Panamá, 14 abr (PL) La absolución de Luis Posada Carriles en un juzgado de Texas no sorprende, pues Estados Unidos distingue a terroristas buenos -a los cuales premia- de los malos, que para ellos son los críticos del sistema.
Así se expresó en entrevista exclusiva para Prensa Latina el abogado panameño Julio Berríos, uno de los querellantes en el juicio en Panamá a Posada Carriles y tres de sus compinches por un frustrado atentado contra Fidel Castro en el año 2000.
Ese señor, dijo, es un connotado terrorista, además confeso porque se vanagloria de ello, pero ha sido juzgado por violar leyes migratorias y mentir, causas baladíes comparadas con el rosario de crímenes que ha cometido.
Berríos expresó que la justicia estadounidense tampoco tomó en cuenta el caso de Panamá donde Posada y otros tres terroristas fueron juzgados y condenados por intento de magnicidio en el Paraninfo de la Universidad.
Este individuo confesó en Miami que había introducido explosivos en el istmo no para hacer fuegos artificiales, pero no podía decir los verdaderos motivos porque entonces lo iban a acusar de terrorista.
Con ello, explica el abogado, dejó claro cuál era su propósito criminal, que de haberse ejecutado hubiera sembrado en Panamá más muertos que los que provocó el atentado contra las torres gemelas en Estados Unidos.
Nosotros, indicó, ya solicitamos la extradición de Posada y sus compinches desde que se produjo la nulidad de los indultos presidenciales por inconstitucionalidad, pero está pendiente de que la resuelva el juez Justiniani.
Recordó que Estados Unidos y Panamá firmaron un tratado de extradición en 1904 que está vigente y debe ser honrado con la devolución de esos criminales a fin de que terminen de cumplir las penas que le impusieron los tribunales panameños.
Esas sanciones fueron a ocho años de privación de libertad, pero sólo cumplieron cuatro, por lo tanto les restan cuatro que pueden convertirse en nueve si prospera una apelación de los querellantes.
Esta quedó suspendida por los indultos ilegales, pero el caso se mantiene abierto por la advertencia de inconstitucionalidad de esa acción que los querellantes formulamos para impedir que el caso fuera cerrado.
Berríos dijo que hay un proyecto que está circulando sobre la apelación que nosotros esperamos sea resuelta de forma favorable a la demanda nuestra.
El juez Justiniani, insistió, no tomó en cuenta el delito de asociación ilícita para delinquir a la hora de emitir el fallo. Pero ellos planearon su acción delictiva desde una finca de Chiriquí donde armaron una bomba y la trajeron para Panamá.
Tampoco se ha hecho una investigación de los cuatro millones de dólares que recibió la hermana de la presidenta de manos de la Fundación Cubano Americana, más un carro blindado que no llegó a Panamá pero que también le dieron.
Así se expresó en entrevista exclusiva para Prensa Latina el abogado panameño Julio Berríos, uno de los querellantes en el juicio en Panamá a Posada Carriles y tres de sus compinches por un frustrado atentado contra Fidel Castro en el año 2000.
Ese señor, dijo, es un connotado terrorista, además confeso porque se vanagloria de ello, pero ha sido juzgado por violar leyes migratorias y mentir, causas baladíes comparadas con el rosario de crímenes que ha cometido.
Berríos expresó que la justicia estadounidense tampoco tomó en cuenta el caso de Panamá donde Posada y otros tres terroristas fueron juzgados y condenados por intento de magnicidio en el Paraninfo de la Universidad.
Este individuo confesó en Miami que había introducido explosivos en el istmo no para hacer fuegos artificiales, pero no podía decir los verdaderos motivos porque entonces lo iban a acusar de terrorista.
Con ello, explica el abogado, dejó claro cuál era su propósito criminal, que de haberse ejecutado hubiera sembrado en Panamá más muertos que los que provocó el atentado contra las torres gemelas en Estados Unidos.
Nosotros, indicó, ya solicitamos la extradición de Posada y sus compinches desde que se produjo la nulidad de los indultos presidenciales por inconstitucionalidad, pero está pendiente de que la resuelva el juez Justiniani.
Recordó que Estados Unidos y Panamá firmaron un tratado de extradición en 1904 que está vigente y debe ser honrado con la devolución de esos criminales a fin de que terminen de cumplir las penas que le impusieron los tribunales panameños.
Esas sanciones fueron a ocho años de privación de libertad, pero sólo cumplieron cuatro, por lo tanto les restan cuatro que pueden convertirse en nueve si prospera una apelación de los querellantes.
Esta quedó suspendida por los indultos ilegales, pero el caso se mantiene abierto por la advertencia de inconstitucionalidad de esa acción que los querellantes formulamos para impedir que el caso fuera cerrado.
Berríos dijo que hay un proyecto que está circulando sobre la apelación que nosotros esperamos sea resuelta de forma favorable a la demanda nuestra.
El juez Justiniani, insistió, no tomó en cuenta el delito de asociación ilícita para delinquir a la hora de emitir el fallo. Pero ellos planearon su acción delictiva desde una finca de Chiriquí donde armaron una bomba y la trajeron para Panamá.
Tampoco se ha hecho una investigación de los cuatro millones de dólares que recibió la hermana de la presidenta de manos de la Fundación Cubano Americana, más un carro blindado que no llegó a Panamá pero que también le dieron.
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