El ex agente de la SIDE de Argentina, Iván Velázquez, fue condenado por la Justicia uruguaya por diversos delitos cometidos en nuestro país. El fallo dispone informar a la Embajada de Argentina en Uruguay sobre sus declaraciones, por cuanto el "hacker" dijo que el material incautado era propiedad del gobierno argentino.
La jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, dispuso la condena del ex director de Contrainteligencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y ex agente de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) de la República Argentina, Iván Velázquez, como responsable de reiterados delitos cometidos en Uruguay.
La magistrada dispuso el enjuiciamiento del ex espía argentino, a una pena de dos años y tres meses de penitenciaría, como "autor de un delito de cohecho simple en reiteración real con un delito de utilización indebida de información privilegiada, y en calidad de coautor de un delito de conocimiento fraudulento de documento secreto". Empero, Velázquez no volverá a prisión por cuanto opera la suspensión condicional de la pena.
Velázquez fue procesado en diciembre de 2008 y enero de 2009 por la hoy jueza Especializada en Crimen Organizado de 1er. Turno, Graciela Gatti, por su participación en diversas actividades ilícitas en Uruguay (entre ellas, el acceso ilegítimo a una base de datos del Ministerio del Interior), hechos por los cuales permaneció en prisión once meses, hasta su excarcelación en noviembre de 2009.
La indagatoria impulsada por la Sede determinó que Velázquez le pagó una coima a un funcionario de Migraciones, para obtener información sobre el ingreso a Uruguay, y los trámites de residencia, de tres ciudadanos argentinos, aparentemente también ex agentes de la SIDE. Velázquez temía que ellos pudieran atentar contra su vida, según declaró.
La profundización de la indagatoria y un allanamiento de su residencia en Montevideo determinó que Velázquez poseía un programa Asepi (Advanced System for E-mail Password Interception), mediante el cual hackeaba cuentas de correo electrónico, expresa el fallo de la jueza Mota. La actuación policial supuso, además, la incautación de una computadora notebook, un adaptador bluetooth, un pen drive, modem, i-phone y celular.
"Pericias técnicas posteriores pudieron comprobar la existencia del programa de interceptación de correos y numerosas direcciones electrónicas con sus correspondientes claves pertenecientes a personalidades y políticos de Argentina, Chile y de Uruguay, así como de otros países de América Latina", indica la sentencia.
Empero, Velázquez aseguró que la "información -así como la computadora que la contenía- era propiedad del Estado argentino y más concretamente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Argentina, lugar donde trabajó para el gobierno habiendo sido director de contrainteligencia de la referida policía hasta que se negó a realizar tareas encomendadas por considerarlas ilegales, lo que motivó que lo persiguieran y por ello decidió venir con su familia a Uruguay y solicitar refugio", dice el fallo.
El ex agente, incluso, afirmó que la información fue obtenida mediante "tareas de inteligencia ilegales (...) con la finalidad de extorsionar a la clase política argentina, empresarios y periodistas que también estaban interceptados (...) por eventuales actividades ilegales que tuvieran y conocer posibles acciones contra la Argentina". "Yo me llevé este material sin autorización del gobierno argentino, fue como resguardo de mi integridad física, y la de mi familia", declaró Velázquez.
En este sentido, la jueza Mota decidió confiscar los "instrumentos del delito" incautados "teniéndose presente que la computadora, según el enjuiciado, es propiedad del gobierno de la República Argentina así como su contenido, por lo que deberá ponerse en conocimiento dicha circunstancia a fin de que el presunto propietario de la computadora acredite titularidad y en su caso se devuelva bajo recibo". La magistrada ordenó, por tanto, comunicar la sentencia a la Embajada de Argentina en Uruguay, según expresa el fallo.
LA REPUBLICA consultó a altos jerarcas de la sede diplomática de Argentina en Uruguay, los cuales manifestaron su desconocimiento de la sentencia. Las autoridades manifestaron que no existen registros de la misma en la División Jurídica de la Embajada.
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