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lunes, 10 de septiembre de 2012

Bolivia mantiene esfuerzos para extraditar a Sánchez de Lozada

La Paz, 10 sep (PL) El gobierno boliviano analizará hoy las vías a seguir para lograr la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, ante la negativa de Estados Unidos al pedido realizado desde 2007.

Un equipo conformado por varias autoridades valorará la posibilidad de solicitar al Departamento de Estado estadounidense la revisión de su decisión o llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

Vamos a agotar todas las instancias que reconoce el derecho internacional público, aseguró el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

El viernes pasado se conoció la decisión de rechazar la extradición de Sánchez de Lozada, y de los exministros Carlos Sánchez Berzaín (Defensa) y Jorge Berindoague (Hidrocarburos), radicados en Estados Unidos y acusados en Bolivia por el genocidio de 67 personas en 2003. La negativa norteamericana se basa en que la evidencia presentada en ese país no cumple el alto estándar probatorio y no sería suficiente para ir a una corte estadounidense; además, asegura que un funcionario civil (en este caso los acusados) no son penalmente responsables por las muertes causadas por los militares.

En octubre de 2003 la acción militar ordenada por el gobierno de Sánchez de Lozada para aplacar un descontento social que exigía su dimisión, dejó un saldo de 67 víctimas y más de 400 heridos, después de estos hechos renunció al cargo y huyó a Estados Unidos.

Romero cuestionó el rechazo norteamericano a la extradición porque está forzando elementos jurídicos.

Es un tema jurídico, no debería ser un asunto político, aunque lamentamos que tenga esos vicios y debería ser jurídico también en los Estados Unidos, explicó el vicecanciller boliviano, Juan Carlos Alurralde.

Nacido en Bolivia pero residente en Estados Unidos, Sánchez de Lozada, gobernó el país entre 1993 y 1997 y volvió al poder en el 2002, pero se refugió en Washington cuando renunció a su cargo en medio de una insurrección popular en octubre de 2003.

Los premios Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú y el argentino Adolfo Pérez Esquivel, criticaron el pasado sábado a Estados Unidos por proteger a Sánchez de Lozada.

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