El proyecto de ley de veguerías ha superado su primer trámite parlamentario, al rechazar el tripartito las enmiendas a la totalidad presentadas por CiU, PP y C's, opuestos frontalmente a abrir un debate que no ven prioritario y que desatará "conflictos" territoriales en la recta final de la legislatura.
El conseller de Gobernación, Jordi Ausàs, de ERC, encargado de presentar ante la cámara el proyecto aprobado por el Govern, ha celebrado que Cataluña dé "el primer paso decidido para construir un nuevo modelo de organización territorial".
Consciente de que la oposición iba a arremeter contra el proyecto por considerarlo inoportuno, Ausàs ha recordado que esta reorganización del territorio se ampara en el Estatut y responde a una "reivindicación histórica del catalanismo político" para dejar atrás el "modelo altamente centralizador" de las provincias.
"Conseguir una organización propia debería ser el objetivo de todos los ciudadanos y de todas las fuerzas políticas catalanas. Ningún partido de tradición catalanista debería oponerse a este ejercicio de soberanía ni tendría que poner zancadillas a una reclamación unitaria ante el Estado", ha recalcado.
La ley propone crear siete veguerías, que sustituirán a las actuales cuatro provincias: Barcelona, Camp de Tarragona, Lleida, Girona, Tierras del Ebro, Catalunya Central y Alt Pirineu-Aran, sobre las que se organizarán todos los servicios de la Generalitat.
Se recuperará así la figura histórica de la veguería, una demarcación territorial que ya existió durante la Edad Media y que fue suprimida por el Decreto de Nueva Planta de 1716.
Con el impulso del proyecto gubernamental han aflorado numerosas fricciones y reivindicaciones en el territorio, como la creación de una octava veguería para el Penedès, la reclamación de la Val d'Aran de una demarcación propia, la pugna entre las capitales de comarca del Pirineo para ostentar la capitalidad de su nueva veguería o el pulso de Reus y Tarragona por liderar el Camp de Tarragona.
Precisamente estos enfrentamientos territoriales y la escasa voluntad del Govern de buscar el máximo consenso político han sido esgrimidos como argumento por la oposición para rechazar una ley que además requerirá la modificación de varias normas estatales.
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