El presidente del Tribunal de Sentencia, Ángel Irusta, explicó que el general Juan Véliz, detenido en el penal de San Roque, de la ciudad de Sucre, fue quien solicitó la suspensión.
El tribunal habilitará, para la continuación del juicio, los días que sean necesarios de la vacación judicial de la Corte Suprema de Justicia de la nación y de ser pertinente los sábados y domingos también, manifestó antes Irusta.
El 17 de octubre de 2003, miles de vecinos de la ciudad de El Alto bloquearon el paso de combustibles a La Paz en rechazo a políticas de Sánchez de Lozada, como las de exportar gas a Estados Unidos por un puerto de Chile, a cuyo país Bolivia reclama una salida soberana al mar, perdida en 1879.
El exmandatario envió a militares a acabar con las protestas, lo cual derivó en 68 muertes y más de 400 heridos.
La revuelta obligó a Sánchez de Lozada a renunciar y huir del país para refugiarse en Estados Unidos, seguido de Carlos Sánchez, ex ministro de Defensa; y Jorge Berindoague, titular de Hidrocarburos.
Mientras,la Fiscalía General, ante el conocimiento del reciente fallecimiento del exministro de Gobierno Yerko Kukoc, otro imputado, aseguró que no afectará ni influirá en absoluto a la prosecución del juicio por la masacre de octubre de 2003.
Por su parte, familiares de las víctimas de la masacre conocida en Bolivia como "octubre negro" (2003) condenaron maniobras para dilatar el juicio a los responsables.
Según Juan Quispe, presidente de la Asociación de los Familiares de las Víctimas de Octubre, se trata de una confabulación hasta tanta la Corte Suprema se disuelva y dé paso al Tribunal Supremo de Justicia, cuyas elecciones están previstas en octubre de este año.
Los familiares instalaron una vigilia en las puertas de la actual Corte Suprema, en la ciudad de Sucre, precisó Quispe, y de esa manera evitarán nuevos testigos que solo frenan deliberadamente el proceso.
Quispe explicó que la maniobra más reciente se relaciona con el exjefe del Ejército en 2003, general retirado, Juan Véliz Herrera, imputado en el juicio, que se declaró enfermo para no presentarse a las audiencias que se suspendieron hace más de 15 días.
Señaló que no sólo hay jueces corruptos, sino también médicos que dilatan la justicia, al asegurar que hay certificados que aseguran que Véliz está recuperado.
Al respecto, pidió que el Tribunal de Sentencia se mantenga firme y no se preste a más suspensiones sobre la base de cualquier argumento.
Sobre este vaso, el fiscal Milton Mendoza, dijo recientemente que los tres exministros bolivianos, imputados pero refugiados en Perú, podrían ser extraditados por el cambio de gobierno cuando juramente el presidente electo Ollanta Humala.
Recordó que Mirtha Quevedo (Participación Popular), Javier Torres Goitia (Salud) y Jorge Torres Obleas (Hacienda), están acusados de genocidio, al igual que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y otros miembros de esa administración por la muerte de más de 60 personas durante la represión militar de octubre de 2003.
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