El derecho a tener una vivienda digna tendrá en la futura Ley de Vivienda del País Vasco una importancia vital. Los ciudadanos con dificultades económicas y con cuatro años de antigüedad en las listas de Etxebide no sólo podrán ejercerlo sino que además podrán reclamar su cumplimiento en los tribunales. Esta es una de las principales novedades que aporta la nueva normativa cuyo borrador ha presentado hoy el consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Iñaki Arriola.
El primer año serán las familias de tres o más miembros y con ingresos menores a 15.000 euros las que puedan ir a juicio a reclamar un piso o en su defecto, una ayuda para poder acceder al mercado libre. A partir del segundo año de la entrada en vigor de la ley ese derecho se ampliará a las familias de dos miembros y menos de 12.000 euros de ingresos y ya el tercer año se incorporan a esta lista las familias de un miembro y que gane menos de 9.000 euros.
"Esta es una ley que nos afecta a todos, a los que tienen vivienda y a los que no. Desarrolla el derecho a la vivienda recogido en la Constitución y pone en orden una amplia y dispersa normativa. Será pionera en el Estado porque es la primera ley autonómica que recoge el derecho subjetivo a la vivienda. Esta es nuestra propuesta pero estamos dispuestos a escuchar y por eso empezamos hoy un proceso participativo en Etxebide, Irekia y las redes sociales Facebook y Twitter", ha indicado Arriola.
El Gobierno vasco quiere además reducir al mínimo el número de viviendas deshabitadas durante más de dos años y por ello la nueva normativa plantea imponer un canon de 10 euros por metro cuadrado útil al propietario que no alegue razones de peso, aunque el objetivo final será el del alquiler forzoso. Y no serán las únicas sanciones. Los adjudicatarios de una VPO que dupliquen durante tres años consecutivos los ingresos máximos se quedarán sin su vivienda.
La rehabilitación es una de las principales apuestas del Ejecutivo autonómico y también se nota en el anteproyecto de ley ya que los propietarios que no conserven sus edificios en buenas condiciones habrán cometido una infracción muy grave y serán sancionados por ello. Además, las comunidades de vecinos podrán sacar adelante proyectos que estaban bloqueados por algún residente porque sólo será necesario que la mitad esté de acuerdo para que puedan llevar a cabo la reforma. La ley podría ser aprobada a mediados de 2012 tras ser debatida en el Parlamento Vasco.
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