Según el Real Decreto que regula el Prodi, los parados que tienen derecho a los 420 euros están obligados a seguir "itinerarios activos de inserción laboral". Esto significa que deben ponerse en manos de orientadores que les asesoren e indiquen qué trabajo buscar y cómo y les proporcionen ofertas que se adapten a su perfil. Las oficinas de trabajo de cada comunidad (el SOC en el caso de Cataluña) son las que los organizan, a través de cursos de orientación y formación. Según el Departamento de Trabajo, a las personas que reciben la prestación se les envía una carta citándolas a una entrevista con un especialista. Cada mes, el SOC da parte al Servicio Público de Empleo (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo, del seguimiento de los cursos. Especialmente está obligado a advertir sobre aquellas personas que no acuden a las citas. El SEPE tiene en sus manos la posibilidad de retirar los 420 euros al parado, ya que "es el organismo competente para reconocer, denegar, suspender, extinguir o reanudar la prestación extraordinaria", señala la legislación.
El SOC envió 1.660 notificaciones al Ministerio de Trabajo este semestre, frente a las cerca de 2.500 que le hizo llegar el semestre anterior.
Mar Serna, consejera de Trabajo, ya ha advertido que su departamento será inflexible ante la pasividad que muestran algunos parados a la hora de buscar trabajo.
Su objetivo es lograr que pasen por los orientadores 211.000 desempleados este año, el 74% más que en 2009. La última, advertencia para los que se hacen los remolones la hizo hace dos semanas, cuando anunció que 26 oficinas del SOC abrirán por las tardes para ofrecer orientación y llevarán a cabo una nueva oleada de citas de asesoramiento a grupos de complicada contratación. "¿Qué pasará si los parados no quieren ir a reunirse con un orientador?", preguntó una periodista. "Si cobra prestaciones, daremos parte al Ministerio, para que tome medidas", dijo Serna tajante.
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