Febriles negociaciones se verifican por estas horas entre el gobierno electo y operadores de los ex socios del ex Banco Comercial que quebró en 2002, a fin de reducir a la mitad el monto de la deuda de unos 160 millones de dólares, producto de un fallo contra el estado uruguayo en 2005.
Ramalazo de 2002. Los bancos buscan cobrar, el gobierno quiere quitas.
Según información en poder de LA REPUBLICA, el gobierno electo está preocupado por la millonaria erogación, cuyo cobro sería exigido por parte de los ex socios de la entidad liquidada.
Al mismo tiempo, según se informó, el gobierno procura lograr importantes quitas a la deuda original y "reducirla a unos 80 millones de dólares". Los contactos entre el gobierno electo y operadores bancarios comenzaron "pocos días atrás" y se producen "al más alto nivel político".
Fuentes cercanas a los demandantes, sin embargo, no confirmaron la existencia de conversaciones en curso y tampoco la posibilidad de que la deuda sea exigible en el corto y mediano plazo.
El fallo de 2005, tras un largo litigio, favoreció a JP Morgan, Crédit Suisse y Dresdner Bank, ex socios del Banco Comercial entonces en poder de los hermanos Rohm.
El tribunal arbitral de Nueva York falló entonces en forma inapelable y unánime contra el Estado uruguayo que debía abonar por concepto de daños y perjuicios 100 millones de dólares, a los que se sumaron otros 20 millones de la misma moneda por honorarios de abogados y gastos de justicia, intereses y costos relacionados con el arbitraje, con una tasa de interés del 9 % anual, aplicable desde el 5 de enero de 2003 hasta la fecha del fallo (2005). No obstante, el monto de la deuda asciende según cifras actualizadas a 2009 a unos 160 millones de dólares. El monto de la erogación ya fue reconocida a nivel del gasto público en el presupuesto quinquenal.
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