El próximo sábado, 1 de septiembre, unos 150.000 inmigrantes irregulares se quedan sin tarjeta sanitaria. Las embarazadas y los menores tienen garantizada la asistencia, pero el resto solo podrán acudir a urgencias. ¿Qué ocurrirá con los pacientes crónicos, los que padecen VIH, los que necesitan hemodiálisis, los que sufren patologías psiquiátricas? A apenas cinco días de la entrada en vigor del real decreto que excluye a parte de la población del sistema ordinario de salud, las preguntas aún son muchas.
Más de 1.500 médicos se han declarado objetores: afirman que seguirán tratando a los sin papeles. ¿Podrán hacerlo? ¿Cómo? Hay comunidades, como la valenciana, que han prohibido expresamente a los objetores atender a los irregulares en horas de trabajo; otras, como Madrid, sostienen que todo el mundo será atendido y luego se pasará la factura al enfermo o a su país de origen (algo poco factible porque los convenios con otros países, de existir, no suelen cubrir a los irregulares).
Además de los médicos, la red pública la integran otros profesionales: administrativos, enfermeros, técnicos de laboratorio... Reconstruimos con ellos cómo se podría sortear la prohibición.
El mostrador
Rosa Rivero trabaja en la sanidad pública desde 1989. Es auxiliar administrativa en el centro de salud Gandhi, en San Blas, un distrito periférico de Madrid. Sabe que muchos de los pacientes a los que pide la tarjeta sanitaria para darles cita o gestionar una prueba diagnóstica no tendrán nada que entregarle a partir de septiembre. Pero no piensa dejar de atenderles. “Ya no les podré dar cita, pero claro que les mandaré al médico”, dice. “Si viene una persona al mostrador y dice que necesita un médico, yo no soy quién para preguntarle qué le pasa y tomar una decisión. Le diré que el médico de guardia está en tal sala y que hable con él”. Supongamos que el facultativo atiende al inmigrante y que este necesita ser derivado a un especialista. “No estará en la base de datos, así que no se podrá hacer la derivación”, lamenta. “Me temo que nos van a convertir en taquilleras, que esperan que tratemos a la gente como si fueran al cine y no como personas que necesitan atención sanitaria”.
"Ninguno de mis compañeros va a tener el valor de decirle a alguien que venga mal que no se le atiende”, confía la administrativa de un centro de salud madrileño que prefiere no dar su nombre. En su trabajo han tenido reuniones internas para ver cómo gestionar la situación. “Los administrativos no somos competentes para valorar un caso: remitiremos al paciente al médico de urgencia del centro para que sea él quien tenga la última palabra”, explica. En la próxima reunión concretarán qué médicos del centro van a colaborar con este sistema. “Tengo 52 años y nunca se me ha dicho en una consulta que no me van a atender, así que me parece fatal que alguien tenga que pasar por esa situación”, concluye.
Navarra dará ayudas a los más pobres
Cinco autonomías —Andalucía, País Vasco, Asturias (gobernadas por el PSOE), Cataluña (CiU) y Canarias (CC)— ya han anunciado su intención de seguir prestando asistencia sanitaria normalizada a los inmigrantes sin papeles, a pesar del decreto del Gobierno, aunque no han explicado si crearán un sistema sanitario y administrativo paralelo o cómo lo harán. Otra comunidad, Navarra (gobernada por UPN), adelantó el pasado miércoles que cubrirá el coste de la asistencia sanitaria de los inmigrantes irregulares que acrediten carecer de recursos. De esta forma, esos 'sin papeles' podrán seguir utilizando el servicio sanitario en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía, incluyendo todo tipo de centros y especialidades, la prestación farmacéutica o el transporte sanitario.
El Departamento de Políticas Sociales del Ejecutivo foral pondrá en marcha una línea de ayudas destinadas a sufragar íntegramente las cuotas establecidas por el servicio mavarro de Salud (lo que se calcula que cuesta la atención a los pacientes): 764,46 euros anuales para las personas de entre 18 y 64 años y 2.675,62 euros para las de más edad. Según las estimaciones de la administración autonómica, será necesario desembolsar 1,68 millones de euros anuales para compensar el pago por atender a los 2.150 inmigrantes mayores de 18 años que se calcula que residen en Navarra de manera irregular.
Para acceder a las ayudas será necesario ser mayor de edad, no tener ingresos superiores a 532 euros mensuales, llevar al menos un año empadronado en Navarra y no tener condenas ni causas pendientes con la justicia.
