Los buscadores de noticias web en Uruguay son una alerta. El 90% de los artículos de todos los periódicos corresponde a hechos relacionados con incautaciones, delitos, encarcelamientos o muertes a causa de la pasta base.
Una de las noticias destacadas en agosto de 2009 fue que en cinco años del anterior gobierno se habían incautado más 7 toneladas de droga, 500 kilos eran de pasta base de Cocaína. El sitio web de la Junta Nacional de Drogas (http://www.infodrogas.gub.uy/) informó el 25 de marzo que "educación, prevención y promoción ocuparán lugar prioritario en la agenda nacional", tal es la idea de generar instancias de este tipo para atacar desde todo el sistema a un problema que para muchos tiene solución con un tratamiento controlado.
El proyecto de ley de Semproni, presentado ayer en el Ateneo y que cuenta con el apoyo de más de mil familiares, apunta a la concreción de un tratamiento controlado por al Justicia, tras la orden de un juez apoyado por un equipo técnico. El proyecto, previo a su presentación y divulgación, generó un cruce de debates mediáticos entre el legislador y los familiares, con el director de la Junta Nacional de Droga (JND), Milton Romani, quien dijo en una entrevista que el proyecto es "una burrada científica".
"Nosotros creemos que fueron palabras no muy afortunadas ya que Romani no había leído el proyecto de Ley", explicaron los familiares, opinión que ratificara la dada por el propio Semproni en el programa "No Toquen Nada" de Océano FM. Para los familiares "el proyecto trascendió desde una perspectiva que nos es correcta, ya que lo que se intenta no es encerrar a todos los adictos compulsivamente, sino que se estudie caso a caso".
Propuestas
El presidente José Mujica había propuesto en la campaña electoral el aislamiento de los adictos a las drogas y últimamente que los adictos realicen el servicio militar. "Romani le contestó que la drogadicción se cura con cansancio", explicaron Serrana De Freitas y Pedro Acosta, dos familiares de adictos que procuran una solución, a partir de propuestas. Los familiares, integrantes de la organización Por la vida, la Libertad y la Seguridad. No a la Pasta Base, nuclean más de un millar de personas desde Internet, y comenzaron uno de los movimientos más grandes de familiares.
Esta agrupación respalda el proyecto de Semproni, entendiendo que "se faculta a un juez a dar la orden de internar a un adicto" y que este juez "estará asesorado por un equipo técnico". El psicólogo José Luis García, quien acompaña a los familiares, explicó que "no todos los casos deben ser aislados". La propuesta es que en primer lugar el aislamiento funcione en los casos en los cuales los adictos sean un riesgo para la sociedad.
Prevención
La responsable del área de Educación de la Junta Nacional de Drogas, psicóloga Ana Castro, presentó en noviembre pasado en el Liceo Nº 10, en el marco de una jornada de debate y divulgación sobre este tema, datos sobre la prevalencia del consumo de drogas en jóvenes. El informe, destacó que prevalece el consumo de drogas legales por encima de las ilegales, pero que "los jóvenes que consumen drogas legales desde muy jóvenes, luego es muy factible que prueben con drogas ilegales". Agregó la especialista que el consumo de sustancias como marihuana, alcohol y tabaco "es legitimado socialmente".
Castro dijo que en el sistema educativo casi no hay consumidores de pasta base, lo que no proyecta una buena perspectiva: "El consumidor no permanece en el sistema". Para los familiares esta es una buena razón para que no se entienda que todos los adictos deben ser internados por una orden judicial. "En primer lugar, vale destacar que hay muchos tipos de adicciones, y que no todas son para que se requiera una internación", destacó el psicólogo García.
La explicación que realizan los familiares, que tuvieron además diferentes instancias de reunión con distintas organizaciones, tales como las "Madres de la Plaza", en apoyo a este proyecto de Ley es que "el caso en el cual se debería aislar es si se presenta una situación de un adicto que haga correr peligro a otras personas". Pusieron como ejemplo "un adicto que le pega a una persona para robarle y comprarle pasta base".
Petitorio de la familia
El agregado que hace este proyecto de ley es la participación de un juez que determine la internación de un adicto. Según los familiares, "esto no significa que el adicto es un delincuente y de hecho el juez que disponga la medida no será un juez penal". El proceso entendido para la Ley en caso de aprobarse apuesta a que sea la propia familia la que solicite la medida a la Justicia. Estamos dando una herramienta que luego se adaptará a los casos particulares", indicó Serrana De Freitas. Explicó que "tengo un hijo adicto y que llegamos a un acuerdo de que comenzara un tratamiento. El mismo se internó y hoy está saliendo". Agregó que de todas formas "le dio una recaída, habría que revisar por qué se dan estas recaídas".
