El primer ministro italiano anunció que espera aprobar antes de que acabe el año una "gran reforma fiscal" que "modernizará el país" y "simplificará las declaraciones de renta". La novedad, que ya prometió en la campaña de 1994, consiste en reducir los tramos del IRPF de los cinco actuales a dos, fijándolos en el 23% y el 33%. "Así evitaremos que los italianos tengan que contratar a contables para hacer la declaración", informó. La oposición advirtió que la medida, al no ser progresiva y bajar 12 puntos la cuota más alta, favorecerá sólo a los más ricos, y calculó que costaría al erario público entre 20.000 millones y 30.000 millones de euros.
Tras casi un mes de reposo, Berlusconi apareció sonriente en la puerta del palacio Grazioli y declaró abierta la larga campaña electoral para las regionales de marzo. "Haremos una gran campaña", dijo a sus seguidores del Pueblo de la Libertad.
El magnate, de 73 años, ha aprovechado la onda de solidaridad generada por la agresión -su popularidad subió en diciembre hasta el 56% desde el 47%- para presentarse como líder de un imbatible "partido del amor", y ha invitado a la oposición a demostrar que no le odia consensuando "las reformas que el país necesita".
La picardía ha dejado más titubeante si cabe al Partido Democrático, que tras semanas de dudas hizo saber ayer que no negociará ninguna reforma si no es "genuina". "Si el Gobierno avanza con la cabeza baja elaborando leyes a medida no habrá diálogo", afirmó su líder, Pierluigi Bersani. "El amor se hace entre dos".
Antes de almorzar con el ministro de Justicia, Angelino Alfano, sus colaboradores y sus abogados, Berlusconi dejó otro chiste, esta vez en latín: "Me indigna cuando dicen que aprobamos leyes ad personam; sólo queremos leyes ad libertatem".
La realidad es que su equipo ha ultimado ya el paquete legal que busca resolver sus migrañas judiciales combinando dos aspectos: su propia inmunidad y la de todos los demás parlamentarios.
Berlusconi debe afrontar dos procesos reabiertos en octubre pasado, cuando el Tribunal Constitucional tumbó el Laudo Alfano: el caso Mills, en el que él está acusado de corromper al abogado David Mills -que ya ha sido condenado- para que testificara a su favor, y el caso Mediaset, donde se enfrenta a acusaciones de fraude fiscal en la compraventa de derechos de televisión.
Hoy mismo, el Gobierno presentará en el Parlamento la ley que recorta la duración de los procesos. Anunciada como ley del proceso breve, otros la llaman "del proceso muerto" porque dejará extintos miles de juicios, sobre todo los de delitos de cuello blanco. La norma establecerá un límite máximo de seis años para las tres instancias: primer grado, apelación y casación.
Una segunda ley, esperada también para esta semana, contribuirá a la calma de Berlusconi incorporando al ordenamiento vigente la noción del legítimo impedimento, sugerida por el Tribunal Constitucional en su fallo de octubre. El concepto significa que los altos cargos del Estado, para desarrollar su trabajo con serenidad, pueden fijar las fechas de sus vistas penales a conveniencia.
La tercera medida cocinada por el Pueblo de la Libertad es el regreso de la inmunidad parlamentaria, que fue abolida por el Parlamento a principios de los años noventa.
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