Hacia la consulta
“En mi centro de salud hay mucha población extranjera: sudamericanos, últimamente muchos chinos…”, cuenta Carlos Prieto, celador del centro Gandhi. “Pienso seguir atendiéndoles normalmente, independientemente de si les corresponde legalmente la asistencia o no. No pienso preguntar. Si llega una persona con movilidad reducida, le preguntaré adónde se dirige y le llevaré, como hago siempre”.
El médico de familia
“Algo tiene que hacer la Consejería de Sanidad para evitar el caos descomunal que va a ser esto”, opina, conciliador, José Luis Quintana, médico de familia en el centro de salud El Greco, en Getafe (Madrid). “Confío en que arbitre una salida; si no la hay, habrá que inventarla”, añade. “Hay que atender a todo el mundo. No ya por una cuestión ética, que también, sino legal incluso. Hay un artículo en el Código Penal sobre la denegación de auxilio. Estos días estamos oyendo de todo, como que los objetores tenemos que atender fuera del horario laboral. Eso no puede ser. Si un señor dice que está enfermo yo tengo que verle. Y si necesita análisis o radiografías hablaré con los compañeros para poderlo tramitar... si puedo”. Lo primero que hará Mario Soler, de 55 años, médico de familia en Murcia, es poner un cartel en la puerta de su consulta; en él anunciará que es objetor y que atiende a inmigrantes sin papeles. Y avisará a las administrativas. Cuando se lo soliciten, apretará su horario para hacerles un hueco: “Les daré cita al final de mi horario de consulta para que el resto de pacientes no puedan decir que se retrasa su atención por su culpa”. De nueve de la mañana a dos de la tarde suele pasar consulta. Hasta las tres se dedica a hacer informes o reuniones. Será ese tiempo, de 14.00 a 15.00, el que dedique a atenderles. ¿Y qué hará con el trabajo al que dedicaba esa hora diaria? “Lo haré más deprisa o saldré un poco más tarde. No van a ser tantos; en ningún caso me va a desbordar ni a trastocar mi trabajo, estoy seguro”.
Hasta ahí, Mario solo depende de él y de su tiempo. El problema de las pruebas ha pensado solucionarlo con un resquicio del sistema: si se le permite atender urgencias, entonces su truco será tratarlos a todos como urgentes. “Que me argumenten que no es urgente una infección de orina. ¿Y si se complica y acaba en una pielonefritis?”, inquiere. Más complicado será derivarles a un especialista. Sospecha que no va a ser tan fácil como cuando se pedía un favor para un hermano o un amigo. “Si mi paciente necesita a un cardiólogo y yo no conozco a ninguno, ¿qué voy a hacer?”.
En todo caso, no tiene dudas sobre la cuestión de fondo: “Pocas cosas en mi vida profesional he tenido más claras que esta. Mi lealtad con el sistema nacional de salud es importante, pero tengo otra lealtad con mis pacientes y en este conflicto ético he optado por darles prioridad a ellos”, argumenta. Él cree que los médicos que no van a objetar se equivocan: “Para un médico es un delito denegar asistencia a un enfermo. Los que quieran cumplir la norma van a tener un gran conflicto”.
Sagrario Martín, médico de familia en un centro de atención primaria de Madrid, resume su postura: anteponer la ética a la norma. “La salud es un derecho humano, independientemente de la situación administrativa de la persona”, dice. Y añade que excluir de la asistencia a un colectivo “especialmente vulnerable” tiene riesgos de salud pública: enfermedades infecciosas que no se atajan, retraso en diagnósticos, saturación de urgencias… No tiene claro cómo hará efectiva su objeción. “Hay mucha confusión. Cada día surgen nuevas informaciones sobre cómo se aplicará la norma en cada autonomía. Va a ser difícil”, reconoce. “Hasta que sepamos cómo quedan esas barreras no podremos decidir qué hacer”.
La enfermera
Remedios Piqueras ya se ha puesto manos a la obra. Ha empezado a hacer llamadas a especialistas, a médicos de urgencias, a colegas en hospitales. El objetivo: averiguar quién está —también— en el barco. Promete que ya tiene a unos cuantos. El ejercicio de la objeción de conciencia en esta enfermera de 50 años, con 25 de profesión, va más allá de seguir poniendo puntos o hacer curas a los inmigrantes irregulares que llamen a la puerta: “Intentaremos crear una red para atender a todo el mundo. En lo que no dependa de mí también intentaré que haya una persona que les atienda”. Una red construida con el boca a boca, que tendrá que volver a los métodos tradicionales. “Si el sistema no me permite informáticamente derivarles al especialista, tendré que escribirlo a mano. Al fin y al cabo, llegará a quien ya sepa que le puede llegar”, propone. En su centro de salud, en Murcia, los objetores ya se han reunido para estudiar cómo organizarse. De momento hay muchas dudas; solo serán conscientes de lo que son capaces de hacer una vez lo pongan en marcha. “Va a ser difícil, pero confío en que al final seamos muchos”.