Recaídas
Los entrevistados explicaron que la diferencia del proyecto de ley es que se comienza a revisar particularmente los casos de adicción, viendo a un adicto como a un "enfermo". "Si, por ejemplo, hoy arrestan a un adicto de pasta base por un asalto, producto de su desesperación por conseguir dinero, luego se lo procesa por un delito, pero no hay un tratamiento particular sobre su problemática a raíz del consumo de pasta base".
Apoyo a las familias
En la exposición de motivos del proyecto de ley que fue presentado ayer en el Ateneo de Montevideo se explica que "la presente iniciativa se circunscribe dentro de una necesidad de la sociedad actual y por ende de la insatisfacción jurídica existente ante el tema". Explica que "el legislador no puede ser indiferente frente a los mandatos constitucionales". "Para la realización de una propuesta como la presente, entendimos pertinente la consulta a algunas organizaciones que trabajan en el tema. De hecho, fue visitada la organización Mi Cerro sin drogas y también la organización Por la libertad, la vida y la seguridad. No a la pasta base, de la cual recibimos varios e importantes aportes.
Refiere también que "la adicción es una enfermedad, sobre todo las adicciones a sustancias psicoactivas y dentro de ellas en particular la llamada pasta base, por la distorsión de la realidad que la misma ocasiona, esta última expresión de que hemos preferido utilizar en el proyecto que se presenta, pues la norma jurídica debe tener una vocación de permanencia". Más adelante dice "no podemos pensar en una recuperación del adicto ni de su núcleo familiar y/o afectivo o de referencia si no establecemos mecanismos efectivos de asistencia". Según Serrana de Freitas, José Luis García y Pedro Acosta, "es un aspecto muy importante, ya que se debe tener en cuenta también la recuperación de la familia que sufre de una manera importante".
EL CASO DE CACHO
Por intermedio de fuentes del Ministerio de Desarrollo Social, ubicamos a "Cacho". Vestido de equipo deportivo del club Bohemios, Cacho se pasea por la calle Soriano parando "un día en cada lugar".
Al explicarle algunos aspectos del proyecto de ley, y en particular el punto de la orden judicial para iniciar un tratamiento, explicó: "Está bien, a mí me vienen a buscar dos por tres de algunos lugares (instituciones que atienden a colectivos vulnerables), pero no me gusta que me traten bien". Según el psicólogo García, acompañante de los familiares a favor de la ley, "esta es una conducta típica frente a la pérdida de límites". Cacho dijo: "Prefiero que un día vengan y me encierren a tener que ir yo por las buenas, porque no voy a durar mucho".
DINERO DE INCAUTACIONES
Otro de los reclamos de los familiares es que los recursos obtenidos a partir de la incautación de drogas, sea destinado a la recuperación de adictos, de la familia, entre otros. Dice el artículo noveno: "los recursos provenientes de la incautación de las drogas serán destinados en un límite no inferior al setenta por ciento a las políticas sanitarias sobre adicciones, sin perjuicio de los créditos presupuestarios asignados por el Estado". Dice el proyecto también que "la duración de los tratamientos destinados a desintoxicación, rehabilitación y reinserción de todo adicto, así como de su núcleo familiar y /o afectivo, no tendrán en ningún caso plazos máximos reglamentarios o contractuales y serán de carácter integral".
A su vez, el proyecto de Ley especifica que "todas las instituciones de asistencia médica, públicas o privadas, que brinden cobertura parcial deberán contar con servicios de emergencia adecuados a fin de atender en forma inmediata al adicto". Este aspecto fue atendido tras el pedido de los propios familiares que entienden necesario "que se creen más espacio de atención, para recuperar adictos, ya que en toda la comunidad del país, hay tan sólo 400 páginas".
DERECHOS PAUTADOS
El segundo artículo establece los derechos de los adictos y enumera el derecho a la salud, la integridad física y moral, "el acceso a un tratamiento no discriminatorio en cualquier ámbito, público o privado, sanitario, recreativo, de enseñanza formal o informal, laboral, etc.", así como el derecho a "organizarse en asociaciones representativas de sus intereses, cuyo objeto exclusivo sea la defensa de los mismos".
Adicción igual a enfermedad
El tercer artículo establece que "toda adicción será reputada enfermedad, rigiéndose por las normas laborales y/o estatutarias vigentes al respecto". A continuación, el artículo cuarto establece: "Si se tratase de persona adicta mayor de edad, cuyo consumo revista la calidad de problemático de acuerdo con lo previsto en el artículo 1º de la presente ley, podrá ordenarse la asistencia sanitaria compulsiva del mismo".
Agrega que "la asistencia podrá extenderse hasta la internación inclusive, y tendrán legitimación activa para formular la petición: el Ministerio Público, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, las asociaciones de adictos y/o familiares y/o su núcleo afectivo y/o familiar, o cualquier interesado (empleador, vecino, personal docente o no docente del instituto educativo al que pertenece, etc.)"
