De Nueva York a Los Ángeles, en Chicago, Atlanta, Houston y Dallas, en Phoenix y en otras poblaciones de la propia Arizona, donde se encendió la mecha, en más de 70 ciudades, según los organizadores, la gente se echó a la calle en un Primero de Mayo exclusivamente dedicado a la solidaridad con los inmigrantes. En la manifestación de Washington fue detenido el congresista demócrata Luis Gutiérrez por detener el tráfico frente a la Casa Blanca.
Aunque la conmemoración recuerda los dramáticos hechos ocurridos en Chicago en 1886, el Primero de Mayo nunca se ha celebrado en Estados Unidos, donde no es fiesta nacional ni motivo de marchas, más allá de las de un puñado de trotskistas en los años treinta o las de quienes conservan esta fecha entre sus tradiciones combativas, como los hispanos. En EE UU se celebra el primer lunes de septiembre el Día del Trabajo.
Este año los hispanos han escogido el Primero de Mayo para hacerse masivamente visibles en un momento en el que se sienten como nunca amenazados por la ley de Arizona, que criminaliza la inmigración ilegal, y por el apoyo a esa iniciativa detectado por las encuestas entre la mayor parte de la población en el resto de la nación.
"Lo sucedido en Arizona prueba el racismo y la histeria antiinmigrante que existen en este país", declaró Lee Siu Hin, portavoz de la Red de Solidaridad Nacional con los Inmigrantes, la organización convocante de las manifestaciones.
Escasa integración
Pese a que su influencia y su presencia en puestos relevantes han ido creciendo en los últimos años, los hispanos son mayormente aún una comunidad mal integrada en la sociedad norteamericana. Son cerca de 50 millones -más del doble que hace 20 años y la mitad de los que serán dentro de otros 20- y representan, por tanto, la primera minoría del país, por delante de los negros. Sin embargo, su presencia, sobre todo en los Estados del sur, sigue siendo motivo de tensión y, a veces, de hostilidad xenófoba.
Ese conflicto se ha agravado en los últimos años, no sólo por el aumento constante de la inmigración, sino por los problemas económicos que se acumulan sobre los propios estadounidenses y por la degradación de las condiciones de seguridad en la frontera por culpa de la criminalidad al otro lado.
La repetición diaria de espantosas escenas de violencia en México ha elevado el miedo y el sentimiento antiinmigración entre los habitantes de esa región, aunque muchas veces las cifras no justifiquen esa reacción.
En Arizona, por ejemplo, donde los hispanos son alrededor del 30% de la población y hay medio millón de indocumentados, el respaldo a la controvertida ley firmada la semana pasada aumentó mucho tras el asesinato, en marzo, de un ranchero de la frontera a manos de narcotraficantes. El horror de ese crimen cegó a los ciudadanos, incapaces de ver que, aunque la inmigración ilegal ha aumentado, el número de actos delictivos decreció el año pasado un 23%.
Esa cifra no va a convencer a los nativos furiosos que ven en cada rostro moreno de un mexicano a un enemigo. El viernes, en una reunión con sus conciudadanos de Arizona, el senador John McCain tuvo que salir apuradamente a contener a un hombre entre el público que defendía su derecho a parar con su propio fusil lo que veía como una avalancha salvaje.
Boicot
El clima se ha calentado extraordinariamente. A las peticiones de boicot a Arizona hechas por los medios progresistas, ha contestado la población local con la reafirmación en sus ideas y algunas figuras de la derecha, como Dick Cheney y Sarah Palin, han solicitado a los estadounidenses que compren productos de ese Estado.
Ningún bando está cómodo en sus posiciones. Los conservadores sienten la presión del sector más liberal del Partido Republicano que cree en la inmigración como uno de los instrumentos básicos para el desarrollo. Los demócratas, que rechazan la ley de Arizona, son conscientes de que cerca de un 60% de votantes la respalda.
El enfrentamiento en Washington va a ser largo y duro. Esta semana, el Partido Demócrata presentó un borrador de la ley de inmigración que elevará a discusión en el Congreso. Además de un camino para la legalización de los cerca de 11 millones de inmigrantes ilegales que se calculan en la actualidad, la propuesta incluye las más fuertes medidas de vigilancia fronteriza que nadie ha mencionado antes.
Los demócratas no quieren dar la impresión de que preparan una amnistía masiva. Saben que eso podría destrozarles electoralmente. Pero el mismo daño podría hacerles mantenerse impasibles ante el deterioro de la situación. Los republicanos, también conscientes de que es urgente actuar para contener la inmigración ilegal, han manifestado su disposición a negociar una ley, pero han rechazado plenamente la última propuesta demócrata, que consideran una mera maniobra política.
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