Te acordas del colorado Da Silva Tabarez ta en cana en Panamá

El ex legislador Armando Da Silva Tavares, que por negarse a pagar una extorsión de un millón y medio de dólares a un influyente grupo empresarial-judicial, según denunció a LA REPUBLICA, se dispone a presentar su caso en la CIDH de la OEA.

Armando Da Silva Tavares. Aún sin sentencia definitiva y un expediente que va de un lado a otro.

En su caso se han violado todos los tratados internacionales vigentes en materia de plazos procesales firmados por Panamá. Todas las intensas y múltiples gestiones llevadas a cabo por la Embajada Uruguaya en Panamá, realizadas por el embajador Francisco Purificatti y la cónsul Gimena Hernández, a los efectos de que se cumplan con los plazos procesales totalmente vencidos y se dicte sentencia definitiva, han sido inútiles. Nuestro compatriota lleva ya casi 5 años preso y aún carece de sentencia firme.

El presunto delito del que se lo acusa es haber conectado a un poderoso grupo panameño con un estudio de primera línea de los EEUU, el estudio Sacher, Zelman y Asociados, para la realización de un negocio hotelero que finalmente fracasó. El ex legislador uruguayo no era ni parte del negocio, ni beneficiario del mismo, sino un mero intermediario por lo cual cobraría la comisión respectiva. El grupo panameño debía constituir una garantía y en caso contrario perdería el "retainer fee".

La garantía nunca fue presentada por los panameños y el negocio fracasó y los gastos en que incurrió el grupo panameño le fueron reclamados a Da Silva Tavares, quien se negó de plano a abonarlos como intermediario de la operación.

La Justicia estadounidense no admitió responsabilidad penal alguna del ciudadano uruguayo y tampoco le pudo ser iniciada una acción civil, por carecer de legitimidad pasiva en el caso, iniciándose entonces una acción civil, con los únicos que tenían participación y legitimación pasiva en el entredicho que era el estudio Sacher, Zelman y Asociados. El presunto damnificado es un influyente empresario y además abogado muy vinculado a las esferas del poder local, el licenciado Juan Demóstenes Borrell Arosemena, asesor del Canal de Panamá, mientras la hermana de su esposa, la Lic. Eva Cal, es magistrada del Supremo Tribunal de primera instancia de ese país e íntima amiga de la magistrada Elvia María Batista, quien integra el tribunal de alzada que debe dictar sentencia en este caso y que ha excedido todos los plazos que le otorga la ley. El abogado patrocinante del denunciante Borrell, el Lic. González Basso, estuvo vinculado a la Fiscalía del narcotráfico. Según denunció la esposa de Da Silva Tavares, "toda una espesa red integrada por empresarios y magistrados panameños, convencidos de que mi esposo no iba a ser condenado en EEUU porque no había cometido delito alguno, conspiró para atraerlo con engaños a Panamá, violando el principio de territorialidad de la ley penal, que establece que los delitos deben ser juzgados en el territorio donde se cometen, con la sola excepción de los delitos contra los derechos humanos, para intentar cobrarle a cambio de su libertad un millón y medio de dólares y caso contrario mantenerlo entre rejas por lo menos 10 años de su vida". El diferendo ­añadió la esposa de Tavares­, era civil y no penal y se produjo en EEUU y no en Panamá, y en este caso se violó el fuero civil y la territorialidad penal, con el agravante de que el primer juez panameño que tomó el caso, y que según Da Silva Tavares no integraba el tráfico de influencias, se pronunció otorgándole el recurso de habeas corpus porque no correspondía este caso a la esfera penal sino a la civil. El caso sin embargo cayó en manos del juez Silverio Rodríguez, integrante de la red de influencias denunciada por Da Silva Tavares, magistrado que por otra parte ya había sido objeto de varios sumarios y sanciones.

