La deliberación de la quinta ponencia redactada por la magistrada Elisa Pérez Vera, con las mejoras incorporadas tras las discusiones anteriores, comenzará el miércoles 14 por la mañana, entre los 10 magistrados que forman el Pleno. Dado que se prevé un debate a fondo y no exento de tensión, lo más probable es que la votación se retrase al día siguiente o incluso a fechas posteriores.
Según las fuentes consultadas, al Pleno se llegará sin ningún acuerdo cerrado y con el tribunal dividido en tres grupos, casi como quedó a finales de 2009 tras la deliberación anterior.
Hay un sector que respalda la ponencia, integrado por la presidenta, María Emilia Casas; la ponente, Elisa Pérez Vera; y los magistrados progresistas Pascual Sala y Eugeni Gay. La ponencia tumba quince artículos y reinterpreta otra veintena de preceptos, lo que en conjunto afectaría a un tercio de la norma.
Un segundo grupo está integrado por el vicepresidente, Guillermo Jiménez, el conservador Ramón Rodríguez Arribas, y el progresista Manuel Aragón Reyes, que hasta ahora ha tenido serias dificultades para aceptar todo lo relacionado con el término "nación" referido a Cataluña. Es en este grupo donde se centran todas las miradas, para comprobar si Aragón ha conseguido atraer a los dos conservadores hacia las posiciones de la mayoría progresista.
Un tercer grupo de magistrados, integrado por los conservadores Javier Delgado, Vicente Conde y Jorge Rodríguez Zapata, mantiene posiciones extremas en contra de la constitucionalidad del Estatuto; se les considera pues "descolgados" de este proyecto de sentencia. Según las fuentes consultadas, Rodríguez Zapata, el más radical, ha amenazado con pegar un puñetazo en la mesa y exigir una votación artículo por artículo de los preceptos impugnados, en lugar de una votación a la totalidad del texto. Su petición tal vez sea secundada por Delgado, pero no parece que pueda conseguir más adhesiones.
La clave para que haya sentencia radica en que se produzca un acercamiento del grupo liderado por Manuel Aragón hacia las tesis de la ponencia oficial. Aragón desea dejar claro que el término "nación" sólo puede referirse a España, y que los símbolos "nacionales" de Cataluña que enumera el artículo 8 únicamente pueden aludir a esta comunidad autónoma como "nacionalidad".
La presidenta del tribunal, María Emilia Casas, busca el respaldo al menos de Manuel Aragón y Guillermo Jiménez; desea contar con ellos para que firmen la sentencia más importante que ha dictado el Constitucional en toda su historia. Ambos magistrados participaron en la sentencia que declaró la constitucionalidad del Estatuto de Valencia, lo que tuvo algunos costes personales para Guillermo Jiménez, al ser el único magistrado conservador que plasmó su firma en este fallo. Sin embargo, expertos jurídicos consultados por este periódico aseguran que no sólo la presidenta sino también el vicepresidente del tribunal tienen la obligación de buscar una mayoría para procurar que la sentencia vea la luz. Además, las disposiciones del Estatuto catalán repercutirán en otras comunidades, como Andalucía, de la que es originario Guillermo Jiménez.
Si sólo fuese Aragón el que se incorporase a la mayoría, se produciría un empate que obligaría a la presidenta a utilizar su voto de calidad para inclinar la balanza hacia la ponencia oficial. Habría sentencia, sí, pero con un coste personal terrible para María Emilia Casas, y un precio político de primera magnitud para el Gobierno socialista y los nacionalistas catalanes.
La votación final preocupa sobre todo por el sistema. Comienzan emitiendo su opinión los magistrados que menos tiempo llevan en el tribunal, y acaban el vicepresidente y la presidenta, en ese orden. El primero en votar será así Manuel Aragón. Si da su respaldo a la ponencia, se habrá producido ya el empate, que sólo podría ser deshecho si el vicepresidente Jiménez, también se pronuncia afirmativamente, sumándose a la mayoría. En caso contrario, la presidenta se vería forzada a deshacer el empate con su voto de calidad, inclinando la balanza a favor de la ponencia.
Se trataría de una solución obligada que nadie desea, y menos que nadie la propia presidenta. Con la excepción tal vez del Partido Popular.
En caso de alumbrarse al fin la sentencia, el tribunal tiene previsto notificar sólo el fallo, ya que el texto final debe incorporar los votos particulares de los magistrados disidentes. Eso retrasará la difusión del texto varios días.
En el caso de que no hubiera acuerdo, la ponente podría realizar un sexto intento con otro texto. La presidenta podría sin embargo pedir para sí la ponencia y redactar ella misma el siguiente proyecto de sentencia. Dado que ésta no diferiría mucho de la de Elisa Pérez Vera, también podría encomendar su elaboración a otro magistrado del sector más proclive al acuerdo, aunque esa decisión podría reproducir la división actual, dado que los progresistas también han cedido en sus posiciones.
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