México, 24 ago (PL) A un año hoy de la masacre de 72 indocumentados en San Fernando, Tamaulipas, organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen su repudio por este hecho.
El Tribunal de los Pueblos en Movimiento, agrupación de activistas y sacerdotes defensores de los derechos de los migrantes, pidió clasificarlo como un crimen genocida y de Estado.
Igualmente continúan cuestionando a los tres niveles de gobierno por esos actos, por los cuales hasta ahora nadie ha sido formalmente sancionado, según mensaje que comenzaron a circular desde este miércoles.
Al mismo reclamo se unieron la Universidad Autónoma de México y representantes de varias casas de migrantes, Organizaciones No Gubernamentales y organismos de la sociedad civil del país.
"No permitiremos que este crimen masivo de lesa humanidad se sume a otros donde ha prevalecido la impunidad y la indiferencia", abunda el comunicado, con motivo del primer año de estos sucesos.
Este consideró que la masacre, en la cual hubo víctimas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Brasil, fue el resultado predecible y prevenible de erróneas políticas migratorias y de seguridad del Estado mexicano.
El coordinador de la Pastoral de Movilidad en el sureste mexicano, el sacerdote Alejandro Solalinde, reclamó a los católicos por permitir este tipo de situaciones.
También reiteró su exigencia de suprimir el Instituto Nacional de Migración, al considerar que es "una sucursal de Los Zetas".
A un año del crimen, aún quedan 13 restos de San Fernando sin identificar, y los activistas piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la aplicación de medidas cautelares para evitar que se repita otra masacre.
Según el subsecretario de Población, Migración y Asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación, René Zenteno, más de 81 personas se detuvieron por este acto, al igual que los tres autores intelectuales y materiales.
El Tribunal de los Pueblos en Movimiento, agrupación de activistas y sacerdotes defensores de los derechos de los migrantes, pidió clasificarlo como un crimen genocida y de Estado.
Igualmente continúan cuestionando a los tres niveles de gobierno por esos actos, por los cuales hasta ahora nadie ha sido formalmente sancionado, según mensaje que comenzaron a circular desde este miércoles.
Al mismo reclamo se unieron la Universidad Autónoma de México y representantes de varias casas de migrantes, Organizaciones No Gubernamentales y organismos de la sociedad civil del país.
"No permitiremos que este crimen masivo de lesa humanidad se sume a otros donde ha prevalecido la impunidad y la indiferencia", abunda el comunicado, con motivo del primer año de estos sucesos.
Este consideró que la masacre, en la cual hubo víctimas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Brasil, fue el resultado predecible y prevenible de erróneas políticas migratorias y de seguridad del Estado mexicano.
El coordinador de la Pastoral de Movilidad en el sureste mexicano, el sacerdote Alejandro Solalinde, reclamó a los católicos por permitir este tipo de situaciones.
También reiteró su exigencia de suprimir el Instituto Nacional de Migración, al considerar que es "una sucursal de Los Zetas".
A un año del crimen, aún quedan 13 restos de San Fernando sin identificar, y los activistas piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la aplicación de medidas cautelares para evitar que se repita otra masacre.
Según el subsecretario de Población, Migración y Asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación, René Zenteno, más de 81 personas se detuvieron por este acto, al igual que los tres autores intelectuales y materiales.
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