Esa propuesta fue rechazada por el pleno del Tribunal Constitucional hace diez días. Y ante ese nuevo fracaso, el quinto intento de alcanzar una mayoría sobre un texto de Pérez Vera, la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, cambió de ponente y se la encargó a Jiménez, con un plazo teórico de 15 días que está a punto de expirar. Jiménez trabaja contrarreloj para lograr los votos suficientes para su propuesta de sentencia, para lo que contaría, según distintas fuentes, con el apoyo de partida de Manuel Aragón Reyes, magistrado progresista que votó contra el borrador elaborado por Pérez Vera, y de Ramón Rodríguez Arribas.
Estos tres magistrados (Jiménez, Aragón y Rodríguez Arribas) compartieron burladero el pasado domingo en la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla. Su propuesta de sentencia será conocida por el resto de los magistrados que componen el pleno del Constitucional en los próximos días. El bloque progresista, que ahora forman cuatro magistrados, votará previsiblemente en contra de una propuesta de sentencia que endurece la anterior.
Un texto, el de esa última ponencia, que fracasó por seis votos frente a cuatro, pero que contaba con el beneplácito del Gobierno central, pese a las críticas recibidas en los últimos días desde el tripartito al frente de la Generalitat de Catalunya. Esa última ponencia de Pérez Vera, revisada en muchos aspectos por Aragón, consideraba inconstitucionales 15 artículos de los 114 recurridos por el PP y validaba como constitucionales otros 25.
Por lo que se conoció de ese debate, y de los artículos cuestionados, fuentes gubernamentales han lamentado que ese texto no se convirtiera en sentencia final. Porque entienden que no era una sentencia que cuestionase "los aspectos nucleares del Estatuto que habían sido impugnados". Fuentes del Gobierno añaden, en ese sentido, que ese último fallo no rechazaba el deber del conocimiento de la lengua catalana, sino que declaraba que no era "preferente" su uso en la Administración ni en los medios de comunicación. Tampoco se vetaba ni la distribución de competencias ni las relaciones de bilateralidad entre Cataluña y el Gobierno de España. Las pegas que se ponían a la identificación de Cataluña como una "nación" o al uso de los "símbolos nacionales" catalanes se consideran en fuentes del Gobierno muy asumibles.
Desde La Moncloa, además, se consultó con varios expertos constitucionalistas, una vez conocida esa última ponencia por EL PAÍS, y éstos dieron su visto bueno. Avalaron que en estos momentos, tras cuatro años de retraso y en vísperas de elecciones, "no era mala ni para Cataluña, ni para España ni para el Estatuto". Y se subrayó que ha sido "un error no aceptar" ese texto o criticarlo.
Un aspecto que fue muy polémico en la negociación del estatuto, la financiación extra de 2.500 millones de euros para Cataluña, tampoco se tocaba, porque se negoció de forma bilateral en un pacto estatal.
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