El propio ex legislador uruguayo declaró el 21 de abril del año pasado, que tanto "Borrell como González Basso me han amenazado con que ellos manejan a los jueces, especialmente a Silverio Rodríguez, el juez que tiene mi causa, y que si no les pago U$S 1.5000.000 me van a condenar a 10 años, sin importar si hay o no pruebas, porque el juez Silverio Rodríguez y la magistrada Batista del 2º Tribunal, van a hacer lo que ellos ordenan y que al fiscal de 11º Turno, Lic. Barrios, lo manejan como quieren, incluso han realizado extorsiones y amenazas telefónicas a mi esposa en Montevideo". Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de Panamá fue informada por representantes legales uruguayos de Da Silva Tavares de las irregularidades existentes en su proceso, de las violaciones procesales pertinentes y en particular del tráfico de influencias practicado por el denunciante Borrell, como por el letrado del denunciante, vinculado a la fiscalía del narcotráfico, el Lic. González Basso, y por el parentesco con la magistrada Eva Cal y la notoria amistad con la magistrada Elvia Batista, todos integrantes de la sede que juzga a nuestro compatriota.

El juez Silverio Rodríguez, acusado por Da Silva, de integrar la red de influencias en su declaración del 21 de abril pasado, lo condena a 80 meses de prisión, de los cuales ya lleva 60 meses preso. De acuerdo a la ley panameña, el ex legislador uruguayo ya estaría en libertad hace mucho tiempo por haber gozado de buena conducta y haber cumplido con creces la proporción de la pena que exige la normativa vigente. Pero el ciudadano uruguayo, en defensa de lo que considera un fallo injusto e ilegal, apeló la sentencia hace exactamente un año en mayo de 2009. Y ahí surge, según afirma su familia, una nueva pesadilla.

Nadie toma el caso hasta que varios meses después de presentada la apelación, está de turno casualmente, la magistrada Elvia María Batista, íntima amiga de la magistrada Eva Cal, hermana de la esposa del Lic. Juan Demóstenes Borrell Arosemena.

Los abogados uruguayos que asesoran a Da Silva Tavares no dudan al respecto: "esto no obedece a la casualidad, puesto que habiendo ingresado el recurso de apelación en fecha distante 8 meses del momento del sorteo donde se encontraba curiosamente de turno la magistrada Batista, no existe una explicación lógica por la cual debía esperarse hasta ese momento para la adjudicación, si no fuera con el único fin de dilatar y perjudicar la libertad anticipada de nuestro compatriota y que el turno recayera en esa magistrada".

La magistrada Batista no puede juzgar en ningún caso donde intervenga como letrado patrocinante el Lic. Arquímedes Sáez, que es el abogado defensor de Da Silva Tavares.

En todos los casos anteriores se excusó, porque así la obligaba la legislación vigente. Pero en el caso del ciudadano uruguayo procesado, la jueza Batista no lo hizo.

Debieron pasar unos meses más para que ante el pedido formal de recusación, la magistrada Batista se recusó. El caso pasa al magistrado Ortega, quien rechaza la recusación y se la devuelve a la jueza Batista. El expediente va de un lado a otro sin siquiera conocerse a esta altura quien dictará sentencia definitiva.

Otro hecho viene a enrarecer y a dilatar este caso. Hace tres días, en el mismo Segundo Tribunal Superior de Justicia, donde se tramita el proceso al ex legislador uruguayo, fue destituida de su cargo la magistrada Geneva Aguilar Ladrón de Guevara, luego de una investigación que reveló una red de corrupción a su alrededor. Según informó el periódico La Estrella, dos de sus asistentes se dedicaban a vender fallos e información.

La jueza Ladrón de Guevara fue destituida en decisión unánime por los tres magistrados de la sala segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, sin que ello implicara que la jueza destituida hubiera sido culpable directa de esos ilícitos.

El hecho viene seguido atentamente por nuestra Cancillería y la Embajada Uruguaya en Panamá.