El fiscal Capaldo clausura la investigación y Roma iniciará juicio contra el Plan Cóndor

En Uruguay, hay 33 civiles y militares que pueden ser juzgados en una causa que indaga la muerte o desaparición de 13 ciudadanos ítalo-uruguayos.
La fiscal Mirtha Guianze solicitó a la jueza penal de 6º turno, Fanny Canessa, que haga lugar al pedido de cooperación internacional del fiscal italiano Gianncarlo Capaldo y notifique a 33 militares uruguayos que concluyeron las investigaciones preliminares del Caso Cóndor y deben constituir domicilio en Italia ante el inminente inicio del juicio. Guianze admitió la solicitud del fiscal de Roma pese a que no está establecido en los tratados binacionales, pero entendió que es adecuado prestar la colaboración, "en base a los principios de auxilio interetático que priman en la actualidad y, en especial, por tratarse de una disciplina penal tan sensible como lo son los derechos humanos". El fiscal Capaldo estuvo diez años investigando la coordinación represiva entre las dictaduras militares del cono sur en los años setenta, conocida como Plan Cóndor, de la que fueron víctimas 25 ciudadanos italianos y de la que responsabiliza a 149 militares y gobernantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Entre las víctimas se incluyen los ítalo­uruguayos Daniel Banfi (1974), Gerardo Gatti, María Islas de Zaffaroni, Armando Arnone y Juan Recagno (1976), Andrés Bellizzi, Sara García Ramos, Edmundo Dossetti, Yolanda Casco, Julio D'Elía, Raúl Borelli, Raúl Gámbaro y Héctor Giordano (1977). La investigación de Capaldo, cerrada en octubre de 2006, implica a los ex presidentes Juan María Bordaberry y Gregorio Alvarez, a los ex ministros Juan Carlos Blanco, Walter Ravenna y Adolfo Folle Martínez y a los ex comandantes Raúl Bendahan, Víctor González Ibargoyen, y Francisco Sangurgo. Otros mandos ya habían fallecido. Entre los represores, se acusa a José Arab, Alberto Ballestrino, Carlos Calcagno, Julio Casco, Ricardo Chávez, Manuel Cordero, Ramón Díaz Olivera, Daniel Ferreira, José Gavazzo, Juan Larcebeau, Walter Machado, Pedro Mato, Luis Maurente, Ricardo Medina, Antranig Ohannessian, Iván Paulós, Ernesto Ramas, Nelson Sánchez, José Sande, Jorge Silveira, Ernesto Soca, Jorge Tróccoli y Gilberto Vázquez.

Libres, presos y muertos
En febrero de 2008, Capaldo había solicitado a la jueza Luissana Figliola un pedido de captura y extradición sobre el mismo grupo de civiles y militares uruguayos, pero la solicitud fue rechazada por "vicios formales" ya que había sido enviada a través de Interpol y no por intermedio de la cancillería uruguaya. El reclamo de Capaldo fue modificado ahora, ya que sólo pide que se notifique a los eventuales encausados para que fijen domicilio en Italia, a efectos de recibir allí las notificaciones del proceso judicial que se iniciará una vez finalizada la presente etapa, ya que en Italia existe la posibilidad de realizar los juicios "en ausencia" del acusado. Al admitir el reclamo de la justicia italiana, la fiscal Guianze advirtió que varios de los implicados están procesados en Uruguay, como es el caso de los civiles Bordaberry y Blanco, y los militares Alvarez, Larcebeau, Arab, Gavazzo, Maurente, Ramas, Silveira, y Vázquez, y los policías Medina y Sande. La fiscal también explicó que el soldado Soca cumple arresto preventivo para su extradición a Argentina; al igual que Carlos Calcagno, requerido por Paraguay; mientras que Manuel Cordero está por ser extraditado desde Brasil hacia Argentina; y Juan Antonio Rodríguez Buratti se suicidó. También recuerda que Ohanessian se encuentra detenido en Buenos Aires por el pedido de captura internacional que realizara el propio fiscal Capaldo, mientras que Jorge Tróccoli, cuya extradición fue solicitada por Uruguay, está en Italia, donde debería ser juzgado por los delitos que se le imputan en la Justicia uruguaya.
Varios de los uruguayos indagados por Capaldo fallecieron en los diez años que le llevó realizar la investigación: el general Ballestrino, el brigadier Bendahan, el vicealmirante González Ibargoyen, el coronel aviador Machado, el capitán de navío Sangurgo y los ex ministros Ravenna y Rovira, de quienes se pedirán los certificados de defunción.
Los implicados que aún se encuentran en libertad son los militares Julio Casco, Ricardo Chávez Domínguez, Ramón Díaz Olivera, Daniel Ferreira, Pedro Mato Narbondo, Iván Paulós y Nelson Sánchez, quienes deberán establecer domicilio en Italia, para ser juzgado en ausencia o, próximamente, ser requeridos en extradición.

LAS VICTIMAS
La indagación que durante diez años llevó a cabo el fiscal Giancarlo Capaldo sobre la coordinación represiva del Plan Cóndor refiere a los casos de los ítalo­uruguayos Daniel Alvaro Banfi Baranzano, Gerardo Gatti, María Emilia Islas de Zaffaroni, Armando Bernardo Arnone Hernández, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Andrés Humberto Domingo Bellizzi, Ileana Sara María García Ramos de Dossetti, Edmundo Sabino Dossetti Techeira, Yolanda Iris Casco Ghelpi de D'Elía, Julio César D'Elía Pallares, Raúl Edgardo Borelli Cattáneo, Raúl Gambaro Núñez, Héctor Orlando Giordano Corazzo, y los ítalo­argentinos Guillermo Tamburini, María Cecilia Magnet Ferrero, Luis Faustino Stamponi Corinaldesi, Mafalda Corinaldesi de Stamponi, Alejandro José Logoluso Di Martino, Dora Marta Landi Gil, Horacio Domingo Campiglia Pedamonti, Lorenzo Ismael Viñas Gigli, Juan José Montiglio Murua, Omar Roberto Venturelli Lionelli, Jaime Patricio Donato Avendaño, Juan Bosco Maino Canales.