La red "por el derecho a tener derechos" ha firmado un manifiesto en contra del Reglamento de la Ley de Extranjería que ha aprobado el Consejo de Ministros. Asimismo, las organizaciones han subrayado que el Ejecutivo les ha ignorado durante su preparación y no les ha consultado "en ningún momento" pese a que Anna Terrón, secretaria de Estado para Inmigración y Emigración, aseguró "un amplio y profundo diálogo con los actores de este ámbito".
Según el portavoz de SOS Racismo, Lluc Sánchez, el "secretismo" que ha llevado el Gobierno con la configuración del Reglamento es un ejemplo de que en "ningún momento se ha consultado a las organizaciones". Por el contrario, Rubalcaba ha afirmado tras el Consejo de Ministros que el Reglamento se "ha aprobado con un amplio consenso parlamentario y un amplio consenso social".
"No es una reforma, sino un nuevo reglamento" ha afirmado el portavoz de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Nacho Murgui, quien ha criticado que en él "hay multitud de conceptos jurídicos indeterminados como el esfuerzo de integración, que nadie sabe lo que es". Ha recordado que no hace mucho, en Francia se estableció un Contrato de Integración "provocando la indefensión de la población extranjera".
Sánchez ha criticado el cambio de actitud del Gobierno "ya que en lugar de ser un reglamento más favorable a los extranjeros, se sitúa en la dirección opuesta". El representante de la Federación Estatal de Asociaciones Vecinales de Madrid, Víctor Sáez, reivindicó que "el Gobierno ha perdido la oportunidad de hacer las cosas bien. Y ha favorecido el discurso discriminatorio para dividir la sociedad entre buenos y malos", refiriéndose a los extranjeros como los "malos".
Todas las asociaciones han demandado un trato digno de los inmigrantes en los Centros de Internamiento para Extranjeros, y el reconocimiento por parte del Gobierno de las redadas practicadas por la Policía discriminando según perfiles étnicos.
Las maltratadas que denuncien no serán expulsadas
La principal novedad es que el texto aprobado recoge finalmente que el Gobierno no abrirá expediente de expulsión a las 'sin papeles' maltratadas que denuncien a sus agresores, tal y como confirmó ayer la secretaría de Estado.
Sobre las inmigrantes ilegales que padecen violencia machista, Rubalcaba ha señalado que si denuncian no significa que se las expulse, sino que "se para" el expediente, según la norma aprobada, aunque ha matizado que esto ya se viene haciendo en la práctica, informa Efe.
Ha añadido que el reglamento alienta que quien tenga que volver a su país por quedar en el paro no "pierda" los años de trabajo en España, sino que eso "le cuente" si vuelve cuando sea necesaria mano de obra.
Además, ha dicho que no puede ser que un empresario contrate a un extranjero por tres años, por ejemplo, y, sin embargo, sea despedido al año siguiente.
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