La justicia chilena ordenó este jueves retener 900 millones de pesos (1,7 millones de dólares) a la empresa minera San Esteban, dueña del yacimiento San José, en el norte de Chile, donde se encuentran atrapados a 700 metros de profundidad 33 obreros desde el pasado 5 de agosto.
Según fuentes judiciales, una jueza en funciones de la ciudad norteña de Copiapó, Mirta Lagos Pino, ordenó la retención del dinero que correspondería a pagos que la Empresa Nacional de Minería (Enami) debía cancelar a la mencionada empresa.
Con esta determinación, la jueza accedió a la medida preventiva presentada por el abogado Edgardo Reinoso Lundstedt que representa a 26 familias que se encuentran afectadas por el accidente de la empresa minera.
La medida rige, inicialmente, por un plazo de 30 días a la espera de que los solicitantes presenten las demandas judiciales respectivas.
Este jueves se presentó la primera querella en contra de los dueños de la mina San Esteban, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny y los responsables del estatal Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
Tanto Reinoso como su colega Remberto Valdés, que representa también a familiares de los mineros, explicaron a los periodistas que los dueños de la minera San Esteban, propietaria de la mina San José, en la que ocurrió el derrumbe, serán acusados de lesiones y los funcionarios estatales de prevaricación.
Reapertura de la mina
Esto último imputa a los funcionarios del organismo estatal de "haber dictado, en 2008, una resolución injusta que significó la reapertura de la mina San José", que había sido clausurada el año anterior, precisó Valdés.
Según publica este jueves la página electrónica de La Tercera, varias propiedades y sociedades de inversión son parte del patrimonio de los dueños de Minera San Esteban.
Basándose en los datos de Dicom, una base de datos económicos a nivel nacional, el diario afirma que Kemeny tiene dentro de su patrimonio dos propiedades ubicadas en la parte oriente de la capital chilena con un valor de 420 millones de pesos (unos 824.000 dólares).
Además, posee otras tres viviendas, en Santiago, y una en Copiapó, en la zona donde está ubicada la mina siniestrada, a 834 kilómetros al norte de Santiago.
El gerente general de la empresa, Alejandro Bohn, en tanto, no registra propiedades dentro de su patrimonio, pero tiene a su nombre la sociedad Inverbohn, que a inicios de este año hizo un aumento de capital por 642 millones (1,2 millones de dólares), precisó La Tercera.
El ministerio de Minería ha señalado en reiteradas oportunidades que la empresa San Esteban debe responder sus compromisos con sus 140 empleados y también asumir las futuras indemnizaciones que correspondan por el derrumbe de la mina.
El pasado 23 de agosto, el presidente Sebastián Piñera, anunció sanciones para "todos los que tengan responsabilidades" en el accidente de la mina y la creación de la Comisión para la Seguridad en el Trabajo, que elaborará recomendaciones para mejorar las condiciones de los obreros chilenos.
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