Los piqueteros de Gualeguaychú levantarán el bloqueo al puente San Martín si la Justicia argentina así lo ordena, pero adelantaron que adoptarán medidas sorpresa que pueden implicar otros piquetes.
Hoy se reunirán en Gualeguaychú las tres asambleas entrerrianas que se oponen a la planta de UPM (ex Botnia) en Fray Bentos, para analizar el futuro del piquete en el kilómetro 28 de la ruta 136 de Entre Ríos, que lleva al puente binacional y que está bloqueado desde noviembre de 2006.
Los delegados de las ciudades de Concordia y Colón analizarán conjuntamente con los de Gualeguaychú el resultado de la cumbre entre los presidentes Cristina Fernández y José Mujica, el miércoles en Anchorena, Colonia, y la acción judicial emprendida por entrerrianos opositores al piquete.
Los activistas entienden que se aproxima un gran empuje del gobierno argentino, respecto a buscar una vía a través de la Justicia para levantar el corte, y sostienen que se trata "de una maniobra para cumplir con lo que ha exigido Uruguay".
El movimiento Ciudadanos Movilizados presentó una demanda en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a fin de terminar con el bloqueo al puente San Martín.
Luis Román, de la Asamblea de Concordia, dejó entrever la posibilidad de que hoy puedan adoptarse "medidas conjuntas", ante la negativa uruguaya de permitir que Argentina inspeccione el interior de la planta de UPM.
"Se va a analizar todo, estamos observando que en lugar de hablar de un conflicto que se inicia a partir de la instalación de Botnia, en un lugar que todo el mundo reconoce como inapropiado, se pone a la cabeza de todo el tema del corte, que es una consecuencia de lo primero", comentó Martín Alazard, médico y uno de los referentes de la Asamblea de Gualeguaychú.
Aseguró además que "existe contaminación transfronteriza y por lo tanto afecta nuestra soberanía".
Alazard recordó que los estudios presentados ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por parte de la defensa argentina, "son muy preocupantes como para que finalmente todo quede en agua de borraja".
El fallo de la Corte de La Haya, el 20 de abril, determinó que la planta procesadora de celulosa de UPM no contamina, y encomendó a Argentina y Uruguay a acordar un monitoreo conjunto del río Uruguay. Además, dijo que el gobierno uruguayo incumplió con los estatutos del río al autorizar la construcción de la planta.
Según Alazard, Botnia "ha sido una gran mentira, porque prometió 8.000 puestos de trabajo y Fray Bentos hoy tiene el mayor desempleo del Uruguay. Pero hay algo peor, y es la contaminación que no se ve, pero aspiramos todos los días".
Acatan, pero... Referentes de la Asamblea de Gualeguaychú que sostienen el piquete, anunciaron que acatarán el fallo judicial si ordena levantar el bloqueo, pero en contrapartida adoptarían otras medidas.
"El corte es ilegal, pero recuerden que también fue ilegal la construcción de Botnia. Ahora, ¿de qué manera se defiende la sociedad civil?", se preguntó Alazard. "Vamos a responder por más que quieran levantar el corte por la fuerza. Tendremos que salir de la ruta pero buscaremos medidas alternativas. Nos iremos a otro lugar, se harán cortes sorpresivos o bipolares, pero estén seguros que la lucha continuará", advirtió.
En tanto, el abogado de la asamblea de Gualeguaychú, Osvaldo Fernández, dijo que si un juez resuelve desalojar la ruta hay que "acatar", según publicó la agencia Télam. Si embargo, consultado por El País, Fernández criticó esa nota "porque fue la parte de una entrevista sacada de contexto".
El también abogado y ex intendente Luis Leissa, señaló a la agencia APF, que si un juez "pide el levantamiento del corte, estará criminalizando el derecho a protesta".
RECHAZO. En el piquete no ocultaron la "indignación" que les provocó las declaraciones del canciller Luis Almagro, que se mostró firme en su rechazo al control interno en la planta de UPM por parte de Argentina.
Almagro dijo que no está previsto dentro de la normativa vigente en el Estado que, además de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), tenga competencia un organismo extranjero" y acotó que "es un tema de soberanía" en el que el gobierno se va a "mantener firme".
Alazard entiende que Almagro "hace explotar una bomba, porque está negando lo que firmaron los presidentes" tras la cumbre en Anchorena. Según los piqueteros, ese acuerdo implica el monitoreo dentro de la planta de UPM, además de la calidad de las aguas del río.
Ambos gobiernos establecieron un plazo de dos meses para instrumentar en conjunto el sistema de monitoreo.
El dirigente piquetero entiende que los dichos de Almagro "son como si fuera la respuesta de Botnia puesta en boca del canciller, y deja en el aire el pacto establecido entre los presidentes que dan cumplimiento al fallo de La Haya".
"Que la empresa coloque sus testigos, como quiera, pero pedimos que se cumpla con el estatuto del río Uruguay, que contempla esta posibilidad. Ahora si Botnia se arroga la potestad de no estar incluido en el estatuto del río Uruguay, ya es lo último" expresó el activista.
Polémica entre los abogados
Juan Drable, abogado del grupo Ciudadanos Movilizados, contrario al bloqueo, confía en una pronta resolución del juez federal Gustavo Pimentel que libere la circulación hacia el puente San Martín, y discrepó con su colega, el ex intendente de Gualeguaychú, Luis Leissa, que opinó que levantar el corte supone una criminalización de la protesta. "No veo que impedir una medida ilegal sea criminalizar la protesta. Porque en este caso se está coartando el derecho del resto de los argentinos", dijo Drable.
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