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jueves, 11 de marzo de 2010

La Eurocámara amenaza a la Comisión por planes 'antipiratería'

El Parlamento Europeo ha amenazado con emprender acciones legales ante la Corte Europea de Justicia ante la adhesión a un acuerdo que se está gestando entre la Unión Europea, Estados Unidos y otras potencias, como México, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Singapur y Jordania, en el marco de la lucha 'antipiratería', según informa EurActiv.

La Eurocámara se ha pronunciado sobre el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) por sus siglas en inglés, que comenzó a gestarse en Génova hace dos años como un intento de establecer una serie de estándares internacionales en derechos de propiedad intelectual. Su negociación se ha visto envuelto en la polémica por su secretismo.

En la votación, una amplia mayoría de los diputados (663) ha votado en contra del ACTA (frente a sólo 13 a favor), con el argumento de que es un tratado que burla las leyes europeas sobre 'piratería online'. Además, los diputados han amenazado con ir al Tribunal Europeo de Justicia si el Ejecutivo europeo no rechaza las normas que establece el acuerdo del ACTA.

Entre otras medidas, el ACTA apunta a que los proveedores de Internet serían los encargados de tomar medidas contra el usuario que descargase contenido no autorizado, siempre y cuando el usuario estuviera informado de estas posibles sanciones.

El organismo de Bruselas que agrupa a los proveedores de Internet,EurolSPA, asegura que la UE está considerando las propuestas de EEUU sobre la lucha contra la 'piratería', entre las que se incluyen sanciones penales o la vigilancia del tráfico de Internet.

Sin embargo, el comisario de Comercio Karel de Gucht ha desmentido que la UE esté teniendo en cuenta estas medidas de la ACTA.

Las normas que están actualmente en vigor en la Unión Europea, aprobadas tras largas negociaciones, califican a los proveedores de Red como meros conductos de información, y no responsables del contenido que los usuarios divulguen a través de éstos.

Un alto funcionario ha asegurado que éste seguiría siendo el marco general de la legislación europea y que ACTA no alteraría ese marco.

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