Hubo de todo y para todos los gustos. Se aprobó la Rendición de Cuentas por un lado. Por otro, se rechazó el proyecto de ley que apuntaba a establecer la obligatoriedad de ingresos por concurso en las intendencias de todo el país.
Se creó una preinvestigadora para estudiar casos de sobresueldos en el Estado. Se tramitó favorablemente para que las publicaciones de la Corte Electoral sean, de ahora en más, gratuitas. El herrerista Gustavo Borsari anunció un posible tsunami gráficamente más o menos es eso de juicios contra el Estado. Jorge Gandini, de Alianza Nacional, habló y redundó sobre la situación en el Hospital Maciel a manera de adelanto de lo que habrá de verse en la inminente interpelación a la ministra de Salud, que en definitiva se planteará oficialmente hoy a la tarde en este mismo lugar. Y como si todo eso no hubiera sido de por sí suficiente, la diputada frentista Silvana Charlone, emocionada al punto de hablar casi con una lágrima en la garganta, se despidió de todos y de cada uno en sala y anunció que dejará la labor legislativa y política, desechando toda postulación y cargo para el próximo período. Demasiadas emociones para un mismo día en tiempos en que lo emotivo anda errante. Como esto pretende ser una crónica y que como tal tiene que ver con el relato cronológico de determinados sucesos, se advierte que se comenzará por el final de lo ocurrido en esta rama legislativa. Ya era tarde, era noche, y los pocos legisladores que había en sala apuraban sus intervenciones con voces ya algo cascadas y arrugadas por haber debatido apenas algunas horas antes con pasión y largamente la Rendición de Cuentas.
Había llegado el turno de que el Parlamento pusiera a consideración la aprobación de un proyecto de ley que el diputado Eduardo Brenta (Vertiente Artiguista) había introducido como un artículo más en el proyecto general de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.
Este artículo establecía escuetamente que en el futuro las intendencias municipales de todo el país debían convocar a concursos públicos y abiertos de oposición y mérito, cuando no a sorteos, a la hora de contratar sus funcionarios.
"Quiero ver cuántos legisladores hay en sala cuando votemos este proyecto. Espero que estén todos", gritó Brenta en su momento, que sonó como una advertencia y que pocos escucharon. El instante llegó y pasó lo previsible. Pocos legisladores en sala, apenas llegaban a los dos tercios necesarios para aprobar una norma de estas características ya que así lo determina el reglamento de la Cámara. La votación del proyecto resultó negativa: 61 en 66 legisladores presentes. Votaron en contra los 5 herreristas en sala (Alberto Casas, Gustavo Borsari, José Carlos Cardozo, Pablo Abdala y Rodolfo Caram) más el representante suplente por Cerro Largo del diputado de Alianza Nacional, Sergio Botana. A favor lo hicieron 51 del Frente Amplio, 8 de Alianza Nacional, el diputado independiente Iván Posadas y la Lista 15. No había representantes del Foro Batllista ni de Vamos Uruguay. Tras cartón vinieron los argumentos de las posiciones asumidas al momento de votar. "Hemos dado un paso atrás y triunfó el país del acomodo sobre el de la transparencia", fundamentó Brenta. El herrerista Gustavo Borsari dijo que una ley de estas características debería haberse presentado al comienzo de la gestión y no ahora y que por ello no la votó. "¿Somos unos semáforos para andar dando señales (de transparencia)?", se preguntó. El quincista Andrés Oribe pidió la palabra y habló en tercera persona como un futbolista: "la Lista 15, aquí representada, votó a favor el proyecto". Otros que estaban a favor de la ley auguraron que no faltará oportunidad de aprobarla y unos que estaban en contra recomendaron entusiasmar a las juntas departamentales a que aprueben esa obligación legal para que desde el Parlamento no se interceda en la autonomía municipal.
La Cámara tuvo tiempo también para darle trámite a la conformación de una comisión preinvestigadora promovida por el diputado del Partido Nacional por el departamento de Durazno, Juan José Bruno. Este procura que el probable órgano parlamentario (debe votarse efectivamente una comisión si realmente ven méritos para ello) analice la posible acumulación de salarios públicos en el Estado; es decir, personas que ejercen en el ámbito público que revisten en dos dependencias al mismo tiempo. La preinvestigadora estará integrada por los diputados del FA Roberto Conde y Ruben Martínez Huelmo, y por el herrerista José Carlos Cardozo.
Gustavo Borsari fue tremebundo. Y en reiteración real. Más de una vez en sus intervenciones el herrerista advirtió que el próximo gobierno podría estar enfrentando "juicios millonarios contra el Estado" a causa según dijo de malas gestiones de los anteriores directorios del Banco Hipotecario. Los motivos por los que 29 empresas de la construcción (dio nombres y todo) podrían demandar al Estado uruguayo son por la interrupción de varios contratos de obra. "Después de la deuda externa y si estas acciones se confirman por la Justicia, será la deuda más grande del Estado: más de mil millones de dólares".
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