La Ley de Caducidad parece tener sus días contados. A nivel político y judicial se analizan los caminos para borrarla del ordenamiento jurídico nacional y evitar una condena internacional. El PN propone derogarla en el Parlamento.
La discusión sobre los efectos de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado o de Impunidad, lejos de apagarse con el resultado adverso a su anulación en el plebiscito de octubre, se reaviva y se analizan en diferentes niveles diversas iniciativas para dejarla sin efecto.
En el terreno político, dentro del Frente Amplio legisladores del Espacio 609, el Fidel y el Nuevo Espacio vienen realizando contactos internos para anular los efectos de la Ley de Caducidad "hacia delante y hacia atrás", mediante una iniciativa legislativa. Por su parte el legislador herrerista José Carlos Cardoso presentó un proyecto de derogación, de derogarse, los efectos serían solamente hacia el futuro y continuarían impedidos de juzgarse los delitos cometidos durante la dictadura.
Los legisladores frenteamplistas vienen realizando consultas con los demás partidos que integran la coalición de izquierda por un lado, y con las diferentes organizaciones sociales vinculadas a los Derechos Humanos por el otro, para consensuar y concordar el respaldo político necesario en el contenido de una iniciativa legislativa que deje "sin efecto y sin el menor rastro de sus antecedentes" a la Ley de Caducidad.
La intención de los legisladores frenteamplistas es realizar todos los contactos para que cuando el proyecto sea presentado oficialmente en el parlamento "exista el respaldo total de los 50 votos que tiene la bancada del FA", señaló a LA REPUBLICA el dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo e integrante de organizaciones vinculadas a los Derechos Humanos, Carlos Coitinho.
Hace 15 días atrás Coitinho, el diputado del Frente Izquierda de Liberación, Doreen Javier Ibarra, el diputado Felipe Michelini del Nuevo Espacio y Jorge Orrico, diputado de Asamblea Uruguay, se reunieron informalmente en la sede central del FA para discutir la estrategia de esta nueva instancia. Coitinho recordó que "dentro de 90 días se producirán pronunciamientos internacionales que pondrán en riesgo los compromisos asumidos por Uruguay en materia de DDHH" y, en consecuencia, se buscará erradicar todo antecedente de la ley "hacia adelante y hacia atrás".
"Hay que terminar con la impunidad y para ello debe haber una coordinación entre el poder político y las organizaciones sociales". Los consensos en procura del proyecto de ley que anule los efectos de la Ley de Caducidad se vienen buscando con el más cuidadoso de los reparos. Existen algunos sectores que aún dudan sobre la efectividad de llevar adelante una instancia parlamentaria con el objetivo que se procura.
La Ley de Caducidad ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte (SCJ) de Justicia en el caso de la muerte por tortura de la militante de la UJC, Nibia Sabalsagaray. En la oportunidad la Suprema Corte requirió las opiniones del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Fiscal de Corte, todos señalaron que era inconstitucional.
La SCJ debe pronunciarse ahora sobre 2 nuevos recursos de inconstitucionalidad presentados por los casos de "los fusilados de Soca" y por otros 19 homicidios políticos.
Por otra parte, en menos de un mes la Ley será analizada por la Corte Interamericana de DDHH por el caso concreto de la desaparición de María Claudia García de Gelman. Se descuenta que la Corte fallará que la Ley debe ser nula porque contradice todos los convenios internacionales suscritos por Uruguay y que indicará al Estado que la elimine de su ordenamiento jurídico. Como informara LA REPUBLICA, la posición del gobierno es aceptar su validez. Los caminos para cumplir con estos requerimientos son múltiples pero tienen básicamente dos vías. La legislativa; implica dejar sin efecto la ley mediante otra iniciativa legislativa.
La otra vía es la jurídica, tras el pronunciamiento de la Suprema Corte para un caso, que podría repetirse en varios más, se analiza la posibilidad de un pronunciamiento global sobre la Ley en sí. Esto, que ocurrió en Argentina, habilitaría a una anulación parlamentaria posterior.
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