Telefónica presentó ayer miércoles ante la representación de los trabajadores la Memoria Explicativa donde plantea prescindir de 8.500 trabajadores en los próximos cinco años, un 25% de la plantilla. Según el planteamiento de la empresa, se ha perdido cuota de mercado y no se puede soportar los costes salariales de la plantilla actual, 72.000 euros por trabajador/a y año y se ve obligada a presentar un Expediente de Regulación de Empleo universal, voluntario y no discriminatorio comprometiéndose a crear un 5% de empleo de la plantilla acogida al ERE.
Sin embargo, los datos económicos presentados por la empresa en poco coinciden con los presentados hace apenas una semana ante la Junta de Accionistas celebrada en Madrid, donde anunciaron unos beneficios de más de 10.000 millones de euros, 4.000 de ellos en Telefónica de España. Ni justificaron el reparto de más de 400 millones de euros entre los miembros del Consejo de Administración. Recientemente, también ha sido publicado el salario del presidente de dicho Consejo, César Alierta, que en 2010 se embolsó más de 8 millones de euros.
El Expediente de Regulación de Empleo se está negociando de forma paralela al nuevo Convenio Colectivo en donde la empresa también ha puesto sus cartas sobre la mesa: reducción de costes laborales mediante la destrucción de empleo, nueva estructura salarial ligado a una nueva estructura de grupos laborales donde se pretende la división del salario en un fijo y un variable y cierre de centros en provincias.
La negociación del nuevo Convenio no significa más que otro ataque a las condiciones laborales de este colectivo de trabajadores, conseguidas tras muchos años de lucha. Permitir que este ERE siga adelante significa un paso más en la sinrazón de este sistema que, a la vez que consiente beneficios multimillonarios para los grandes accionistas, admite que las arcas del estado se hagan cargo de trabajadores expulsados del mercado laboral cuando ya son más de 5 millones los parados en todo el país. De la representación de los trabajadores, del Ministerio de Trabajo pero también de los propios trabajadores dependerá que una de las grandes multinacionales españolas se salga con la suya en la destrucción de empleo por un lado (el ERE) y el pase a la precariedad de quienes permanezcan en sus trabajos (el Convenio Colectivo).
Con la presentación del expediente en el Ministerio da comienzo el plazo oficial de 30 días que la empresa y la representación de los trabajadores tienen para tratar de llegar a un acuerdo. La próxima reunión entre las dos partes tendrá lugar el próximo martes y en ella, la compañía presentará el plan social que acompañará al ERE.
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