Las defensas de los trabajadores de Iberia que en julio de 2006 invadieron las pistas del aeropuerto de El Prat han planteado en el inicio del juicio que la Audiencia de Barcelona no es competente para juzgarlos, al basarse el delito principal de que se les acusa en una ley franquista.
El abogado Rafael Núñez, cuyo bufete defiende a 24 de los 27 trabajadores imputados, ha planteado que la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea por la que se imputa a los presuntos implicados dos delitos de desórdenes públicos es "franquista, preconstitucional y fascista".
Esta tesis, según ha argumentado posteriormente el presidente de la sala de la Audiencia, conlleva que se someta la competencia de su tribunal a análisis y ha reclamado al resto de las partes que se pronunciaran sobre esta cuestión.
Núñez ha planteado entonces la incompetencia de la sala, al igual que los otros abogados defensores, mientras la Fiscalía y las acusaciones de la Abogacía del Estado, de Aena y de la patronal Fomento del Trabajo Nacional han considerado, por el contrario, la competencia del tribunal de la Audiencia barcelonesa para juzgar los hechos ocurridos en El Prat.
En concreto, el abogado del Estado ha considerado que la conducta de los imputados el día de la invasión de las pistas del aeropuerto se ajusta a los artículos 20 y 21 de la Ley Procesal Penal de Navegación Aérea, que no es inconstitucional, a su juicio.
Según ha argumentado el defensor Rafael Núñez, los trabajadores no pueden ser imputados por un delito "claramente inconstitucional como es el de sedición", que se contempla en la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea, que ha tildado también de "fascista", porque niega el derecho fundamental de la libertad de huelga, a su juicio.
Además, esta ley suponía un "plus de dureza" para los trabajadores aeroportuarios, ya que establecía una jurisdicción especial para ellos cuando se promulgó, en el año 1964, en plena dictadura.
El letrado ha 'regañado' incluso en su exposición a los legisladores que, a pesar de instar a la reforma progresiva de la legislación aeroportuaria el año 1986 con otra ley aprobada en el Congreso de los Diputados, no lo han hecho desde entonces.
El debate sobre la inconstitucionalidad o no de la citada ley de navegación aérea del año 1964, en la que se basa fundamentalmente la Fiscalía para pedir las penas de prisión más altas -cuatro años-, ha centrado buena parte del inicio del juicio, que continuará con nuevas cuestiones previas.
El tribunal anunciará el próximo lunes día 8 su resolución sobre estas cuestiones y también su competencia sobre este caso, que ha congregado esta mañana a más de 200 sindicalistas de UGT y CCOO de Cataluña ante las puertas de la Audiencia barcelonesa para apoyar a los 27 acusados, muchos de ellos afiliados a los dos sindicatos.
En su escrito de acusación, la fiscal imputa a los empleados un delito contra el tráfico aéreo, desobediencia grave y resistencia a la autoridad -alternativamente desórdenes públicos- y pide que se condena a 25 de ellos a penas de tres años de cárcel y de cuatro a los dos presuntos cabecillas, sindicalistas de UGT, que alentaron las movilizaciones.
La invasión de las pistas afectó a más de 100.000 pasajeros y a unos 600 vuelos, en pleno inicio de las vacaciones de agosto, lo que comportó que el aeropuerto no recuperara la normalidad hasta pasados varios días.
El juicio que se ha iniciado hoy se debe desarrollar, dada la gran cantidad de acusados, en una sala que habitualmente se utiliza para la celebración de los juicios de jurado, que hoy se ha visto desbordada por un numeroso público que ha asistido a esta primera sesión incluso de pie.
Se prevé que este caso se vea en la Audiencia hasta el próximo día 23, tiempo durante el que deberán declarar los 27 imputados y los testigos, entre los que figura el secretario general de UGT de Cataluña, Josep Maria Álvarez, entre otros sindicalistas y diversos agentes de la Guardia Civil que aquel día intervinieron para despejar las pistas aeroportuarias de trabajadores.
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