El PSOE confía en lograr este jueves en el Congreso los votos necesarios para convalidar el decreto ley que eleva el límite del sueldo que no puede ser embargado por impago de una hipoteca y que incluye una línea ICO de 3.400 millones de euros para los pagos pendientes de los ayuntamientos a pymes y autónomos.
La principal medida del decreto, con la que se pretende ayudar a las familias que no pueden hacer frente a sus hipotecas, fue pactada por PSOE, PP y CIU durante el último debate del estado de la nación.
La norma sube a 961 euros -641 euros del salario mínimo interprofesional más el 50%- el tope del sueldo que no puede ser embargado por impago de una hipoteca, además de limitar los abusos en las subastas de inmuebles.
En este sentido, se incrementa del 50% al 60% del valor de tasación el precio mínimo de un inmueble subastado, al tiempo que reduce el depósito previo necesario para participar en una subasta y obliga a dejar por escrito el compromiso de establecer pujas por internet.
La norma prevé también la creación de una nueva línea ICO dirigida a pagar las facturas que adeudan los entes locales a pymes y autónomos y que están pendientes a 31 de abril de 2011.
Para ello, el ICO dispondrá de 3.400 millones de euros que comenzará a distribuir directamente a los proveedores través de las entidades bancarias colaboradoras, aunque primero se dirigirá a las pymes con menos de 250 empleados.
El plazo que se establecerá del préstamo al ayuntamiento no podrá superar los tres años, ni el importe del mismo el 25% de la participación de la entidad local en los tributos del Estado, que constituirán la garantía final del préstamo.
El decreto contempla asimismo la exención a las familias de la tributación en el IRPF de las plusvalías generadas por la inversión de 25.000 euros al año en empresas.
Además, incluye la modificación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria para fijar un tope al incremento anual del gasto del Estado y de las principales entidades locales, una regla de gasto que el PP ve insuficiente porque cree que debería afectar también a las comunidades autónomas.
De acuerdo con la norma, el límite de gasto se fijará tomando como referencia la evolución durante un periodo de nueve años del PIB nacional en términos nominales, aunque teniendo en cuenta una inflación del 1,75%.
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