patrimonio arquitectónico que constituyen".
Con la reforma en tramitación, si el faro está pegado al mar, el Consejo de Ministros podrá "levantar la prohibición de instalaciones hoteleras, así como albergues u hospedajes que pudieran favorecer el desarrollo de actividades culturales". Si está más allá de los primeros 20 o 100 metros del mar (dependiendo de si el terreno era urbano o no en 1988, cuando entró en vigor la Ley de Costas) será el Ministerio de Fomento -no el Consejo de Ministros, como hasta ahora- el que autorice directamente la construcción de hoteles. Esto supone una gran "agilización del trámite", según explica el departamento de Señales Marítimas de Puertos del Estado, ya que hasta ahora la ley era "muy restrictiva". En los faros alejados de la primera línea se permitirán "obras que supongan incremento de volumen sobre la edificación ya existente".
Hasta ahora, el texto era tan restrictivo que sólo hay seis restaurantes en todos los faros y sólo 45 tienen algún uso. No existe ningún hotel autorizado. La norma establece cautelas como que los restaurantes no pueden "condicionar ni limitar" la luz del faro.
"No queremos liderar la conversión de faros en hoteles, pero si la iniciativa privada plantea buenos proyectos los veremos", explican fuentes de Puertos. En los noventa, ante el abandono de los faros al automatizarse, el Ejecutivo intentó bunkerizarlos, tapiar puertas y ventanas para conservarlos. Fue un fracaso. La corrosión marina no respeta nada.
Ahora, en línea con lo que hacen otros países, Puertos busca darles un uso y conseguir algo de dinero con el cobro de la concesión. "Nuestra idea es dar prioridad a los convenios con ayuntamientos o comunidades para hacer espacios culturales o centros de interpretación pero no todos los faros pueden ser salas de arte, ni todos hoteles", añade Puertos. Incluso se podría instalar una discoteca. "Cada autoridad portuaria decidirá, pero si se instala una discoteca el sentido común indica que no podrán poner luces que afecten a la luz del faro".
Con sus reducidas dimensiones, difícilmente podrán albergar grandes complejos hoteleros. Pero sí pequeños hoteles al estilo de casas rurales. Puertos advierte de que muchos están muy alejados de la civilización como para ser negocio todo el año.
Los fareros recelan. "Si es para una exposición, bien, porque es una pena verlos abandonados. Pero dejar los faros en manos privadas no me gustaría", resume Mario, que desde su faro ha recopilado en un libro la historia y las anécdotas de los faros de Andalucía. Como la del torrero segundo Antonio Fernández, que en la primavera de 1931 disparó tres veces, sin éxito, a su jefe, el torrero primero Simón Fuentes, que escapó corriendo a Carboneras. Tras el incidente, el torrero segundo escribió en el diario de servicio con toda frialdad: "Día brumoso. Sin novedad".
Mario llegó al oficio casi por casualidad. "Tenía un bar de copas en Madrid pero mi mujer decía que quería el mar. Vi un anuncio de la oposición a farero y pensé: como me salga bien vas a ver si tienes mar". Aprobó en 1991, en una de las últimas oposiciones, y desde entonces vive en Carboneras, desde donde cuida tres faros: Mesa Roldán, La Polacra y Garrucha. Cada uno tiene su cadencia para que los barcos los distingan. El de Mesa Roldán, con una lámpara de cinco centímetros, emite cuatro destellos cada 20 segundos, visibles a más de 23 millas náuticas (42 kilómetros). "Dicen que con el GPS los faros ya no son tan necesarios, pero los barcos contrastan su posición del GPS con la luz. Damos señales a los grandes barcos y también a las pateras, y esto funcionará aunque los americanos apaguen los satélites", defiende Mario.
La idea de Fomento era flexibilizar aún más la apertura de hoteles y bares en los faros, pero la dirección de Costas, de Medio Ambiente, se resistió, según fuentes del proceso. Costas intenta mantener el dominio público libre de las manos privadas. En septiembre de 2008, llevó al Constitucional la Ley de Puertos andaluza por permitir hoteles en puertos y en 2009 consiguió que el Supremo anulara un reglamento canario que facilitaba la construcción de hoteles en faros y puertos por el mismo motivo.
Los ecologistas ven un cambio del Ejecutivo. El secretario de WWF, Juan Carlos del Olmo, sostiene que la ley "perjudica gravemente al medio natural costero", supone un nuevo paso que "desnaturaliza y privatiza el litoral" y pide que se retire la conversión de faros en albergues porque "revela un desconocimiento del valor ambiental de estos enclaves". ERC ha pedido la retirada del artículo por suponer una forma "más laxa" de levantar hoteles en los faros.
Aval a los derribos
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado la razón a Francia en dos demandas contra el país por ordenar la demolición de viviendas al borde del mar, en función de la Ley del Litoral, de 1986. La sala falló por 13 votos a cuatro que los derribos sin indemnización no vulneran el derecho a la propiedad recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos pese a ser viviendas compradas en 1945 y 1960, antes de la ley. Las dos casas están en dominio público en de Morbihan (Bretaña, al norte) y aún no han sido derribadas.
El tribunal considera que la orden de demoler las viviendas "persigue un fin de interés general: fomentar el libre acceso a la orilla" y que ese interés "ocupa un lugar preeminente", especialmente "ante la necesidad creciente" de proteger la costa.
El caso es muy relevante para España, que vive una ofensiva contra la Ley de Costas, de 1988, que ha generado casos similares y contra la que se posiciona el Parlamento Europeo.
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