Esclavitud en USA

Miles de empleadas del hogar viven hoy casi de la misma manera que los esclavos africanos que 'trabajaban' en las plantaciones de algodón del sur de Estados Unidos. Por primera vez, un jurado norteamericano ha declarado a favor de dos mujeres peruanas que sufrían "abusos basados en el procedimiento legal de contratación".
Hace más de tres años la peruana María Onelia Maco Castro, de 53 años, abandonó su país para labrarse un futuro mejor. "En dos días estaba de camino a Estados Unidos para trabajar en la casa de la familia Hoyle. El señor me dijo que me pagaría siete dólares por hora trabajada, me haría un seguro médico y cumpliría un horario de ocho horas al día, 40 a la semana. Por cuidar de la niña de la pareja percibiría 1.200 dólares (unos 820 euros al mes). Hasta ahí, todo bien".
Ya en el aeropuerto las cosas empezaron a oler mal. "Te voy a pagar 700 dólares mensuales (unos 480 euros)", le dijo el señor Javier Hoyle a María Onelia. "Aún así me parecía perfecto. Lo comparé con el sueldo que ganaba en Perú y era bastante más", manifiesta la peruana.
Horas más tarde, en el lujoso hogar de la familia Hoyle ubicado en Key Biscayne, uno de las zonas más lujosas y exclusivas de Miami, la señora Patricia modificó un poco más las clausulas del contrato: "Tendrás que cocinar, lavar la ropa, planchar y cuidar a la niña; acá se hace de todo". "O.K., señora", contestó la nueva empleada.
Pronto su vida se convirtió en un infierno. Soportaba restricciones de comida, jornadas maratonianas de trabajo que comenzaban a las seis de la mañana y terminaban a la una de la madrugada del día siguiente, y frases del tipo: "Si yo no doy orden tú no puedes comer". O "no me mires así, nunca llevarás la ropa que llevo yo".
La comida estaba restringida. "No podía tomar el desayuno antes que ellos. Un día tomé el desayuno a las nueve de la mañana y ella se levantó y me dijo que estaba incumpliendo el contrato, que tenía que desayunar después de ellos. Tenía hambre. Me dijo: 'Nosotros somos primero y después tú'. Opté por comprarme mi pan, mi leche y mi queso. Patricia me tiró la comida", explica Onelia, tranquila, en el despacho de Florida Immigrant Advocacy Center (FIAC), un bufete de abogados que ayuda a los inmigrantes que llegan a este estado sureño.
"En otra ocasión bajé al 'lobby' y el señor Arturo [un vecino del edificio] me preguntó dónde trabajaba. ¿En la peruana? Espérate lo que se te viene encima. La otra pobre chica que estuvo antes que tú se tuvo que escapar porque bajaba aquí llorando ya que no tenía nada qué comer", recuerda a elmundo.es la peruana, imperturbable.
"La señora me decía que no intentara escaparme porque me denunciaría a inmigración para que me deportaran. Yo tenía miedo, ellos se quedaron con mi pasaporte. Cuando me sacaba de paseo por el parque de Bellevue me aconsejaba que no hablara con las demás 'nanas', que ellas fueron las que metieron ideas malas a Alejandra para que se escapara", manifiesta Onelia.
Alejandra Ramos, de 37 años, la 'nana' que trabajó antes que María Onelia en esa casa, y su compatriota han denunciado a la señora de la casa, Patricia Perales, y a su esposo, Javier Hoyle, por no cumplir con el seguro de salud, por retenerle el pasaporte y por atrasarse continuamente con el pago de su sueldo. Una corte federal de Miami ha hallado culpable a la pareja de Key Biscayne y les obligará a pagar 125.000 dólares, casi 85.000 euros.
Por 500 dólares mensuales (menos de 350 euros), Ramos dormía en lo que una vez fue un clóset del apartamento junto al conducto de la basura y debía cumplir con una extenuante jornada diaria de trabajo que comenzaba a las 6.30 de la mañana y se extendía a la una de la madrugada o quizás más tarde si el matrimonio tenía fiesta en casa, según una declaración judicial.
Una situación frecuente en EEUU
Violación de la ley contra tráfico humano, coacción o abuso del proceso legal para obtener el trabajo de Onelia y de Alejandra, retención del pasaporte con amenazas de arresto y de deportación si trataban de salir de estas condiciones de trabajo. "Lo significativo de este caso es que se revelan detalles de un mundo que no se conoce y en el que cientos de miles de 'nanas' están involucradas", aclara Jennifer Hill, abogada del caso.
"El salario mínimo es la base de los trabajadores de este país, no es mucho dinero, y nos gustaría que se respetase. Cuando alguien no recibe el salario básico deja de tener alojamiento, colegio para los niños, seguro médico, etcétera", añade la letrada. "El robo de salario es muy común aquí, sobre todo entre inmigrantes".
Según el estudio 'Confronting the gloves-Off Economy' ('Quitando los guantes a la Economía'), publicado en julio de 2009, el 95% de las empleadas del hogar que trabajan en Estados Unidos son de raza negra o latina. Los trabajos más habituales que desempeñan son los de cuidado de niños, atención sanitaria y trabajo doméstico.
"Es el primer caso que conocemos donde un jurado ha decidido que había tráfico humano solamente basado en el abuso del proceso legal. Hasta ahora había habido algún elemento de fuerza física. Es un elemento común con las trabajadoras domésticas que tienen un visado de tipo B1 en el que dependen de sus contratantes para vivir. Se debería hacer un registro para controlar a estas trabajadoras, pero nadie lo hace", reconoce la experta judicial, perteneciente al equipo de Erika Deutsch Rotbart.
Sólo hace dos años que se ha creado una organización de trabajadores domésticos para abogar por los salarios mínimos y evitar el tráfico humano. El racismo ha hecho, y hace, estragos en este país. Desde su formación, la mayoría de los trabajadores domésticos y agrícolas eran africanos y latinoamericanos. En 1938 se creó la ley del salario mínimo, pero sólo para unos pocos, para los blancos.