Revista Desacato
Esta derrota de la Verdad y Justicia en el país debe ser analizada en el contexto de años de claudicación del Frente Amplio ante las Fuerzas Armadas del Uruguay. Este triunfo de la impunidad en Uruguay tiene como principales responsables a los dos presidentes del Frente Amplio, Tabaré Vásquez y José Mujica que han hecho todo lo posible para evitar que la justicia procese a los asesinos y torturadores militares. En esta despreciable tarea han contado con el apoyo de la mayoría de los dirigentes partidarios de los grupos que integran el FA.
Durante la presidencia de Tabaré Vásquez, el gobierno y el FA, con amplia mayoría en el parlamento, no hicieron nada por anular el engendro de la ley de caducidad.
Es obvio que hace años que existe un acuerdo implícito (¿o explícito?) del FA con las FFAA para no procesar a los asesinos y torturadores militares.
El plebiscito de 2009 para anular la ley fue saboteado por los principales líderes del Frente Amplio y aún así alcanzó el 48% de los votos.
El presidente Mujica ha intervenido públicamente varias veces para defender una amnistía a los militares responsables de violaciones de los derechos humanos.
Antes de la votación del 20 de mayo hubo una fuerte presión del ex presidente Vásquez, el actual vicepresidente Danilo Astori y el presidente Mujica juntos frente a los parlamentarios del FA para impedir la votación.
Semproni -el voto 50 que hubiera anulado la ley de caducidad- sólo personaliza con su no-voto una intención general de la mayoría de los parlamentarios del FA. Realizó el trabajo sucio. ¿Alguien tiene que hacerlo? ¿Cuántos de los 49 diputados del FA que votaron contra la ley de caducidad, -acatando la resolución mayoritaria del Plenario Nacional del FA-, lo hicieron porque estaban conscientes que faltaría el voto 50 y la ley no se anularía?
El propio Mujica remarcó su apoyo a la "reconciliación y unidad nacional" (es decir la amnistía a los militares responsables de torturas y asesinatos) horas antes de la votación, en la conmemoración de la batalla de Las Piedras, el reciente 18 de mayo pasado. Allí afirmó con desvergüenza que: "no se debe achacar a las actuales FFAA nuestras frustraciones del pasado"
Mujica en su esfuerzo por defender a torturadores y asesinos llegó a llevar su solidaridad y a confraternizar con el General Miguel Dalmao internado en el Hospital Militar, primer general en actividad procesado por la Justicia -durante 2011- por crímenes bajo la Dictadura.
El gobierno y las organizaciones políticas que integran el FA tienen plena responsabilidad por el mantenimiento de la impunidad militar luego de 25 años de restitución de una "democracia" tutelada, basada en la aquiescencia de torturadores y asesinos militares.
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