Todas las instituciones y gremiales empresariales de Maldonado recogieron hasta ayer domingo unas 8.000 firmas de vecinos que se oponen a la regionalización del establecimiento carcelario de Las Rosas, iniciativa del Ministerio del Interior.
Mario Costa, vicepresidente de la Liga de Fomento de Punta del Este, destacó la respuesta y la adhesión de la ciudadanía y adelantó que en dos semanas la tarea finalizará con la esperanza de contar con más de 30.000 firmas con ese propósito. La acción de los vecinos se inscribe en el derecho de petición establecido en el artículo 30º de la Constitución.
Una vez concluida la campaña, las firmas serán presentadas ante el presidente José Mujica durante la audiencia solicitada por las instituciones y gremiales empresariales locales, indicó Costa.
De forma paralela, el Colegio de Abogados de Maldonado se pronunció también en contra de la iniciativa del Ministerio del Interior advirtiendo, en una nota pública, sobre el impacto negativo de la propuesta.
A los efectos de viabilizar la campaña, las instituciones contrataron a la empresa de consulta de opinión pública local Dígitos para que los encuestadores recorran el departamento ofreciendo a los vecinos las hojas para que estampen su firma y manifiesten de esta forma el rechazo a la construcción de una cárcel regional.
La campaña cuenta también con avisos institucionales que se emiten por los medios de difusión locales que acompañan la propuesta de las instituciones y gremiales empresariales.
"Quienes integramos las instituciones no salimos de nuestra sorpresa viendo como se insiste con la cárcel regional en el mismo lugar cuando no hay ningún argumento o informe que avale semejante decisión. Hasta hay razones geográficas que dejan en claro que se trata del peor lugar para instalar una cárcel que albergue a presos de toda la región Este", comentó Costa a El País.
Puso como ejemplo las consecuencias "nefastas" que generó en el balneario argentino de Mar del Plata la construcción de la cárcel de Batán.
Sin embargo, los planteos de las instituciones fernandinas parecen no haber encontrado respuesta alguna desde el gobierno.
El presidente Mujica resolvió la pasada semana ampliar la compra directa concretada por el Ministerio del Interior para la construcción de la ampliación del establecimiento de reclusión de Las Rosas que fue dispuesta el 14 de julio de 2009 por el entonces presidente Tabaré Vázquez.
El citado acto administrativo aprobado durante el anterior gobierno adjudicó a la constructora Stiler S.A. la referida compra directa.
El precio pactado fue de $ 107.334.461. Una vez resuelta la compra directa, la firma Stiler S.A. propuso la ampliación del contrato que actualmente se encuentra en ejecución mediante la presentación de dos ofertas. La nueva propuesta fue cotizada en $ 71.045.750 a los que se sumó otro 5% para enfrentar imprevistos, más impuestos y otros $ 14.008.668 como monto imponible.
Derecho a pedir
El artículo 30 de la Constitución dice: "Todo habitante tiene derecho de petición ante todas y cualesquiera autoridades de la República", y a ese artículo se acogen los peticionarios para solicitar que "no se proceda a transformar el centro de reclusión de Las Rosas en un establecimiento regional; que "se continúe con la ampliación en curso, exclusivamente a los efectos del descongestionamiento del centro carcelario" y, por último, que "se defina nuevamente la ubicación de la pretendida cárcel regional".
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