Conforme se agudizan las desigualdades sociales, miles de ciudadanos, en su mayoría jóvenes, han tenido que buscar formas alternativas para acceder a los bienes materiales y de servicios, que la economía de mercado y el gobierno no han logrado ofrecerles.
Bajo esta tónica, en el primer decenio del siglo XXI hemos sido testigos de la manera en que las expectativas del bono demográfico se han transformado en el bono de la violencia, y la desesperanza, para una generación que ha crecido en un país gobernado por la derecha que ha sido incapaz de ofrecerle las mejores condiciones para su adecuado desarrollo.
No por casualidad, las cárceles y las notas rojas de los medios de comunicación se encuentran plagadas de jóvenes. De jóvenes asaltantes, asesinos, de jóvenes vinculados con actividades ilícitas de distinto índole.
A la par de esta situación que se encuentran viviendo los jóvenes, se ha desatado una violencia de género, afectando de manera grave las condiciones, subjetivas y objetivas, de seguridad de las mujeres.
Otros dos relevantes grupos sociales, que se encuentran expuestos a la violencia estructural, son los niños y la gente de la tercera edad.
A esta lista de afectados de la violencia, generada por las desigualdades sociales, la discriminación y el racismo, hay que incluir a los grupos étnicos, a las personas con capacidades diferentes, a los migrantes, y a los grupos sociales y culturales que no forman parte del imaginario hegemónico recreado por el Estado y los medios de comunicación.
Desde esta óptica el Estado, y las políticas públicas (aparato de gobierno), tienen una alta responsabilidad en la falta de estrategias para revertir estas condiciones de violencia.
Esta falta de estrategias, hay que interpretarlas como el desinterés político de Felipe Calderón en atender los problemas que enfrenta la población.
En cambio, el segundo gobierno del PAN, se encuentra apostándole a justificar sus acciones en la propaganda. Esto se desprende a partir de identificar las dos principales funciones de la propaganda la cuales son “la función reguladora y organizacional. La propaganda en su función social-reguladora se esfuerza por producir y consolidar la identidad de grupo. Lo hace al negar o eliminar las contradicciones internas y enfatizar la amenaza externa. A través de esta polarización y oposición radical, a un miembro del grupo se le presenta la opción de desear lo que es bueno y está de acuerdo con los objetivos del grupo, o entrar en el territorio enemigo.” “En su función organizacional, la propaganda persigue el propósito de adaptar de manera permanente la visión del mundo a nuevas demandas situacionales, o al revés, de asimilar los fenómenos frecuentemente a partir de (cambiar) su interpretación dentro de esta visión del mundo.” (El discurso de lo cotidiano y el sentido común: la teoría de las representaciones sociales. Wolfang Wagner y Nicky Hayes. Ed. Fátima Flores. Anthropos. 2011)
De lo anterior se deriva la insistencia de Calderón en atacar esas contradicciones internas que cuestionan su falta de legitimidad en el poder. Su insistencia en colocarnos en un escenario discursivo de guerra; articulado a la construcción política de un enemigo “la criminalidad” cuyo uso semántico es parecido a la presencia de un ejército instalado en territorio nacional.
Lamentablemente esta imposición de una visión del mundo, que le atribuye, por ejemplo, al narcotráfico, la causa de los males que enfrenta el país, no permite incluir en las políticas públicas las distintas propuestas que surgen de la sociedad civil en su exigencia de una Paz con Justicia Social.
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