Para ceder los datos del padrón debe haber petición previa de otra Administración. Una norma así no se puede hacer alegremente", aseguró ayer Ofelia Tejerina, abogada experta en protección de datos, que especificó que para que la delación sea legal "debe haber una norma que lo especifique, en la que debería quedar muy acotada la finalidad de la cesión". "Tengo muchas dudas de que la decisión de Vic sea legal y constitucional", añadió Laura Díez, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. Para Díez, lo que ha hecho el alcalde de Vic es "ir por delante" de la Ley de Extranjería, que permite a la policía conocer la situación de los inmigrantes a través del padrón. La Agencia Catalana de Protección de Datos también cuestiona que se cumpla la Ley, y lo estudiará si Vic se lo pide.
El Gobierno de la Generalitat no tiene dudas, y ayer proclamó la ilegalidad de la norma del alcalde de Vic. Lo fijó Joaquim Nadal, consejero de Política Territorial, que ayer ejerció de portavoz tras la reunión del Gobierno: "No representa el cumplimiento estricto de la legalidad", dijo al respecto, y afeó a CiU que con la decisión de su alcalde entra "en terreno demagógico, confundiendo a la ciudadanía". También se refirió Oriol Amorós, secretario de inmigración de la Generalitat, que recomendó a Vila d'Abadal "que se asesore jurídicamente" porque incumple la legalidad, y lo argumentó: "Hay tres supuestos en la ley en los que se dice cómo se pueden pasar los datos del padrón al Estado, que los debe pedir". Amorós avisó que la delación sólo hará "que la gente no se empadrone".
El Gobierno central actuará como en enero, cuando Vic anunció que no empadronaría a inmigrantes, y pedirá un dictamen a los servicios jurídicos del Estado. Entonces la medida fue efectiva y el informe negativo estatal hizo dar marcha atrás al alcalde de Vic. María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Gobierno, ya avisó ayer que no comparte la decisión de Vila d'Abadal.
El Gobierno central actuará como si la decisión de Vic no existiese. Lo aclaró ayer Anna Terrón, secretaria de Estado de Inmigración, en una entrevista en RNE: "Las decisiones que hayan tomado los ayuntamientos no van a cambiar la forma de actuar del Gobierno", sentenció Terrón, que alertó al alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal. "El Ayuntamiento de Vic sabrá lo que hace. Antes de la reacción de su alcalde, en este país se cumplían las normas", dijo recordando que en 2009 España expulsó a 38.129 inmigrantes irregulares.
Pese a los avisos de las Administraciones, Vila d'Abadal seguía ayer sin sentirse aludido por las críticas que ha levantado su decisión. Es más, emitió un comunicado en el que reafirmó su intención de delatar frente a la delegación del Gobierno a las personas que se empadronen y no tengan papeles, informa Eva Clota. Vila d'Abadal enmarcó en su decisión a sus socios en la alcaldía de Vic, Partit dels Socialistes y Esquerra, que siguen manteniendo una posición ambigua.
El PSC de Vic se reunió anoche, aunque durante el día siguió asegurando, por una parte, que no estaba a favor de la medida del alcalde, pero insistiendo en que no pensaba romper el pacto de gobierno. Por si el grupo municipal tiene la tentación de apoyar a Vila d'Abadal en su cruzada, Carme Figueras, portavoz adjunta del PSC en el Parlament, declinó aclarar si se romperá el pacto municipal y recordó: "Hemos hablado con nuestros concejales y están de acuerdo en rechazar la propuesta del alcalde".
El PP catalán, que el lunes aseguró que presentará mociones en todos los municipios en los que tiene representación, vio ayer que desde su propio partido se cuestionaba la estrategia. El portavoz del PP en la Comisión de Inmigración del Congreso acusó a Vic de "falsear la realidad", aunque intentó justificar la decisión de la formación en Cataluña.
Protección de datos
- La Ley 15/1999, en su artículo 11.2 establece que sólo se podrán revelar datos del padrón sin consentimiento de la persona interesada "cuando la cesión esté autorizada en una ley"; "cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario el Defensor del Pueblo, el ministerio fiscal, o los jueces o tribunales o el Tribunal de Cuentas", o "cuando la cesión se produzca entre administraciones públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos".
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