tanto monta monta tanto olga maria a monago como a Carlos Muñoz eso si solo pilla a los del PP costa de nuestros impuestos, amor incondicional por la buxaca de los corruptos

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miércoles, 19 de mayo de 2010

Absuelven al alcalde de Alfarràs de dar papeles irregularmente a extranjeros

La Audiencia Provincial de Lleida ha absuelto al alcalde de Alfarràs (Segrià), Josep Maria Torrelles, del delito de falsedad documental del que se le acusaba por haber acreditado la residencia de inmigrantes en situación irregular en el municipio. El Ministerio Fiscal pedía hasta tres años de cárcel y seis de inhabilitación, además de una multa de 5.500 euros, al considerar que el acusado emitió estos documentos, un total de 149, sin tener pruebas reales de que los extranjeros vivían en el pueblo.

La defensa, por su parte, alegó que Torrelles actuó "de buena fe" y basándose en listas facilitadas por una entidad benéfica que trabajaba con los inmigrantes. El alcalde explicó que en aquel momento, desde mediados de 2006 hasta junio de 2007, la localidad recibió una "avalancha" de inmigrantes en situación irregular que se alojaron en una nave abandonada. A partir de ahí se confeccionó un registro a efectos de asistencia y servicios sociales, que se facilitó a una funcionaria municipal y que sirvió de base para firmar, después, las acreditaciones. Dichos documentos se facilitaban a los inmigrantes tras una reunión con el alcalde y permitían tramitar su regularización.

Una de las claves del juicio ha sido que la acusación no ha podido demostrar en ningún momento que Torrelles recibiera dinero para hacer estos trámites y que nunca obtuvo beneficios por ello. Además, el juez ha estimado que el alcalde no firmaba certificados, es decir, documentos por los que requiriera la autorización de funcionarios como el secretario municipal, sino que se trataba sólo de acreditaciones para las cuales sí le capacita su cargo. Amparándose en la presunción de inocencia, la Audiencia considera pues que Torrelles debe ser absuelto. El fallo se puede recurrir ante el Supremo en un plazo de cinco días.

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