El hospital
“Cualquier acto médico requiere la tarjeta sanitaria. Hay que pasar la banda magnética físicamente, para todo”, señala Rafael Bornstein, hematólogo del hospital de la Cruz Roja de Madrid. Se declara objetor, pero admite que será “difícil llevarlo a la práctica”. Si se le pregunta qué hará él si, por ejemplo, un colega de primaria le pide que atienda a un sin papeles, no duda: “Le vería si me lleva 10 o 15 minutos de mi tiempo. Y no consultaría a la dirección. Otra cosa es utilizar recursos diagnósticos del hospital. Entonces pediría permiso y, como supongo que no me lo darían, no iría más allá”.
“Los irresponsables serán los que no objeten”, suelta la psiquiatra Eudoxia Gay, que trabaja en el centro de salud mental de Carranque, dependiente del hospital Virgen de la Victoria de Málaga. “Seguiré viendo a los pacientes las veces que sea necesario”, asegura. Ella confía en que sigan funcionando los “espacios informales de comunicación” con los médicos del centro de salud, de forma que los enfermos mentales sigan llegando a su puerta una vez detectados en primaria. “El enfermo mental es la antítesis del turista sanitario. Jamás demandará atención. En muchos casos ni siquiera tiene consciencia de la enfermedad. Con los enfermos mentales es imposible la alternativa de la ONG. No podemos hacer caridad ni beneficencia. No pueden ser atendidos en urgencias. Al enfermo mental hay que detectarlo, y eso pasa en primaria”, explica.
Gay cree que el “riesgo para la salud pública” es especialmente agudo en el caso de la psiquiatría. “Si no tratamos a los inmigrantes, se incrementará la bolsa de marginalidad enferma”, avisa. Sabe que será difícil objetar, sobre todo en el caso de los tratamientos farmacológicos, “que son caros”, y de recursos como pisos o centros de día. ¿Y si algún enfermo irregular necesita hospitalización? “Buscaré el ingreso a partir de la puerta de urgencias”.
La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) admite que su campaña en favor de la objeción de conciencia es más una medida de presión que un plan organizado. Su presidente, Josep Basora, aún confía en que el Ministerio de Sanidad dé marcha atrás a una medida que considera injusta e ineficaz. Médicos del Mundo también promueve en su página web la firma para apoyar la objeción del personal sanitario y la retirada de la normativa a través de la campaña Derecho a curar. Y la web yosisanidaduniversal.net va un paso más allá en el activismo: permite descargar modelos de historias clínicas alternativas y formularios con los que derivar a alguien a un especialista o pedir una analítica a un paciente que no consta en ninguna base de datos. La iniciativa propugna la “desobediencia civil” de profesionales y usuarios contra el decreto del Gobierno, pero no quiere crear “un sistema paralelo”, dice una colaboradora.
Pruebas diagnósticas
Miguel García Berciano, de 39 años, trabaja en el laboratorio de un hospital madrileño, en el que analizan la sangre y otras muestras biológicas de los pacientes del hospital y de varios centros de salud. Los tubos con las muestras llegan con códigos de barras y ellos no saben a quién corresponden, por lo que no pueden discriminar si se trata de un inmigrante irregular o no. Es decir, si el médico sortea el sistema y logra colar las muestras, se analizarán de forma habitual. Pero Miguel estaría dispuesto a colaborar incluso al margen del sistema: “El médico tendría que acercarse directamente al laboratorio con la muestra en mano; si lo hace, aunque sea sin código de barras, intentaremos analizarla”. “Pero yo tengo muchos filtros por encima. Cuando llegue a mí ya habrá superado muchas barreras”, lamenta.
Lola Gimeno, de 57 años, es técnica de anatomía patológica y citología en un hospital de Madrid. Hace autopsias, biopsias y citologías. “Tengo poca capacidad de decisión; si el médico pide la prueba no tengo más que hacerla”, explica. ¿Y si le consta que es de un inmigrante irregular? “Yo lo haré, la salud es un derecho de todos, me da igual el país en el que hayan nacido”, contesta. Sí necesitaría, sin embargo, la firma del patólogo que pida la prueba. “Ahí tengo las manos pilladas”.
