La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos trabaja ya en la presentación de un paquete de denuncias contra páginas web de descarga de contenidos no autorizado para finales de septiembre, una vez estén listos el reglamento de la llamada Ley Sinde y la comisión encargada de recibir y examinar estas demandas (concretamente, la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura).
El director de la Coalición, Andrés Dionis, ha adelantado que este "paquete" de denuncias no será muy numeroso pero sí "contundente" porque irá contra las principales páginas web de descarga no autorizada que afectan a todos los sectores: vídeo, música, videojuegos y libros.
Este primer "ataque" a la llamada 'piratería' pretende "evaluar la eficacia de la comisión de propiedad intelectual" y lanzar el mensaje claro de que "la ley tiene el objetivo de atacar el problema en origen", ha señalado Dionis.
El borrador del Real decreto que desarrolla la ley 'antipiratería' está actualmente en trámite de consulta a diferentes instituciones como el Consejo de Estado, el Consejo del Poder Judicial o de la Comisión Europea, una consulta que no es vinculante y que podría estar concluido a finales de agosto para que en la primera quincena de septiembre el reglamento sea aprobado en Consejo de Ministros.
Dionis considera que el elemento más positivo del actual reglamento y de la propia ley es que "representa un antes y un después en la lucha de lo ilegal", si bien destaca que el borrador actual contiene aspectos "preocupantes" que perjudican la seguridad jurídica de todos los implicados.
¿Reincidencia?
Entre ellos, la coalición de creadores e industria cultural denuncia que el borrador es "ligeramente irresponsable" y no lo suficientemente "concreto y descriptivo" en el caso de la reincidencia de una página de descargas o la determinación de la responsabilidad de las web de enlaces.
Para que la norma gane en eficacia, Dionis propone que cuando el responsable de una página denunciada retire el contenido pero vuelva a colgar en la red otro no autorizado, éste no sea apercibido para que lo quite de forma voluntaria, sino que su conducta sea castigada.
El otro aspecto que también preocupa a la industria son las páginas de enlaces a contenidos, que en muchos casos están alojados en servidores extranjeros, y que en un 95% de los casos conducen a la descarga no autorizada. Aunque la norma ya recoge esta posibilidad, Dionis subraya que el borrador no da solución al problema.
"Hubiera sido una magnífica oportunidad que el Gobierno especificara que las web que enlazan a contenidos ilegales son objeto claro de regulación", ha señalado el director de la coalición.
Con estos "retoques", la ley Sinde, a juicio de Dionis, sería más eficaz y lograría el objetivo de parar significativamente la llamada 'piratería', al tiempo que la industria comience a ampliar su oferta legal para crear "toda una generación de consumidores digitales" y que la 'piratería' se convierta en algo "residual".
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