El Servicio de Extranjeros y Fronteras de Portugal (SEF) informó de la detención de 5 personas en este país y otras 13 en España en una operación conjunta con la policía española contra el tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal.
Según el SEF, la operación, denominada "Iberoslava", culminó en la madrugada del pasado jueves día 9 y fue coordinada por el organismo europeo de cooperación judicial Eurojust.
Los 18 detenidos en los dos países están acusados de asociación criminal, tráfico de seres humanos, favorecimiento de la inmigración ilegal, blanqueo de capital y delitos contra la seguridad vial, entre otros.
Según portavoces del SEF, la investigación conjunta supuso el desmantelamiento de un grupo criminal que actuaba en los dos países.
La banda falsificaba carnés de conducir portugueses para utilizarlos en el territorio español y en otros países de la Unión Europea. También falseaban los requisitos legales de reagrupación familiar para tramitar permisos de residencia en Portugal a favor de ciudadanos de Europa del Este que residían de forma irregular en España y que lograban así circular libremente por los países de la Unión Europea.
Esta operación se suma a otra desarrollada esta mañana por la Guardia Civil, en la que ha quedado desarticulada una red que introducía inmigrantes magrebíesde forma ilegal. En esta acción se han detenido a ocho personas en las provincias de Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Toledo y Alicante. Los arrestos se han producido en el marco de la 'Operación Desierto', según ha informado la Benémerita en un comunicado.
La operación se inició el 12 de noviembre del pasado año tras tener conocimiento de la existencia de una red delictiva que se dedicaba a la regularización fraudulenta de ciudadanos magrebíes en el Juzgado de Puertollano.
La red organizada actuaba aprovechando la cobertura legal tras una sentencia que el Tribunal Supremo ha dictado recientemente y por la cual obliga a las instituciones a devolver la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes del año 1979. De este modo, la red obtenía fraudulentamente los requisitos exigidos por esta sentencia para optar a la nacionalidad.
Mediante la investigación llevada a cabo se pudieron establecer las conexiones entre los individuos investigados y su grado de implicación en la red, con una posible estructura estable dedicada a las actividades ilícitas de inmigración ilegal y falsedad documental.
La labor de los miembros de la red consistía en alojar a los inmigrantes en unas viviendas que previamente alquilaban y empadronarlos fraudulentamente en las mismas obligando asimismo a satisfacer una serie de pagos a la organización.
También les acompañaban a los distintos organismos oficiales y les cumplimentaban los formularios. La organización llegó a presentar cada día en el Juzgado de lo Civil de la localidad de Puertollano (Ciudad Real) entre 5 y 15 personas, dejando siempre los mismos teléfonos de contacto y los mismos domicilios.
Los individuos que acuden al Juzgado, lo hacían por separado, acompañados siempre de un “guía”, pero finalmente acababan reuniéndose en los domicilios de la red.
Tras presentar la documentación eran acompañados a distintas entidades bancarias a hacer imposiciones de cantidades en metálico que oscilaban entre los 400 y 600 euros, que era el pago al que los obligaba la red.
Muchos de los magrebíes que seguían este procedimiento, una vez finalizadas las gestiones, se marchaban en autobús a otras localidades de España o regresaban a Marruecos o Argelia.
Se llevaron a cabo 12 registros en los domicilios de la red y de los detenidos, ubicados en las provincias de Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Alicante y Toledo, donde se ha intervenido abundante documentación y material usado en la falsificación de documentos.
Asimismo, en el interior de dichos domicilios se encontraban inmigrantes en situación irregular que han sido detenidos y puestos a disposición del Cuerpo Nacional de Policía, organismo competente en materia de expulsiones.
Según el SEF, la operación, denominada "Iberoslava", culminó en la madrugada del pasado jueves día 9 y fue coordinada por el organismo europeo de cooperación judicial Eurojust.
Los 18 detenidos en los dos países están acusados de asociación criminal, tráfico de seres humanos, favorecimiento de la inmigración ilegal, blanqueo de capital y delitos contra la seguridad vial, entre otros.
Según portavoces del SEF, la investigación conjunta supuso el desmantelamiento de un grupo criminal que actuaba en los dos países.
La banda falsificaba carnés de conducir portugueses para utilizarlos en el territorio español y en otros países de la Unión Europea. También falseaban los requisitos legales de reagrupación familiar para tramitar permisos de residencia en Portugal a favor de ciudadanos de Europa del Este que residían de forma irregular en España y que lograban así circular libremente por los países de la Unión Europea.
Esta operación se suma a otra desarrollada esta mañana por la Guardia Civil, en la que ha quedado desarticulada una red que introducía inmigrantes magrebíesde forma ilegal. En esta acción se han detenido a ocho personas en las provincias de Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Toledo y Alicante. Los arrestos se han producido en el marco de la 'Operación Desierto', según ha informado la Benémerita en un comunicado.
La operación se inició el 12 de noviembre del pasado año tras tener conocimiento de la existencia de una red delictiva que se dedicaba a la regularización fraudulenta de ciudadanos magrebíes en el Juzgado de Puertollano.
La red organizada actuaba aprovechando la cobertura legal tras una sentencia que el Tribunal Supremo ha dictado recientemente y por la cual obliga a las instituciones a devolver la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes del año 1979. De este modo, la red obtenía fraudulentamente los requisitos exigidos por esta sentencia para optar a la nacionalidad.
Mediante la investigación llevada a cabo se pudieron establecer las conexiones entre los individuos investigados y su grado de implicación en la red, con una posible estructura estable dedicada a las actividades ilícitas de inmigración ilegal y falsedad documental.
La labor de los miembros de la red consistía en alojar a los inmigrantes en unas viviendas que previamente alquilaban y empadronarlos fraudulentamente en las mismas obligando asimismo a satisfacer una serie de pagos a la organización.
También les acompañaban a los distintos organismos oficiales y les cumplimentaban los formularios. La organización llegó a presentar cada día en el Juzgado de lo Civil de la localidad de Puertollano (Ciudad Real) entre 5 y 15 personas, dejando siempre los mismos teléfonos de contacto y los mismos domicilios.
Los individuos que acuden al Juzgado, lo hacían por separado, acompañados siempre de un “guía”, pero finalmente acababan reuniéndose en los domicilios de la red.
Tras presentar la documentación eran acompañados a distintas entidades bancarias a hacer imposiciones de cantidades en metálico que oscilaban entre los 400 y 600 euros, que era el pago al que los obligaba la red.
Muchos de los magrebíes que seguían este procedimiento, una vez finalizadas las gestiones, se marchaban en autobús a otras localidades de España o regresaban a Marruecos o Argelia.
Se llevaron a cabo 12 registros en los domicilios de la red y de los detenidos, ubicados en las provincias de Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Alicante y Toledo, donde se ha intervenido abundante documentación y material usado en la falsificación de documentos.
Asimismo, en el interior de dichos domicilios se encontraban inmigrantes en situación irregular que han sido detenidos y puestos a disposición del Cuerpo Nacional de Policía, organismo competente en materia de expulsiones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario