El juez Eloy Velasco ha cursado ya las 12 órdenes internacionales de detención contra seis miembros de ETA y seis de las FARC, procesados hace dos semanas por colaborar para atentar contra altos cargos colombianos tras apuntar indicios de cooperación entre el Gobierno de Venezuela y los dos grupos terroristas. Sin embargo, una de ellas se retirará cuando el juez tenga la notificación de que uno de ellos está fallecido.
El magistrado de la Audiencia Nacional cursó la semana pasada órdenes de detención contra los seis presuntos etarras procesados, entre ellosArturo Cubillas Fontán, que ha ocupado un cargo en el Gobierno venezolano de Hugo Chávez, y seis de los siete miembros de las FARC procesados.
Fuentes consultadas dicen que el juez retirará una de las órdenes de detención porque un miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia está muerto, sin embargo, el magistrado ha tenido constancia después de dictarla y está cursada. La única persona que no tiene orden de detención es la mujer Remedios García Albert, que está localizada en España.
En cualquier caso, las mismas fuentes han indicado que el proceso de extradición no comenzaría hasta que los procesados fueran detenidos en virtud de las órdenes cursadas por la Audiencia.
El pasado día 1 Velasco procesó a Cubillas y a los miembros de las FARCEdgar Gustavo Navarro Morales y Víctor Ramón Vargas Salazar por un delito de conspiración para cometer homicidios terroristas, mientras que a los presuntos etarras José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso y José María Zaldua los imputó un delito de tenencia de explosivos, del que también acusó a Cubillas.
Por colaboración con organización terrorista procesó a José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio y a los miembros de las FARC Emiro del Carmen Ropero, Rodrigo Granda,Luciano Martín y Omar Arturo Zabala.
Declaración de García Albert
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional procesó también por colaboración con banda armada a García Albert, que ya fue detenida el 26 de julio de 2008 y un día después quedó en libertad bajo fianza de 12.000 euros por orden del juez Baltasar Garzón, que la acusó de colaboración o posible integración en organización terrorista.
Para evitar que se dupliquen las actuaciones contra García Albert, Velasco pidió a su compañero una copia de las diligencias que éste tiene abiertas en su juzgado para ver si debe inhibirse o no a favor de él, por lo que, según han indicado las mismas fuentes, tiene previsto retrasar la toma de declaración indagatoria a esta procesada, fijada para el próximo 24 de marzo.
Velasco señala a Cubillas, que fue nombrado en 2005 director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela como "responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC".
El Ejecutivo español ha enviado al Gobierno de Cuba, además de al de Venezuela, una copia del auto de procesamiento del juez por sus sospechas de que los interlocutores que ETA tenía con las FARC estuvieran residiendo en la isla.
La investigación del magistrado le lleva a Cuba ya que Urtiaga Martínez, considerado el primer interlocutor con la guerrilla colombiana, estaría residiendo en la isla, donde además se sospecha que también viveArrugaeta San Emeterio, al que Velasco apunta como sustituto de Urtiaga en los contactos con las FARC para continuar la experimentación con artefactos explosivos.
El Gobierno confía en la colaboración de Chávez
EL Gobierno español tiene "plena confianza" en que el Ejecutivo venezolano ofrecerá una "total colaboración" a la justicia española en la lucha contra ETA, afirmó el secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia.
En declaraciones a Onda Cero, De Laiglesia abogó por mantener la "discreción" hasta que se produzcan "decisiones definitivas" en torno a la investigación en curso y subrayó que el Gobierno español considera que los intereses del Estado en ese país se defienden mejor "desde una perspectiva de diálogo" que desde la "confrontación".
En este sentido, indicó que a las empresas españolas presentes en ese país y a los más de 150.000 nacionales residentes allí les interesa, y así se lo han hecho llegar al Gobierno, que las relaciones bilaterales sean "lo mejores que las circunstancias permitan".
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