Una de las noticias destacadas en agosto de 2009 fue que en cinco años del anterior gobierno se habían incautado más 7 toneladas de droga, 500 kilos eran de pasta base de Cocaína. El sitio web de la Junta Nacional de Drogas (http://www.infodrogas.gub.uy/) informó el 25 de marzo que "educación, prevención y promoción ocuparán lugar prioritario en la agenda nacional", tal es la idea de generar instancias de este tipo para atacar desde todo el sistema a un problema que para muchos tiene solución con un tratamiento controlado.
El proyecto de ley de Semproni, presentado ayer en el Ateneo y que cuenta con el apoyo de más de mil familiares, apunta a la concreción de un tratamiento controlado por al Justicia, tras la orden de un juez apoyado por un equipo técnico. El proyecto, previo a su presentación y divulgación, generó un cruce de debates mediáticos entre el legislador y los familiares, con el director de la Junta Nacional de Droga (JND), Milton Romani, quien dijo en una entrevista que el proyecto es "una burrada científica".
"Nosotros creemos que fueron palabras no muy afortunadas ya que Romani no había leído el proyecto de Ley", explicaron los familiares, opinión que ratificara la dada por el propio Semproni en el programa "No Toquen Nada" de Océano FM. Para los familiares "el proyecto trascendió desde una perspectiva que nos es correcta, ya que lo que se intenta no es encerrar a todos los adictos compulsivamente, sino que se estudie caso a caso".
Propuestas
El presidente José Mujica había propuesto en la campaña electoral el aislamiento de los adictos a las drogas y últimamente que los adictos realicen el servicio militar. "Romani le contestó que la drogadicción se cura con cansancio", explicaron Serrana De Freitas y Pedro Acosta, dos familiares de adictos que procuran una solución, a partir de propuestas. Los familiares, integrantes de la organización Por la vida, la Libertad y la Seguridad. No a la Pasta Base, nuclean más de un millar de personas desde Internet, y comenzaron uno de los movimientos más grandes de familiares.
Esta agrupación respalda el proyecto de Semproni, entendiendo que "se faculta a un juez a dar la orden de internar a un adicto" y que este juez "estará asesorado por un equipo técnico". El psicólogo José Luis García, quien acompaña a los familiares, explicó que "no todos los casos deben ser aislados". La propuesta es que en primer lugar el aislamiento funcione en los casos en los cuales los adictos sean un riesgo para la sociedad.
Prevención
La responsable del área de Educación de la Junta Nacional de Drogas, psicóloga Ana Castro, presentó en noviembre pasado en el Liceo Nº 10, en el marco de una jornada de debate y divulgación sobre este tema, datos sobre la prevalencia del consumo de drogas en jóvenes. El informe, destacó que prevalece el consumo de drogas legales por encima de las ilegales, pero que "los jóvenes que consumen drogas legales desde muy jóvenes, luego es muy factible que prueben con drogas ilegales". Agregó la especialista que el consumo de sustancias como marihuana, alcohol y tabaco "es legitimado socialmente".
Castro dijo que en el sistema educativo casi no hay consumidores de pasta base, lo que no proyecta una buena perspectiva: "El consumidor no permanece en el sistema". Para los familiares esta es una buena razón para que no se entienda que todos los adictos deben ser internados por una orden judicial. "En primer lugar, vale destacar que hay muchos tipos de adicciones, y que no todas son para que se requiera una internación", destacó el psicólogo García.
La explicación que realizan los familiares, que tuvieron además diferentes instancias de reunión con distintas organizaciones, tales como las "Madres de la Plaza", en apoyo a este proyecto de Ley es que "el caso en el cual se debería aislar es si se presenta una situación de un adicto que haga correr peligro a otras personas". Pusieron como ejemplo "un adicto que le pega a una persona para robarle y comprarle pasta base".
Petitorio de la familia
El agregado que hace este proyecto de ley es la participación de un juez que determine la internación de un adicto. Según los familiares, "esto no significa que el adicto es un delincuente y de hecho el juez que disponga la medida no será un juez penal". El proceso entendido para la Ley en caso de aprobarse apuesta a que sea la propia familia la que solicite la medida a la Justicia. Estamos dando una herramienta que luego se adaptará a los casos particulares", indicó Serrana De Freitas. Explicó que "tengo un hijo adicto y que llegamos a un acuerdo de que comenzara un tratamiento. El mismo se internó y hoy está saliendo". Agregó que de todas formas "le dio una recaída, habría que revisar por qué se dan estas recaídas".
