El caso ha caído en el Juzgado número 1 de la Cámara Federal, cuya titular es la magistrada Rolmilda Servini de Cubria, lo que no fue recibido con demasiado entusiasmo por los querellantes. La juez Servini es muy conocida en los ambientes jurídicos y políticos argentinos, y ha tenido que hacer frente en su ya larga carrera a varias demandas contra algunas de sus actuaciones profesionales. Tuvo a su cargo la causa denominada Yomogate, donde se acusaba a la cuñada del presidente Menem de lavar dinero proveniente del narcotráfico, y alcanzó popularidad a principios de los noventa al intentar censurar la sátira de un conocido cómico argentino.
Será ella quien decida si acepta la querella presentada ayer, que parte de los dos hechos relatados pero que implica el reconocimiento de la jurisdicción internacional por parte de la justicia argentina. Los querellantes solicitan que se recaben en España los nombres y domicilios de los miembros de los Gobiernos existentes entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas. La misma solicitud se formula respecto a "mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores generales de Seguridad y dirigentes del partido Falange Española" en ese mismo periodo. Según los abogados que han preparado la demanda, Beinusz Smukler y Ricardo Huñis, la Ley de Amnistía no puede aplicarse a crímenes que pueden ser asimilados a delitos de genocidio o lesa humanidad, como son, en su opinión, los de la dictadura franquista.
En la conferencia de prensa celebrada a última hora de la mañana de ayer (18.00 hora peninsular española), se hizo hincapié en el respeto profesional que provoca en América Latina el juez Baltasar Garzón. "Alguna vez se ha dicho que las acciones del juez Garzón dañaban la imagen de España en América Latina, pero es precisamente lo contrario. Nunca tuvo España mejor imagen en nuestros países que cuando Garzón abrió sus procedimientos contra los dictadores y torturadores de Chile y Argentina. Es ahora cuando esa imagen favorable está sufriendo, cuando se intenta procesar a Garzón por aplicar tratados internacionales que España suscribe", explicó el periodista Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales.
El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presente en el acto, apoyó al juez Garzón y exigió que se continúe la investigación sobre los crímenes cometidos en el franquismo. "No importa que los responsables estén muertos. Lo que importa es la verdad", aseguró a EL PAÍS. "Toda esta movilización pretende llamar la atención sobre la persecución que está sufriendo el juez", añadió en medio de los aplausos de los asistentes. Uno de los abogados firmantes de la querella, Ricardo Huñis, aseguró que ya está recibiendo muchas llamadas no sólo de Argentina sino de otros lugares del mundo, en las que descendientes de españoles asesinados durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra preguntan qué pueden hacer para sumarse a esta iniciativa.
El vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Santiago Macías, expresó su emoción y recordó que el acto coincidía con la fecha de proclamación de la II República. Agradeció a las asociaciones argentinas su defensa del juez Garzón y su voluntad de llevar adelante acciones judiciales contra los crímenes franquistas y solicitó apoyo para lograr que España derogue la Ley de Amnistía. La presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, insistió en la importancia del paso que acaba de darse y recordó la gran acogida que tuvo siempre en España su demanda de justicia para los desaparecidos argentinos.
La nota más emocionante la proporcionó Darío Rivas, de 90 años, hijo del alcalde de Castro de Rei (Lugo) asesinado en 1937, que logró recuperar sus restos en 2005 y que continúa exigiendo justicia. Darío estuvo en el acto, pero fue su sobrina quien leyó un texto en el que se acusa a España de seguir viviendo como en la época de la dictadura y de haber aceptado un pacto de silencio, indigno.
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