No es lugar para esperar. La calle es ancha, ventosa y poco
iluminada. Tampoco el tiempo acompaña. Hace frío y la noche es
desapacible. Húmeda. A ella no parece importarle. Agita la coleta rubia y
se ciñe un poco más el chaleco de piel blanca que lleva sobre una
prenda negra de cuello alto, a juego con los pantalones y las botas.
Sujeta un teléfono conectado a un auricular manos libres. Habla unos
segundos y vuelve a recorrer la lámina de acera. Arriba y abajo. La
confluencia entre Malmskillnadsgatan y Master Samuelsgatan. Apenas una
esquina. Una franja de cemento en pleno centro de Estocolmo, a solo dos
pasos de la zona comercial, que es sinónimo de prostitución. De lo poco
que queda a la vista en la capital de Suecia. Un país que desde 1999
castiga a quien pague por obtener servicios sexuales.
Allí, las carreteras no están ribeteadas de clubes. Y si hay contacto
de compra y venta, desde luego no se hace bajo a la luz de los neones.
Los clientes no lo tienen fácil: si son descubiertos se arriesgan a una
pena de un año de cárcel o a una cuantiosa multa. La premisa sueca es
que si no hay demanda no habrá oferta. Un modelo que este país defiende y
que ha exportado a otros como Noruega, Islandia o Singapur. Ahora,
Francia e Irlanda estudian seguir sus pasos. También Valencia dio luz
verde hace unos días a una ordenanza municipal que contempla sanciones
para los clientes, pero no para las meretrices.
En Suecia, desde que entró en vigor la ley, unas 5.700 personas
—todos, salvo contadísimas excepciones, hombres— han sido detenidos por
comprar sexo o intentar hacerlo. De ellos, algo más de la mitad han sido
condenados, aunque ninguno ha entrado en prisión. Han esquivado las
rejas abonando una multa de al menos un tercio de sus ingresos diarios
durante dos meses.
Modelos legales
En Europa conviven tres modelos de regulación de la prostitución: el llamado ejemplo sueco, abolicionista; el holandés, legalista; y las normativas que solo prohíben el proxenetismo, como la española.1. Suecia penaliza desde 1999 a todo aquel que pague por tener sexo. Fue pionero en este modelo legal que diez años después copiaron Islandia, Singapur, Israel o parte de Corea. También Noruega, con una novedad: se persigue a aquellos que hacen turismo sexual.
2. Finlandia castiga la compra de servicios sexuales, aunque solo en los que la prostituta sea víctima de las redes de trata.
3. Holanda y Alemania son el modelo contrario; allí la compra de servicios sexuales no se castiga y se permite en determinadas zonas y lugares. En Holanda las prostitutas pagan impuestos, tienen derechos y obligaciones.
4. En España la prostitución es alegal. Algunas ordenanzas municipales, como la de Barcelona, penalizan tanto a clientes como a prostitutas. Otras, como en Valencia, van al modelo sueco y castigan solo al comprador de sexo.
“No se trata solo de condenas. La ley busca un cambio social, ser
ejemplarizante. Y se está logrando”, asegura la comisaria Kajsa
Wahlberg, relatora nacional contra la Trata de Personas con Fines de
Explotación Sexual. Diez años después de que entrara en vigor la inédita
ley, el número de compradores de sexo había descendido del 13,6% a
menos del 8% de la población, según datos del Instituto Sueco. Y aunque
la norma —que apoya más del 70% de la población— no ha conseguido
encerrar a los clientes sí ha conducido a una reducción palpable de la
prostitución callejera: antes de la ley unas 600 mujeres ejercían en las
calles de Estocolmo cada día; actualmente no son más de diez, según
estimaciones de la policía.
¿Es la mujer de la coleta rubia una de ellas? Se ha subido a un coche
rojo, familiar, que ha enfilado la calle en dirección a la autopista.
Solo ha intercambiado un par de palabras con el conductor. Es posible
que sea un amigo o un familiar. Pero también puede que el hombre haya
contactado con ella en Internet y la haya recogido en la calle. Porque
en Suecia, los burdeles se han trasladado a la Red. Una realidad de la
que las autoridades son conscientes y que la asociación Rose Alliance
—una de las escasas voces que censura públicamente la norma— considera
efecto de la ley. Esta organización de extrabajadoras sexuales sostiene
que la prostitución es ahora menos visible y, por tanto, más insegura; y
que la regulación contribuye a estigmatizarla. “Existen mujeres que se
dedican a ello voluntariamente. Hay explotación y trata, pero no todas
son víctimas”, dicen.
Patrick Cederlöff, coordinador nacional contra la trata, no está de
acuerdo. Antes de ocupar este cargo, este hombre musculoso de cabello
rapado estuvo años trabajando en los servicios sociales de Estocolmo.
Desde entonces, remarca entornando los ojos, cree más firmemente que la
prostitución —que en Suecia ejercen sobre todo europeas del Este,
tailandesas o nigerianas— no es una opción “realmente libre”. “Bajo esa
idea se oculta la vulnerabilidad, la pobreza. También la trata y la
explotación sexual”, dice. Cederlöff desmiente que la ley —que ha
habilitado formas, como teléfonos anónimos para denunciar a quien paga
por sexo— haya empujado a las mujeres a la clandestinidad de los hoteles
o apartamentos; y a los anuncios en las páginas web. Responsabiliza del
cambio más bien a las nuevas tecnologías.
Las autoridades también avanzan por ahí. Un equipo de policías
especializado rastrea la Red día y noche en busca de esos reclamos que
les permitirán apresar a chulos y clientes. Sus despachos están en la
jefatura central de la policía de Estocolmo, muy cerca del de la
comisaria Wahlberg, cauta con todo lo que signifique mostrar ese trabajo
de campo. Es una mujer alta y enérgica. Tiene los ojos azules y el
cabello rubio y corto. Antes de ser relatora investigó delitos sexuales
como inspectora de la policía judicial. “El comercio sexual es un medio
favorable para la delincuencia organizada. Permanece soterrado, mueve
enormes cantidades de dinero y, a través de él, los proxenetas y las
redes de trata lavan millones”.
A sus ojos y a los de la ley sueca, alguien que paga por sexo no solo
atenta contra la dignidad de las mujeres; además, está contribuyendo a
que esa arquitectura criminal prolifere. Desde que entró en vigor la
ley, unas 200 personas han sido condenadas por proxenetismo en Suecia.
Unas 40 por trata de seres humanos con fines de explotación sexual,
desde que en 2002 se incluyó este delito que implica trasladar a la
persona con engaños, coacciones o a la fuerza para explotarla.
Como ocurre en España, no es fácil que las mujeres que han sido
explotadas testifiquen contra sus verdugos. Para apoyarlas y fomentar
esa colaboración, explica Ulrika Rosvall, experta del Instituto Sueco,
el Gobierno tiene programas de acogida y reinserción —además, tiene
programas para concienciar a los clientes—. También les ofrece volver a
su país con el proyecto Safe Trip (viaje seguro), que coordina Cederlöff
y que se apoya en ONG locales, que trata de que las mujeres puedan
retornar sin temor a que quienes las explotaban las encuentren. A ellas o
a sus familias.
La comisaria Wahlberg explica que Suecia ha ido un paso más allá: ha
buscado incluso una solución específica para las nigerianas; que muchas
veces están sometidas por el miedo atroz al vudú con el que las mafias
las amenazan. Ahora, las autoridades suecas colaboran con “personas
capaces de deshacerlo”, afirma la relatora. No es solo acorralar a los
clientes. Se trata, dice, de cubrir todos los huecos.
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