Ante lo que puede convertirse en una catástrofe medioambiental que salpicaría al presidente, la Casa Blanca ha decidido iniciar una campaña de contención de posibles daños y ayer anunció que Obama viajaría a la región en algún momento a lo largo del día de hoy. No se aportó más información: ni lugar ni hora. Sólo un escueto comunicado con el que el Gabinete demócrata intenta demostrar a la opinión pública que está implicado en la crisis y comprometido con una pronta solución. Porque, además, la agenda del presidente jugaba ayer en su contra. Mientras que la población del golfo lanzaba peticiones desesperadas de ayuda ante lo que puede ser el final de su medio de vida -la industria pesquera, el turismo-, Obama daba un discurso de graduación en la Universidad de Michigan y, por la noche, asistía a la cena de corresponsales de la Casa Blanca, donde se esperaba que tuviera una intervención humorística rodeado de celebridades y glamour. Mal momento para los chistes.
Casi dos semanas después del accidente -todavía sin aclarar- que causó la explosión y posterior hundimiento de una plataforma petrolífera y la desaparición de 11 trabajadores -presumiblemente muertos-, se ha tenido acceso a documentos de BP que, en 2009, aseguraban que las posibilidades de un suceso que provocara un vertido masivo de crudo eran "poco probables" o "virtualmente imposibles".
En el análisis de impacto medioambiental que cita la agencia Associated Press, la compañía admite que un derrame de crudo podría afectar a las playas, los pantanos y la flora y la fauna del lugar, pero argumenta que "debido a la distancia que está de la costa (77 kilómetros) y la capacidad para responder que se tiene, no se esperarían impactos adversos significativos".
La realidad prueba lo contrario. Una marea negra de 200 kilómetros de largo por 112 de ancho (mayor que la isla de Puerto Rico) tiene en estado de emergencia a los Estados de Luisiana y Florida. El último en sumarse a esta lista ha sido el gobernador de Alabama, Bob Riley, quien decretaba el estado de emergencia ante "la seria amenaza que supone el vertido para el medio ambiente y la economía".
El gobernador de Luisiana, Bobby Jindal, ha sido claro y ha dicho que está inquieto sobre la capacidad de BP para lidiar con el desastre. "Estoy preocupado por los actuales recursos de BP, que pueden no ser suficientes para responder a los tres principales desafíos del desastre: detener la filtración de crudo desde el pozo submarino dañado, proteger la costa; y realizar una rápida limpieza".
BP ya ha admitido que tiene problemas para controlar el flujo de crudo, que se encuentra a 1.525 metros bajo el mar, y ha pedido al Pentágono acceso a tecnologías de imágenes submarinas y robots.
Las previsiones más optimistas sitúan en dos semanas el control del flujo de petróleo. Las más derrotistas hablan de dos o tres meses y requerirían una compleja operación para taparlo y canalizarlo hacia un buque tanque, o realizar otra perforación con la que crear un pozo de alivio. Ante semejante panorama, los esfuerzos de los Guardacostas desplegando desaforadamente barreras flotantes para contener la marea negra parecen estériles.
Así lo considera el gobernador de Luisiana, que además cree que las medidas desplegadas no están siendo "efectivas". Desde BP culpan a la meteorología de la lentitud de la contención y de la limpieza. "El clima es uno de nuestros principales desafíos. El viento y las olas no paran de crecer", declaró Ayana Mcintosh-Lee, portavoz de BP. Con tantos elementos en contra, y de ser ciertos los pronósticos más alarmistas, la catástrofe del golfo superaría el desastre provocado por el petrolero Exxon Valdez, en 1989, en Alaska.
La cuantía económica de la tragedia podría medirse en miles de millones de dólares. La industria pesquera de Luisiana llegaría a perder más de 2.500 millones de dólares [unos 1.880 millones de euros], mientras que el impacto sobre el turismo en la costa oeste de Florida que se asoma al golfo de México alcanzaría los 3.000 millones [unos 2.260 millones de euros].
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