Por la vía de la reglamentación de una vieja ley, el gobierno quiere revisar las causas en las que el aborto no es delito. La presentación de una nueva norma de despenalización de la interrupción del embarazo espera un mejor tiempo político.
Mientras el misoprostol sigue corriendo en la venta clandestina en los aledaños del Hospital Pereira Rossell y salen a luz casos que derivan a la Justicia Penal -como el reciente episodio en Pando, que involucró a una menor que incendió un feto de cuatro meses- en el Ministerio de Salud Pública (MSP) se prepara una flexibilización de la norma que prohíbe el aborto y que data de 1938.
A partir de sus vetustos enunciados o de sus imprecisiones, y a la luz de las novedades científicas y tecnológicas disponibles, la reglamentación puede abrir espacios a situaciones que no sean punibles penalmente.
La antigua ley permite el aborto si este es practicado para "eliminar el fruto de la violación", por "causas graves de salud", para "salvar la vida" de la mujer y por "razones de angustia económica". Estas excepciones rigen sólo en los casos en que el aborto fuese realizado por un médico dentro de los tres primeros meses de la concepción.
La intención del MSP es ir más allá de esto y aprovechar los adelantos tecnológicos para anticipar malformaciones congénitas del feto y permitir la interrupción del embarazo si este es "inviable". Además, se pondrá el acento en la salud de la mujer y su posible afectación psiquiátrica ante ciertos embarazos.
"Tenemos la idea de que la vieja ley no contemplaba algunos aspectos; por ejemplo, cuando habla de riesgo de vida. La ley no especifica para quién es el riesgo de vida. Y el riesgo puede ser para la madre o para el hijo", dijo a El País la coordinadora del programa Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública (MSP), Leticia Rieppi. En ese sentido explicó que los ginecólogos no están autorizados a hacer interrupciones por "inviabilidad del embrión" y citó el ejemplo de los bebés "acráneos" que se forman sin masa encefálica. "Eso se tenía que evaluar. Si una malformación congénita es incompatible con la vida o si supone una vida atroz a causa de una deformación con un deterioro intelectual severo y una parálisis de los cuatro miembros", ejemplificó Rieppi, que además es ginecóloga.
"Ahora eso no está contemplado. Tenemos que empezar a reglamentar esas cosas", puntualizó y recordó que en el 1938 ni siquiera había ecografías.
Rieppi explicó que más allá del riesgo de vida para la mujer, la idea es centrarse en la afectación de la salud que ciertos embarazos, como los mencionados, pueden suponer para ella.
"Acá empieza a jugar lo psicológico, cuánto pesa la afectación psiquiátrica de esa mujer embarazada en un medio tan inestable como el nuestro, donde los suicidios han empezado a pulular", señaló.
El decreto está siendo trabajado por el ministro de Salud, Daniel Olesker, en conjunto con Leonel Briozzo, director del Departamento de Programación Estratégica en Salud del MSP. Briozzo dijo a El País que en la próxima semana habrá novedades sobre el tema. "Estamos esperando que se aclare el panorama en el gabinete para salir ya con un decreto concreto", puntualizó.
Otra de las excepciones que la reglamentación quiere "ajustar" es la de los casos de violación. "Siempre se da la discusión sobre el diágnostico de violación. Hay que ajustar el punto", dijo. Explicó que seguramente estas situaciones se resolverán tras una evaluación psicológica que descarte que la mujer sea una fabuladora, explicó Rieppi.
Despenalización. El Frente Amplio no parece dispuesto a reabrir por ahora un debate que lo sacudió -y a la sociedad toda- bajo la administración Vázquez , cuando el ex mandatario vetó la despenalización del aborto y terminó renunciando a su filiación al Partido Socialista enojado con sus críticas por haber usado esa potestad presidencial.
El presidente José Mujica dijo que no vetará una norma similar y el Frente Amplio la incorporó en su plataforma electoral, pero esperará para presentarla el año próximo.
La senadora frenteamplista Mónica Xavier (Partido Socialista) argumentó que ahora el tema del Presupuesto "concentra toda la opinión pública y la energía política y parlamentaria" y aseguró que el 2011 será "el año del debate de estos temas".
Tribunales en cada mutualista
Otro de los aspectos novedosos que el gobierno pretende reglamentar es la instalación, en todas las mutualistas, de tribunales que se expidan sobre los casos excepcionales de aborto. Hasta el momento funciona bajo la órbita del MSP una Comisión de Interrupción de Embarazo que es la que decide en todos los casos. Este tribunal está integrado por dos ginecólogos, una nurse y un abogado. Allí reciben entre 40 y 60 casos por año.
Para la coordinadora del programa Salud Sexual y Reproductiva, Leticia Rieppi, la idea es que las instituciones "no se saquen los problemas de arriba" y tengan sus propios tribunales. Ese ámbito estaría integrado por el director técnico de la mutualista, un ginecólogo y un involucrado en la patología que afecta a la mujer, que puede ser desde un psiquiatra hasta un oncólogo.
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