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martes, 27 de abril de 2010

Bloqueo del puente estará en agenda Cristina - ­Mujica

Los presidentes de Argentina, Cristina Fernández, y de Uruguay, José Mujica, se reunirán en Buenos Aires este miércoles para intentar mejorar las relaciones bilaterales, enturbiadas en los últimos años por esta controversia, que consideran zanjada tras el pronunciamiento de la CIJ.

El tribunal internacional confirmó la continuidad de la fábrica tras considerar que no hay pruebas de que contamine y, a la vez, dijo que Uruguay incumplió su deber de informar al gobierno argentino sobre este emprendimiento, que entró en funcionamiento a fines de 2007.

La CIJ no se pronunció en cambio sobre el bloqueo al tránsito sobre el puente binacional, que tuvo episodios esporádicos en 2005, pero se hizo permanente e ininterrumpido el 20 de noviembre de 2006 y durante meses se prolongó a los demás puentes que unen a ambos países.

Una asamblea popular que deliberará en Gualeguaychú esta semana decidirá si el bloqueo se mantiene o es levantado.

El corte del Puente Internacional General San Martín, que desde 2006 realizan vecinos de la ciudad argentina de Gualeguaychú en protesta contra la pastera finlandesa UPM, ex Botnia, estará en la agenda de los presidentes de Uruguay, José Mujica, y de Argentina, Cristina Fernández, durante el encuentro del próximo miércoles en Buenos Aires. El levantamiento del bloqueo aparece como improbable solución, de acuerdo a los mensajes belicosos que miles de manifestantes enviaron hoy a ambos gobiernos desde el puente clausurado, al término de una marcha que superó las 100 mil personas, calcularon los organizadores. Los asambleístas difundieron duros conceptos contra los gobiernos de Uruguay y de Argentina y contra la Corte Internacional de La Haya, para expresar por anticipado que no se conforman con ninguna respuesta que no sea el desmantelamiento de la planta de Botnia, un reclamo que a esta altura coloca el listón a una altura imposible de alcanzar.

"El tema del bloqueo de los puentes es prioritario y como tal, los dos países se sientan y saben que tiene que ser resuelto", dijo el canciller uruguayo Luis Almagro al diario El País.

"Vamos a ver en qué contexto de la discusión se aborda cuando se toque el tema referido", agregó Almagro.

El canciller indicó que "la agenda de la reunión va a comenzar con un análisis de los diferentes aspectos formales y procesales del fallo de La Haya y de sus aspectos sustanciales, de cómo quedan los países frente a eso y cómo tienen que trabajar los temas conjuntamente".

Los gobiernos de Argentina y Uruguay coordinaron la semana pasada un encuentro entre sus presidentes para el próximo miércoles, a efectos de abordar el reciente fallo de La Haya en el conflicto binacional por la pastera instalada en Fray Bentos y en funcionamiento desde noviembre de 2007.

La Corte Internacional de Justicia de La Haya dictaminó el martes que el gobierno uruguayo "no respetó" el Estatuto del Río Uruguay y que instaló en forma inconsulta la pastera Botnia, frente a Gualeguaychú. Pero, al mismo tiempo, el fallo indicó que no hay indicios de contaminación en el Río Uruguay y que por lo tanto Botnia puede seguir funcionando en su actual emplazamiento.

Por el contrario, los pobladores y asambleístas de Gualeguaychú realizaron ayer la sexta marcha al Puente Internacional General San Martín, en la que pidieron el "inmediato desmantelamiento" de la pastera Botnia (ver página 3). Los manifestantes rechazaron la opción de un control ambiental conjunto a través de la Comisión Administrativa del Río Uruguay" porque no se puede monitorear ni controlar el funcionamiento de un emprendimiento ilegal". Desde arriba del puente, los asambleístas leyeron un documento en que se asegura que el fallo de la Corte Internacional de La Haya, "lejos de solucionar el conflicto lo agrava. Es inhumano y perverso".

Los asambleístas pidieron al gobierno argentino que trabaje "para el desmantelamiento" de la empresa finlandesa que funciona en Fray Bentos y que dé explicaciones sobre la presentación argentina ante la Corte de Justicia Internacional, a la que consideraron defectuosa, incompleta y sin suficiente documentación sobre la presunta contaminación.

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