El decreto, publicado ayer en el Boletín Oficial, fue firmado por la presidenta, Cristina Fernández, y los ministros de Justicia y Seguridad, Julio Alak y de Defensa, Nilda Garré, respectivamente.
La medida determina la apertura de "toda aquella información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas" entre 1976 y 1983, salvo la relativa al "conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal".
El decreto, que lleva el número 4/2010, responde a solicitudes del Juzgado Federal número 1, en relación a una causa sobre el campo de detención clandestina llamado "La Cacha", de La Plata.
La medida, agrega el texto, también se vincula con la reapertura de varias causas por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura, posibilitada por la anulación de las leyes de impunidad (Obediencia Debida y Punto Final) durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007).
La reapertura de causas requiere "una gran cantidad de información y documentación relacionada con el accionar de las Fuerzas Armadas", precisó el decreto.
Actualmente están en curso, entre otros, los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y en los centros de desaparición y exterminio llamados Atlético, Banco y Olimpo
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