El Ayuntamiento de Palma se convertirá en el primero de España en demandar a varias compañías de telefonía móvil, concretamente, a Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel, Carrefour Móvil, Pepephone, Simyo, Más Móvil y RACC Móvil por sus "cláusulas abusivas" que "vulneran los derechos de los consumidores".
Así lo ha anunciado en una rueda de prensa la regidora de Consumo, Joana Maria Borràs, quien explicó que esta misma semana, el Instituto Municipal de Protección del Consumidor enviará una carta a las citadas compañías instándoles a que retiren las cláusulas de permanencia; la imposición de plazos de preaviso para la extinción del contrato y la falta de información sobre los datos de contacto del operador.
Asimismo, se les exigirá que pongan fin a su facultad de inclusión de los clientes en ficheros de 'solvencia patrimonial' o 'morosos'; la caducidad de las tarjetas prepago y la pérdida del saldo de las mismas, mientras que también se les solicitará que depositen los contratos en el Registro General, teniendo en cuenta que sólo Orange lo hace.
Una vez enviadas estas misivas, el Consistorio de Palma dará un plazo de diez días a estas operadoras de telefonía para que "subsanen y retiren estas cláusulas abusivas", de forma que si no lo hacen, se les convocará a un acto de conciliación en sede judicial, con el fin de intentar lograr un acuerdo entre las compañías y la institución municipal.
En caso de que decidan no acudir al acto de conciliación, el Instituto Municipal de Protección del Consumidor demandará entre mayo y junio ante los tribunales a Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel, Carrefour Móvil, Pepephone, Simyo, Más Móvil y RACC Móvil, convirtiéndose así en la primera institución de todo el Estado en personarse directamente contra estas compañías telefónicas.
El gerente del citado Instituto Municipal, Xabier Pascuet, criticó que los contratos de la mayoría de compañías de telefonía móvil "no se ajustan a la legalidad vigente", como la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Baleares.
Asimismo, añadió que la demanda que presentará el Ayuntamiento se fundamentará también en el Real Decreto que aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios; el Real Decreto que aprueba la Carta de los Derechos del Usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas y el Real Decreto que aprueba la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
A la demanda pionera en España se sumarán diferentes organizaciones de consumidores, como Ausbanc, la Federación Palmesana de Asociaciones y Entidades Ciudadanas de Palma (FEPAE) y la Asociación de Consumidores de las Islas Baleares (Acuib), entre otras.
Pascuet detalla que estas denuncias se interpondrán, después de que el Instituto Municipal de Protección del Consumidor haya estado fiscalizando las condiciones generales que las compañías de telefonía móvil tenían en vigor en el mes de octubre de 2009, constatando así la existencia de una serie de "irregularidades", así que podrían vulnerar la normativa, lo que podría determinar la "nulidad" de las cláusulas por "abusivas".
Como ejemplo de ello, ha puesto que los plazos de preaviso de un cliente a su compañía telefónica de la que quiere darse de baja es de sólo dos días, si bien las operadoras imponen un plazo mínimo de 15 días, durante los cuales continúan cobrándoles el uso del móvil, a pesar de que el consumidor ya pertenece a otra empresa.
Dos años para conocer la sentencia
Por su parte, Borràs ha admitido que una vez interpuestas las correspondientes denuncias, los tribunales civiles tardarán un plazo de entre un año y medio o dos en dictar la sentencia y dar o no la razón al Consistorio, si bien remarcó que la decisión judicial no afectará únicamente a los contratos de miles de ciudadanos de Palma, sino de millones de toda España.
La regidora recuerda que el Consistorio puede presentar estas denuncias, gracias a la normativa que entró en vigor en 1998 y que permite a cualquier administración española con competencias en materia de consumo plantear demandas judiciales contra empresas privadas, con el fin de defender los derechos de los ciudadanos.
Por ello, reconoce que le hubiera gustado que este tipo de demandas las hubiese puesto el Instituto Nacional de Consumo, que es el órgano que tiene esta competencia en el Estado, mientras que, por otro lado, afirmó que también desearía que el resto de municipios se sumara a la iniciativa del Consistorio de Palma para lograr una mayor fuerza en los tribunales frente a las empresas de telefonía móvil, de cara a obligarlas a eliminar las prácticas "abusivas".
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