Es la tesis que sostiene un trabajo de investigación encargado por el Departamento de Economía, cuya difusión se prevé para los próximos días. En plata, la investigación defiende que infraestructuras como el sincrotrón, el superordenador Marenostrum o la conexión de alta velocidad -posibles con las aportaciones estatales- tienen un efecto multiplicador en la economía.
Hoy, el producto interior bruto (PIB) catalán, o la riqueza que genera la economía de la comunidad, asciende a 215.298 millones de euros. Según las simulaciones del estudio, dentro de ocho años el PIB será casi medio punto mayor de lo que sería en un escenario en el que no se contemplara el dinero garantizado por el Estatuto. Según las proyecciones del departamento, la tarta de la economía catalana del año 2018 será 1.120 millones de euros más grande.
El 18,7% de la inversión
En su disposición adicional tercera, el Estatuto blinda que Cataluña debe recibir un listón mínimo de inversiones del Estado para mejorar distintos tipos de infraestructuras. Visto que se pactó cómo aplicarla en septiembre de 2007, en la práctica su impacto se mide entre 2008 y 2014. El listón mínimo de inversiones lo marca el peso de Cataluña en la economía española: el 18,7%. Así, cada año, de toda la inversión del Estado para las autonomías, el 18,7% debe ir destinado a la catalana para paliar déficit inversor del pasado.La suma de la inversión del Estado en siete años equivale a una inyección aproximada de 30.000 millones, cifra que variará según evolucionen los presupuestos del Gobierno central. Sea cual sea la cifra, a Cataluña le toca el 18,7%. Pero eso no significa que sin Estatuto el Estado hubiera invertido cero en Cataluña, así que esos 30.000 millones no son inversión adicional. Según el estudio, el salto inversor del Estatuto, el extra, es del 22,4%, considerando la tendencia inversora de los últimos años. En dinero, son unos 6.700 millones de euros más.
En 2008, del presupuesto del Estado a Cataluña le correspondieron 4.506 millones. De esta cantidad, la inversión territorializada por comunidades ascendió a 3.742 millones, cifra por la que la oposición de CiU adujo que el Estatuto no se cumplía, ya que esos 3.742 millones equivalían al 15,5% de la inversión total de ese año, no al 18,7%. No obstante, de forma bilateral se pactaron 565 millones más, y 81 por rescate de peajes. Quedaron pendientes 118.
En 2009, Cataluña percibió 3.925 millones en inversión territorializada (15,7% del total), pero se acordaron bilateralmente otros 800, más otros 82 para peajes. Cataluña, de hecho, percibió 136 millones de más respecto de lo que le hubiera tocado al aplicar la regla del 18,7%. Para 2010 se han presupuestado 3.843 millones (15,3% del total), más 81 para peajes y 565 cuyo destino se negocia ahora.
La inversión en infraestructuras impulsará la obra civil. De ahí que se estime que tendrá también un impacto positivo sobre el empleo a largo plazo: en 2018 -una vez que la economía se ajuste al cese de siete años de inversión extra- habrá aportado 28.386 empleos, la mayoría, ligados a la construcción (obra civil, no pisos), lo que tirará de algunas industrias.
Cataluña terminó 2009 en recesión y tiene 604.000 parados. Conclusión, sería peor sin el Estatuto.
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