El secretario de Presidencia, Alberto Breccia, aseguró que el gobierno no tiene intención de elaborar un proyecto de ley con el objetivo de beneficiar con prisión domiciliaria a violadores de DDHH mayores de 70 años o que padezcan alguna enfermedad terminal.
Presidente Mujica. Debate sobre prisión domiciliaria a violadores de DDHH mayores de 70 años.
"No hay intenciones, sino declaraciones", aseguró ayer Breccia a LA REPUBLICA tras ser consultado al respecto.
El jerarca, bajo cuya responsabilidad debería encontrarse la eventual redacción de una norma, aseguró que no está trabajando en el asunto y que le consta que tampoco lo está haciendo el prosecretario, Diego Cánepa. Breccia ya había aclarado el 16 de marzo ante una reunión con legisladores del MPP que las expresiones del presidente José Mujica sobre las excarcelaciones se referían a una posición "filosófica y personal" del mandatario, y que el gobierno no estaba manejando la posibilidad de redactar un proyecto de ley al respecto.
Otra fuente consultada explicó que no se trataba de enviar un proyecto de ley sino de "la grandeza de un ser humano sometido a las peores torturas y vejámenes durante 14 años, que al llegar al poder, como Mandela, privilegia la compasión sobre el justo y justiciero castigo".
El origen del debate
El presidente, José Mujica, le transmitió al líder nacionalista y senador Jorge Larrañaga su intención de beneficiar con prisión domiciliaria a aquellos represores y violadores a los Derechos Humanos durante la dictadura; hoy procesados y detenidos en la cárcel de Domingo Arena.
Fue en la oportunidad en que ambos mantuvieron una reunión, antes de la Semana de Turismo, en el edificio de la Torre Ejecutiva. Mujica le había concedido a Larrañaga una entrevista.
Larrañaga comentó a este diario que en aquel momento su respuesta al presidente fue: "Bueno...primero tenemos intenciones de ver el contenido de esas ideas".
El legislador nacionalista entiende que "no hay que cerrarse a absolutamente a nada" y que "estamos dispuestos a analizar esa posibilidad" que por el momento cuenta con el apoyo de algunos pocos dirigentes del Frente Amplio y, por el otro lado, con el visto bueno de toda la oposición. A saber, desde la izquierda, el propio José Mujica, su esposa y senadora Lucía Topolansky y la ex ministra de Defensa, la socialista Azucena Berrutti son los que ven la necesidad de recurrir a beneficios legales para los presos mayores de 70 años o portadores de enfermedades terminales. Los tres y a su tiempo dejaron entrever su negativa a que continúen en prisión "los viejos" en alusión a los ex represores. "Es casi una actitud de revancha" había agregado Berrutti sobre la prisión de los ex militares violadores de los Derechos Humanos.
Larrañaga aseguró anoche a este diario que "primero desearíamos conocer la iniciativa. En lo personal dijo- no me cierro a analizar la posibilidad (porque) antes que decir que ´no`, hay que analizarlo detenidamente".
La génesis de todo este panorama político y jurídico se dio un día equis, a principio del pasado mes de marzo.
Apenas asumidas las nuevas autoridades de este gobierno, el ministro del Interior Eduardo Bonomi solicitó la realización de un mapeo sobre la población carcelaria, a fin de saber con cuantos integrantes se contaba en la población carcelaria en general y cuantos de ello eran mayores de 70 años, entre otros ítem etários.
Bonomi estaba dando entonces los primeros pasos en la ya conocida reforma carcelaria que se ha visto en su implementación, por ejemplo, en los traslados concretados de las presas de la cárcel de la calle Cabildo.
El sondeo arrojó la novedad que entre los presos los mayores de 70 años apenas sobrepasan el par de decenas y que en base a la ley de humanización carcelaria, de esos 20 y pico muy pocos podrían beneficiarse con la prisión domiciliaria debido a la gravedad del delito cometido y que los tiene encarcelados.
Mujica recibió la información del relevamiento hecho por el Ministerio del Interior y algo no le terminaba de cerrar en los números. Allí sobrevino su idea de concederle nuevas herramientas jurídicas a la Justicia para que ésta determine si aplica o no el beneficio de la prisión domiciliaria o la libertad anticipada a los ex militares detenidos por atentado a la Constitución.
Ya hay antecedentes en la materia. El ex dictador Juan María Bordaberry goza de la prisión domiciliaria por razones de salud, desde hace más de un año.
"A mi me gustaría que (Juan María) Bordaberry estuviera preso, en una cárcel, pero las cosas están planteadas así" dijo anoche a este diario la diputada Susana Pereyra, del MPP.
La representante sentenció que "nadie de mi sector político está penando en analizar ninguna ley por la sencilla razón que no existe esa intención política". Sin embargo, implícitamente señaló que "no está en la cabeza de nadie del MPP manejar esa posibilidad".
Asamblea Uruguay es el sector que por el momento no se ha manifestado explícitamente "porque no existe ese proyecto y sobre hipótesis no nos manifestamos" subrayó la diputada de este sector, Daniela Payssé. "Además se preguntó- ¿cuando cambió el contexto jurídico para que exista tal posibilidad?" Aún así, la iniciativa del presidente Mujica ya tiene detractores por un lado y acompañadores por el otro.
Entre los que se encuentran en la segunda de las opciones, los acompañadores, está casi toda la oposición que observa desde su rincón el incipiente debate que se viene registrando en la izquierda.
El senador herrerista Gustavo Penadés señaló compartir la idea "del presidente Mujica y de la ex ministra Azucena Berrutti (aunque) sería bueno que el Frente Amplio cuente sus ideas. Sería una iniciativa de carácter humanitaria que no vemos con desagrado".
El también senador colorado Ope Pasquet comentó su disposición a acompañar una medida "que de soluciones de carácter humanitario (porque) cuando las personas superan cierta edad, las condiciones humanas deben imponerse".
Pasquet recordó que el entonces presidente José Batlle a principios del siglo XX abolió la pena de muerte "no miró nombre ni apellido de los que con esa decisión se iban a beneficiar".
Y agregó: "Mujica se honra proponiendo este tipo de medidas".
El también senador de Vamos Uruguay Germán Coutinho confesó estar "coincidiendo mucho con el presidente Mujica" y destacó la eventual iniciativa jurídica que no debe leerse como que está beneficiando a determinadas personas. Sería una ley que regiría para siempre y no en casos puntuales".
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