“Un miembro de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa paró a una mujer latina –ciudadana de Estados Unidos y embarazada de cinco meses en ese momento- cuando iba a entrar a su coche. Tras obligarla salir del vehículo, el oficial insistió en que se apoyará en el capó. Ante su negativa, éste le agarró las manos por la espalda y la empujó tres veces, dándose ella con el estómago contra el coche. Después, la trasladó hasta el coche patrulla y la introdujo en el asiento trasero, donde la abandonó, dejándola encerrada durante unos 30 minutos sin aire acondicionado. El oficial le puso una denuncia por negarse a enseñarle la documentación que después se sustituyó por negativa a mostrar el seguro. La denuncia se retiró cuando la mujer presentó la documentación del vehículo en el juzgado local”.
Este es uno de los múltiples ejemplos que el asistente del Fiscal General (ministro de Justicia) en materia de Derechos Civiles, Thomas E. Pérez, incluyó en la demanda que el Departamento de Justicia de Estados Unidos interpuso este jueves contra el sheriff Joe Arpaio y la Oficina del Sheriff del Condado de Marcopa (MCSO, en sus siglas en ingles), que él dirige, por violación de los derechos civiles y reincidencia en una “pauta sistemática de prácticas policiales discriminatorias en contra de los hispanos”.
La decisión de la Fiscalía pone el punto y seguido a una larga investigación sobre el sheriff Arpaio iniciada por el Departamento de Justicia en 2008
En concreto, en el escrito de la Fiscalía se acusa a los demandados de “seguir un patrón de prácticas discriminatorias y otras acciones inconstitucionales contra los hispanos del Condado de Maricopa [Arizona y Fénix], de aplicar medidas discriminatorias contra los presos y detenidos hispanos que no saben inglés y de tomar represalias contra aquellos que se han mostrado críticos con la forma de actuar de la MCSO”.
La decisión de la Fiscalía pone el punto y seguido a una larga investigación sobre el sheriff Arpaio iniciada por el Departamento de Justicia en 2008. En diciembre del año pasado, el Gobierno le acusó de violar los derechos de los hispanos desde, al menos, 2006 a través de detenciones y arrestos ilegales. En los últimos meses, los funcionarios de Justicia han tratado de negociar sin éxito un acuerdo extrajudicial con el sheriff para evitar llevarlo a los tribunales a cambio de una redirección del funcionamiento de su Oficina verificada por un supervisor independiente.
El pasado miércoles, Arpaio, fiel a su carácter fanfarrón –se jacta de ser, en sus propias palabras, “el 'sheriff' más duro de América” y es conocido por obligar a los detenidos a llevar ropa interior rosa, hacerlos trabajar con cadenas o cuestionar la veracidad de la partida de nacimiento de Barack Obama- desafió al Departamento de Justicia. “Si me demandan, iremos a juicio y saldrá a la luz toda la verdad”, dijo en rueda de prensa. “Me quieren decir cómo dirigir mi organización. Yo querría resolver este asunto, pero no voy a ceder mi autoridad al Gobierno federal. Es tan simple como eso”, añadió.
"La cultura del desprecio"
Las 32 páginas de las que consta la demanda están plagadas de episodios que ilustran cómo las prácticas ilegales de Arpaio y sus oficiales son “producto de una cultura de desprecio hacia los hispanos instalada en la MCSO que comienza en lo más alto y se extiende a lo largo de la organización”. Según se señala en el escrito, “los funcionarios de prisiones se refieren a menudo a los hispanos como ‘espaldas mojadas’, ‘putas mexicanas’ ‘jodidos mexicanos’ y ‘mexicanos estúpidos”. Uno de los ejemplos más gráficos de los prejuicios de los oficiales que se incluyen en el texto hace referencia a una fotografía de un chihuahua vestido de marinero con el pie: “Una foto poco común de un miembro de la marina mexicana”.
Las reclusas eran “obligadas a ir con su ropa interior manchada con el periodo al no saber pedir una compresa en inglés”
Pérez denuncia también el comportamiento discriminatorio hacia los presos y detenidos con escasas nociones de inglés a quienes no se les facilitaba el intérprete al que tienen derecho y se les presionaba para firmar las solicitudes de “regreso voluntario” sin asistencia legal alguna. En la misma línea, en muchas ocasiones, según indica la Fiscalía, “los funcionarios se negaban a aceptar los formularios de queja de los internos que estaban escritos en español” y se desatendían sus peticiones básicas si se hacían en su propio idioma, como en el caso de las reclusas, “obligadas a ir con su ropa interior manchada con el periodo al no saber pedir una compresa en inglés”.
Las detenciones y batidas ilegales e indiscriminadas de Arpaio y los oficiales a su mando -en viviendas o centros de trabajo con mayoría de empleados latinos-, en las que en muchas ocasiones participaban “voluntarios sin el entrenamiento adecuado”, no solo se dirigían contra los hispanos. En el punto de mira del sheriff también se encontraban, de acuerdo con el escrito, aquellos que se mostraban críticos con los procedimientos empleados en su oficina.
En el informe también se censura que, en su celo por convertir la MCSO en una “agencia anti inmigración ilegal en toda regla”, Arpaio, en “un ejemplo más que prueba los propósitos discriminatorios de los demandantes hacia los hispanos”, descuidó “deliberadamente” la investigación de “violaciones, agresiones sexuales y otros crímenes violentos”. Un cúmulo de prácticas “contrarias a la Constitución y a la ley”, concluye la demanda.
