Más pobreza, más severa y crónica, casi veinte familias desahuciadas de su vivienda cada día, más desempleo, incremento de las desigualdades sociales y menos recursos económicos para luchar contra la exclusión social es el balance de un año en el que Cataluña ha entrado en "emergencia social".
Según los últimos datos oficiales, un 20% de los catalanes -uno de cada cinco- vive en el umbral de la pobreza, 3,5 puntos por encima de la media de la Unión Europea, y son las mujeres, con un 21,3%, y los menores de 16 años, con un 23,7%, los colectivos que más están cayendo en el abismo de la exclusión.
Las entidades integradas en la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña han tenido que hacer este año un enorme esfuerzo para atender un alud de solicitudes de ayuda de miles de damnificados por la crisis y los recortes sociales.
En paralelo, este año, por primera vez, el departamento de Bienestar Social y Familia ha reducido su presupuesto, en un 4,6% -un 10% si se cuentan los consorcios en los que participa-, aunque las partidas destinadas a ayudas a las familias han sido las más afectadas por el ajuste, con un 74% de reducción.
La primera medida adoptada por el conseller de Bienestar Social, Josep Lluis Cleries, fue suspender la ayuda universal por hijos menores de 3 años y proponer restricciones a las nuevas ayudas.
La polémica del PIRMI
Fue en agosto cuando la Generalitat decidió cambiar la fórmula de cobro de la Renta Mínima de Inserción (RMI) y hacerlo por cheque en vez de transferencia bancaria con el objetivo, según dijeron, de destapar posibles irregularidades de beneficiarios a los que no les correspondía la ayuda de los escasos 423 euros mensuales.
La decisión, sin comunicación previa, sorprendió no sólo a los beneficiarios sino a las entidades sociales que se vieron desbordadas por la llegada de personas que habían perdido su única y vital fuente de ingresos.
De los poco más de 34.000 personas que cobraban la RMI, un 19% no la volvieron a cobrar después de que la Generalitat decidiera endurecer los requisitos para poder obtenerla.
La administración autonómica también ha reducido los programas de atención a la inmigración (-8,7%), a personas con discapacidad (-1,8%), a protección social (-16,2%), a la infancia y adolescencia (-3,9%), a servicios a la juventud (-11%), de políticas de mujeres (-15,7%) y de servicios a la comunidad (-31,2%).
Por contra, se incrementó un 20,7% el presupuesto destinado a atención a los ancianos con dependencias.
En este contexto de ajustes, las entidades repiten que Cataluña está en "emergencia social" e incluso en una "situación de posguerra" que recuerda a las épocas de la beneficencia.
La Cruz Roja de Cataluña ha repartido este año 45.000 kits de alimentos e higiene a personas necesitadas, un 61% más que el año pasado, mientras Cáritas Diocesana de Barcelona y las 400 parroquias de las tres diócesis metropolitanas han ayudado a 149.000 personas, un 5% más que el año anterior.
El Casal dels Infants, que tendrá que reducir sus ayudas un 15% el año próximo, se ha visto desbordado este año y no ha podido atender a un 40% de los menores que llegaban en busca de ayuda.
La pérdida del empleo y la vivienda, las causas
La pérdida del empleo y de la vivienda son la principal causa de exclusión social. Al aumento del paro, que en Cataluña ya alcanza al 18,1% de su población, con más de 150.000 personas que han agotado la prestación de desempleo este año, se suma el progresivo aumento de desahucios que se ejecutan por impago de alquileres o hipotecas.
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), con la ayuda de los indignados del movimiento 15M, ha logrado paralizar casi un centenar, ya sea mediante la presión enfrentándose a la policía o negociando con los propietarios.
Pero aún así, se han tramitado judicialmente en Cataluña más de 6.000 desahucios, una media de casi 20 diarios.
Como respuesta, el movimiento 15M ha ocupado algunos edificios vacíos propiedad de inmobiliarias y bancos, donde se ha dado albergue a personas desahuciadas, algunas con hijos pequeños.
Para luchar contra esta situación, la Generalitat y las entidades han consensuado un documento de propuestas como embrión para elaborar el Pacto Nacional para la erradicación de la Pobreza.
