El gobierno propondrá incluir en el proyecto de reforma del Código Penal la tipificación de la tortura como delito autónomo. La iniciativa podría ser presentada en el Parlamento el 16 de abril al cumplirse 26 años de la muerte del médico Vladimir Roslik por manos de la dictadura militar.
El anuncio fue realizado ayer por las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura ante la bancada de legisladores del Frente Amplio.
Si bien el delito de tortura ha sido incorporado al ordenamiento jurídico nacional a través de la Ley 18.026 de Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, de todas maneras dicha infracción no está incluida en el CP.
Precisamente el relator de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Manfred Nowak, expresó en 2009 cuando visitó Uruguay que la Ley 18.026 de Cooperación con la Corte Penal Internacional es un avance positivo para llevar ante la Justicia los crímenes de lesa humanidad en un futuro.
A pesar de ello, dijo que "es muy poco probable que la ley se aplique para crímenes individuales, como se refleja en la experiencia de los últimos dos años, desde que entró en vigor. Sin embargo, debe servir como inspiración para la reforma del Código Penal, donde la tortura debería estar tipificada como delito autónomo, en consonancia con la definición contenida en la Convención de la ONU contra la Tortura. Esto es, de hecho, una precondición para la lucha contra la impunidad de perpetradores de torturas".
En ese marco, el gobierno pretende incluir en la reforma del CP, en la cual ha trabajado una comisión técnica, la tipificación de la tortura como delito autónomo.
Asimismo, la intención es que ingrese al Parlamento cuando se cumplan 26 años de la desaparición física de Roslik, según así lo afirmó la subsecretaria de Educación y Cultura, María Simon, a Radio Uruguay.
El 16 de abril de 1984 la dictadura uruguaya cometía su último crimen de lesa humanidad, con la aún impune muerte por torturas del médico Vladimir Roslik, en el Batallón de Infantería Nº 9 de Fray Bentos, tras su secuestro junto al de otros residentes de la localidad de San Javier.
El Ejecutivo prevé darle un fuerte impulso a la reforma del proceso penal, en la cual, además, se plantea pasar a un sistema acusatorio, oral y público para reducir los plazos de los juicios.
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