Adjudicaciones millonarias hechas a dedo y sin garantías, retrasos injustificados y desvíos presupuestarios que harían temblar al gerente de cualquier empresa privada. Es la otra cara del hospital comarcal del Baix Llobregat, que ayer abrió puertas en Sant Joan Despí y que la Sindicatura de Cuentas analiza en su último informe. A juicio del fiscalizador de las instituciones públicas catalanas, la construcción del centro ha tenido un sobrecoste irregular que alcanza los 15 millones de euros. De entrada, la Sindicatura de Cuentas denuncia que el proyecto ejecutivo del centro fue encargado -y pagado- dos veces al mismo estudio de arquitectos y que no hay constancia de que la primera vez se recibiera ningún documento.
El informe que ayer registró la Sindicatura en el Parlament se centra en la gestión del Consorcio Sanitario Integral, gestor, entre otras instalaciones, del Moisés Broggi. Este consorcio es de capital público con una participación minoritaria de la Cruz Roja y en 2007, año que ahora se fiscaliza, su consejo rector estaba presidido por el ex alcalde de L'Hospitalet y hoy ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.
- Contratos duplicados. El proyecto ejecutivo fue encargado dos veces. La primera, por importe de 665.000 euros, al despacho Brullet Pineda Arquitectos, "se hizo sin seguir los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas", según la Sindicatura. Debía entregarse el 15 de febrero de 2005, pero según el fiscalizador "no se ha facilitado la documentación que justifique el cumplimiento contractual". Lo que sí consta es que dos años más tarde, en enero de 2007, se adjudicó al mismo despacho, también "sin ningún proceso de contratación", otro contrato de proyecto ejecutivo para el mismo hospital, esta vez por valor de 1,2 millones de euros. La redacción de este segundo proyecto implicó un retraso de ocho meses y, pese a que el contrato lo permitía, no se penalizó a los arquitectos.
- Sobrecoste injustificado. El contrato inicial para la construcción del centro, firmado en 2005, superaba en 7,4 millones el importe del precio de adjudicación, algo que la Sindicatura denuncia por incumplir la ley de contratos públicos. A esta cifra se debe sumar otro desvío injustificado. Con fecha de 21 de diciembre de 2006, la empresa pública que promueve el hospital firmó un nuevo contrato en el que se volvió a modificar el precio del anterior en 6,9 millones de euros. La Sindicatura recuerda que este incremento no está justificado porque "no se corresponde con un incremento de la superficie construida". Apenas dos meses después, en febrero de 2007, se firmó un tercer contrato en el que se suprimieron partidas de construcción de obra para incorporar el importe de la redacción de un nuevo proyecto ejecutivo por valor de 1,2 millones y honorarios de dirección de obra por 68.000 euros. El hospital, sin contar los equipamientos internos, acabó costando 87 millones de euros, unos 15 más de lo previsto. Sin embargo, fuentes del sector sostienen que en obra pública son frecuentes los desvíos de hasta el 20%.
- Intereses de demora. Las sucesivas modificaciones del proyecto y los retrasos de las obras obligaron a posponer la inauguración.
También se tuvo que alterar la cláusula de pago de la obra y se modificó el régimen financiero de cálculo de los intereses de demora que implicaba un incremento del gasto de 3,1 millones de euros. Este cambio también tiene claroscuros a juicio de la Sindicatura, ya que se habría vulnerado la ley de libre concurrencia al no haber dado entrada a otras empresas que podrían haber ofertado mejores condiciones.
- Venta del banco de sangre. El Consorcio Sanitario Integral (CSI) también es acusado por la Sindicatura de haber vendido de forma irregular su banco de sangre. La operación se realizó en 2006 y comportó un beneficio de 3,2 millones. El problema, según el fiscalizador, es que dentro de los bienes transferidos se incluyeron los que la Cruz Roja Española cedió en uso para la constitución del Consorcio de la Cruz Roja de Cataluña. Estos bienes, recuerda la Sindicatura, "no eran propiedad del CSI; para poder venderlos, antes debería haberse tenido que formalizar su cambio de propiedad".
El director general del consorcio, Santiago Nofuentes, negó ayer cualquier irregularidad en la gestión de las obras del hospital. "Todo fue aprobado por el Departamento de Salud", aseguró a EL PAÍS. Sobre la duplicidad en el proyecto ejecutivo, Nofuentes aseguró que el primer proyecto fue entregado pero se decidió hacer un segundo proyecto por la decisión de "ampliar el hospital". A este mismo hecho atribuyó el sobrecoste de la obra. Sobre el banco de sangre, Nofuentes aseguró que el dinero ingresado responde a una compensación de la Generalitat por dejar de prestar el servicio y centralizarlo en el Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña. "Hemos alegado ante la Sindicatura y garantizo que todo ha sido legal". Cruz Roja y los arquitectos Brullet Pineda declinaron ayer hacer declaraciones.
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