Recaídas
Los entrevistados explicaron que la diferencia del proyecto de ley es que se comienza a revisar particularmente los casos de adicción, viendo a un adicto como a un "enfermo". "Si, por ejemplo, hoy arrestan a un adicto de pasta base por un asalto, producto de su desesperación por conseguir dinero, luego se lo procesa por un delito, pero no hay un tratamiento particular sobre su problemática a raíz del consumo de pasta base".
Apoyo a las familias
En la exposición de motivos del proyecto de ley que fue presentado ayer en el Ateneo de Montevideo se explica que "la presente iniciativa se circunscribe dentro de una necesidad de la sociedad actual y por ende de la insatisfacción jurídica existente ante el tema". Explica que "el legislador no puede ser indiferente frente a los mandatos constitucionales". "Para la realización de una propuesta como la presente, entendimos pertinente la consulta a algunas organizaciones que trabajan en el tema. De hecho, fue visitada la organización Mi Cerro sin drogas y también la organización Por la libertad, la vida y la seguridad. No a la pasta base, de la cual recibimos varios e importantes aportes.
Refiere también que "la adicción es una enfermedad, sobre todo las adicciones a sustancias psicoactivas y dentro de ellas en particular la llamada pasta base, por la distorsión de la realidad que la misma ocasiona, esta última expresión de que hemos preferido utilizar en el proyecto que se presenta, pues la norma jurídica debe tener una vocación de permanencia". Más adelante dice "no podemos pensar en una recuperación del adicto ni de su núcleo familiar y/o afectivo o de referencia si no establecemos mecanismos efectivos de asistencia". Según Serrana de Freitas, José Luis García y Pedro Acosta, "es un aspecto muy importante, ya que se debe tener en cuenta también la recuperación de la familia que sufre de una manera importante".
EL CASO DE CACHO
Por intermedio de fuentes del Ministerio de Desarrollo Social, ubicamos a "Cacho". Vestido de equipo deportivo del club Bohemios, Cacho se pasea por la calle Soriano parando "un día en cada lugar".
Al explicarle algunos aspectos del proyecto de ley, y en particular el punto de la orden judicial para iniciar un tratamiento, explicó: "Está bien, a mí me vienen a buscar dos por tres de algunos lugares (instituciones que atienden a colectivos vulnerables), pero no me gusta que me traten bien". Según el psicólogo García, acompañante de los familiares a favor de la ley, "esta es una conducta típica frente a la pérdida de límites". Cacho dijo: "Prefiero que un día vengan y me encierren a tener que ir yo por las buenas, porque no voy a durar mucho".
DINERO DE INCAUTACIONES
Otro de los reclamos de los familiares es que los recursos obtenidos a partir de la incautación de drogas, sea destinado a la recuperación de adictos, de la familia, entre otros. Dice el artículo noveno: "los recursos provenientes de la incautación de las drogas serán destinados en un límite no inferior al setenta por ciento a las políticas sanitarias sobre adicciones, sin perjuicio de los créditos presupuestarios asignados por el Estado". Dice el proyecto también que "la duración de los tratamientos destinados a desintoxicación, rehabilitación y reinserción de todo adicto, así como de su núcleo familiar y /o afectivo, no tendrán en ningún caso plazos máximos reglamentarios o contractuales y serán de carácter integral".
A su vez, el proyecto de Ley especifica que "todas las instituciones de asistencia médica, públicas o privadas, que brinden cobertura parcial deberán contar con servicios de emergencia adecuados a fin de atender en forma inmediata al adicto". Este aspecto fue atendido tras el pedido de los propios familiares que entienden necesario "que se creen más espacio de atención, para recuperar adictos, ya que en toda la comunidad del país, hay tan sólo 400 páginas".
DERECHOS PAUTADOS
El segundo artículo establece los derechos de los adictos y enumera el derecho a la salud, la integridad física y moral, "el acceso a un tratamiento no discriminatorio en cualquier ámbito, público o privado, sanitario, recreativo, de enseñanza formal o informal, laboral, etc.", así como el derecho a "organizarse en asociaciones representativas de sus intereses, cuyo objeto exclusivo sea la defensa de los mismos".
Adicción igual a enfermedad
El tercer artículo establece que "toda adicción será reputada enfermedad, rigiéndose por las normas laborales y/o estatutarias vigentes al respecto". A continuación, el artículo cuarto establece: "Si se tratase de persona adicta mayor de edad, cuyo consumo revista la calidad de problemático de acuerdo con lo previsto en el artículo 1º de la presente ley, podrá ordenarse la asistencia sanitaria compulsiva del mismo".
Agrega que "la asistencia podrá extenderse hasta la internación inclusive, y tendrán legitimación activa para formular la petición: el Ministerio Público, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, las asociaciones de adictos y/o familiares y/o su núcleo afectivo y/o familiar, o cualquier interesado (empleador, vecino, personal docente o no docente del instituto educativo al que pertenece, etc.)"
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